El macrismo, que tiene como una de sus marcas de origen el arreglo con los fondos buitres acatando un fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, que convirtió la deuda externa y a las Lebac en un gran negociado para el capital financiero internacional y que rifa el país a las potencias imperialistas, impulsa en el Congreso un Proyecto de Ley de “Compre Argentino”.
Preferencias
El proyecto plantea como objetivo el incremento de los porcentajes de compras a industrias nacionales en las contrataciones que realiza el Estado Nacional.
Originalmente, el oficialismo había enviado otro proyecto en el mes de mayo. Ese proyecto fue modificado para lograr el apoyo del Frente Renovador y del bloque Justicialista referenciado en Diego Bossio. A lo que se agregó el soporte del Partido Socialista.
Una de los cambios fue el incremento de la preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional producidos por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes): pasó desde un 7 % hasta el 15 % que finalmente contempla el proyecto (en el primer borrador se elevaba al 12 %). Para el caso de grandes empresas, la preferencia nacional se incrementa desde el 5 % hasta el 8 %.
Es decir, el núcleo central de la preferencia se vincula a la elegibilidad de bienes nacionales versus importados, aunque los precios de los primeros sean más elevados: hasta 15 % para MiPyMes y 8 % para grandes empresas.
La preferencia hacia las MiPyMes lejos está de expresar la empatía con el panadero o con el kiosco de la esquina. Esta clasificación es el camuflaje de unidades productivas no tan pequeñas que orbitan alrededor del gran capital.
Dos botones de muestra: Techint es el principal promotor de la Fundación Observatorio Pyme; el Ministerio de Producción reconoce como Pymes a industrias que facturan hasta $ 760 millones anuales.
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El Proyecto de Ley deja expuesto el grado de dependencia de la “industria nacional” de los componentes importados en tanto considera que un bien es de origen nacional “siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.”.
Fiel a su doctrina, el macrismo buscó incrementar el componente extranjero hasta el 50 %, pero finalmente acordó que el porcentaje quede en 40 %, tal como establece el régimen actualmente vigente.
La obra pública tendrá un tratamiento especial, en tanto se establece que “es de origen nacional cuando el 50% de los materiales utilizados en la obra cumplan con el requisito de bienes de origen nacional”. En este segmento actúan los amigos de Mauricio Macri como Nicolás Caputo o el Grupo Iecsa, empresa de la que se desvinculó recientemente el primo del presidente Ángelo Calcaterra.
Los Contratos de Participación Público-Privada constituyen uno de los mayores negocios ofrecidos al capital privado mediante la ejecución de obras públicas en las que el Estado pone los recursos, no hay riesgo para el capital privado a la vez que sus ganancias son garantizadas. La Comisión Bicameral de Seguimiento de esos Contratos tendrá también a su cargo el cumplimiento del “Compre Argentino”.
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El Proyecto de Ley, además, establece la obligación de realizar acuerdos de cooperación productiva cuando sean proveedores extranjeros los beneficiarios de contratos con el Estado. Se les exigirá un “compromiso cierto por parte del adjudicatario de realizar contrataciones de bienes y servicios locales vinculados al contrato objeto de la licitación” por un porcentaje no inferior al 20% del valor de la oferta. Por último, se crea un “Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores” en sectores estratégicos.
Imposturas
Todos los beneficios de este proyecto para la “industria nacional” no pueden disimilar la orientación central del Gobierno: despidos a trabajadores de la central Atucha por decisión del directorio de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA); intento de privatización de Vialidad Nacional; ataque a los becarios del Conicet; planes del Ministerio de Modernización que preparan miles de despidos en INTA, INTI, Enacom, Conea, Fabricaciones Militares, entre otras áreas científicas o industriales.
El Gobierno de Macri ratificó los acuerdos con China establecidos y encuadrados por ley del Congreso por el kirchnerismo. Allí las preferencias son para los bienes importados del país asiático para la construcción de dos centrales atómicas, la compra de trenes e infraestructura para el San Martín y el Belgrano Cargas. Ni siquiera hay licitaciones para obras faraónicas como son las represas hidroeléctricas proyectadas en Santa Cruz.
La verdadera preferencia de Cambiemos es por la entrega al capital imperialista con la “lluvia de inversiones” que no termina de llegar, por el festival del capital financiero, por la explotación de Vaca Muerta y otros recursos naturales por empresas extranjeras, por el dominio de la Patagonia por los Benetton y Joe Lewis y por la apertura externa indiscriminada de productos textiles y electrónicos.
Por su parte, el Frente para la Victoria presentó un dictamen en minoría que amplía las preferencias, garantías y beneficios para la industria nacional y las Pymes, pero carece de un cuestionamiento de fondo al dominio del capital extranjero sobre el país.
Incluso, Marco Lavagna del Frente Renovador, aun apoyando el Proyecto de Ley, puso blanco sobre negro el verdadero impacto de la iniciativa: “hoy tenemos una ley de Compre Nacional que no se está cumpliendo”, afirmó. Nadie sabe como se hará efectiva una normativa que amplía los beneficios incumplidos.
En 2015, según Indec, 311 de las 500 grandes empresas que actúan en el país eran extranjeras, representando el 75 % de la facturación dentro de ese panel. Lo que este proyecto de ley cristaliza es el rol de la “burguesía nacional” como socio menor (muy menor) en el dominio que el capital imperialista ejerce sobre la economía de nuestro país.
El PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores plantea la preferencia en las compras de la administración pública de todos los niveles (nacional, provincial y municipal) a empresas o fábricas recuperadas puestas a producir por sus trabajadores en resguardo de su fuente de trabajo debido al abandono o cierre patronal, tales como los casos de la gráfica MadyGraf (ex Donnelley) que podría imprimir manuales y materiales de estudio para la educación pública, o Fasinpat (ex Zanon) que podría contribuir con cerámicos para la vivienda popular.
El desarrollo de la industria nacional sólo se podrá conquistar con un gobierno de trabajadores que expulse a las empresas imperialistas que expolian el país, expropie al gran capital y establezca la planificación económica en función de las necesidades del pueblo trabajador. | 
