Los proyectos de Reforma Laboral, Previsional y Consenso Fiscal ingresaron al Congreso por la madrugada del sábado. El paquete de medidas antiobreras y en beneficio de los empresarios que el Gobierno negoció junto a los gobernadores y la burocracia sindical serán recibidos hoy formalmente por parte de la Dirección de Mesa de Entradas de Proyectos del Senado.
La reforma previsional es un nuevo golpe a los jubilados y pensionados. Se establece el cambio en la forma de calcular los aumentos para jubilaciones y pensiones que se actualizarán con demora y provocarán una pérdida real del poder adquisitivo.
En tanto, la propuesta incorpora la posibilidad de elevar la edad jubilatoria para hombres y mujeres a 70 años.
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Reforma laboral
El proyecto de ley, llamado “de Ordenamiento Laboral”, tiene 130 artículos, y comenzará su análisis en la Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara alta.
Tras la propuesta feroz inicial del Gobierno y luego de las negociaciones con la burocracia sindical Cambiemos tuvo que retroceder en algunos puntos. Sin embargo, el proyecto contiene en su esencia un ataque a las conquistas de los trabajadores y más beneficios para las patronales como la incorporación de las pasantías, ius variandi, el fondo de cese patronal, y la disminución de las indemnizaciones por la exclusión del aguinaldo.
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Entre los principales ejes:
Blanqueo laboral: se condonan las deudas para los empleadores que regularicen la situación de sus trabajadores. Sólo se reconocerá hasta cinco años de aportes para su jubilación.
Se crea la figura para trabajadores autónomos que presten servicios para una persona física o jurídica, de la que dependan económicamente hasta el 80 % de sus ingresos anuales y/o no sea mayor a las 22 horas semanales de dedicación. Se legalizan las relaciones laborales encubiertas.
Tercerización laboral: será posible para el empleador principal en caso de despidos no tener responsabilidad para un conjunto de actividades. La responsabilidad solidaria por subcontratación establece que el empleador principal sólo controlará a la empresa tercerizada y ambas comunicarán al gremio de la modalidad de contrato. No será aplicable a los servicios que se contraten para realizar actividades complementarias de limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, gastronomía, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo, que se realicen en el establecimiento o explotación, ni a servicios de transporte de personas. Se excluyó a informática y transporte de carga.
Ius Variandi: el trabajador puede considerarse despedido si la empresa quiere modificar formas y modalidades del trabajo, pero ello no implicará su reinstalación inmediata en el puesto de trabajo.
Fondo de Cese laboral: se mantiene la propuesta de constituir un fondo común patronal para que despedir sea menos “costoso” para los empresarios. Los empleadores de un sector pagarán una cuota mensual al “Instituto Administrador del Fondo de Cese Laboral”. Cuando el empresario despida, será este ente quién pague al trabajador la indemnización con los fondos de los aportes que realizan las patronales del sector.
Consenso fiscal
El jueves pasado el gobierno nacional y los gobernadores, con excepción de San Luis, firmaron el "Consenso fiscal", que fijó nuevas pautas para el reparto de fondos entre Nación y provincias, y cambiará gravámenes. En el paquete de proyectos que ingresó al Congreso también ingresó el pacto fiscal.
El acuerdo cerró el reclamo de la Provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, así como conflictos por los fondos retraídos de la coparticipación para financiar a ANSES, que en 2015 obtuvieron fallo a favor de la Corte Suprema.
El pacto fiscal incluyó también la modificación de la fórmula de la movilidad jubilatoria que el Gobierno ya presentó en el Congreso. Fondos para las provincias a costa de la miseria de los jubilados y el desfinanciamiento de la Anses.
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Principales ejes del acuerdo:
Las provincias se comprometieron a bajar el impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos por 1,5 % del PBI en los próximos cinco años.
Ley de Responsabilidad Fiscal: las provincias adherirán al proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo, por el cual las provincias conservarán su gasto constante en términos reales durante los próximos años.
Acuerdo por el Fondo del Conurbano: Buenos Aires recibirá $ 40.000 millones en 2018 y $ 65.000 millones en 2019. Retirará la demanda judicial.
Ley de Impuesto a las Ganancias: derogación del artículo 104, que fija que el 10 % de lo recaudado por este impuesto debe ser destinado a Buenos Aires, con un tope de $ 650 millones.
Juicios: todas las provincias (excepto San Luis) se comprometieron a desistir de las demandas, lo que representa un monto de $ 340.000 millones para las provincias y $ 400.000 millones de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano.
Cajas previsionales no transferidas: el Gobierno Nacional financiará los déficit por este concepto.
Ataque a los trabajadores y jubilados
Los proyectos que impulsa el Gobierno desde la reforma laboral, la reforma tributaria, previsional y el pacto fiscal hay que analizarlas de manera conjunta, no se tratan de reformas aisladas, sino que representan un ataque al conjunto de los trabajadores y de los que trabajaron toda una vida hasta poder jubilarse, en beneficio de las patronales.
Una enorme transferencias de recursos a los empresarios, desde la rebaja de impuestos, condonación de deuda, abaratamiento para contrataciones y facilidades para despedir, entre otras. Una variedad de herramientas al servicio del capital con la excusa que eso derramará en la creación de empleo. Algunas de estas medidas se aplicaron en los 90 y no hubo “derrame”, los niveles de desocupación se mantuvieron elevados.
Es necesario que los trabajadores y sectores populares derroten los proyectos antiobreros del Gobierno que la burocracia sindical ya entregó y que la oposición patronal se prepara para votar. | 
