El actual jefe de los fiscales de Mar del Plata integró, durante la dictadura, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (la nefasta Dippba), por lo menos entre los años 1978 a 1982 y es responsable por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona militar IV, delegación DIPPBA San Martín, donde actuaba Fernández Garello.
La audiencia, realizada en la Legislatura bonaerense, fue presidida por la doctora Hilda Kogan de la Corte Suprema de la Pcia de Bs As, y el resto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios fue integrado por los jueces Alicia Cristina Racig, Eduardo Carlos Zimmermann, Horacio Enrique Hernández y Leandro Adolfo Matilla, y los legisladores Juan Pablo Allan-Senador del Pro, Santiago Andres Nardelli-diputado de Cambiemos-, Hernán Ignacio Albisu-senador del Frente Renovador- y Lisandro Emilio Bonelli-diputado de UNA y faltó el legislador del FPV.
A la misma, no obstante la decisión de realizarse a puertas cerradas, asistieron personalidades de Derechos Humanos, como Adolfo Pérez Esquivel, Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, dirigentes de la Asociación Judicial Bonaerense, Víctor De Gennaro, y varias organizaciones de Derechos Humanos y Políticas, en apoyo a la destitución del Fiscal miembro de la patota genocida de San Martín.
Mientras se realizaba la audiencia, se realizó en las puertas de la legislatura una conferencia de prensa y radio abierta explicando la importante denuncia realizada por la CPM.
Carlos “Títín” Moreira, miembro de la Comisión de Familiares y Amigos de Ana María Martínez, y de la dirección nacional del PTS expresó al respecto que “sólo confiamos en la movilización obrera y popular para enjuiciar y castigar a todos los genocidas.
En poco tiempo empieza el juicio a la Ford, con la posibilidad de condenar a los civiles cómplices dueños de esas grandes empresas como Acindar, o Siderca, que tuvieron hasta campos de concentración dentro de sus plantas. Estas grandes empresas fueron los mandantes de los militares genocidas y son los continuadores de ese plan que desapareció y asesino a 30.000 compañeros y llevó y sigue llevando a cabo el plan de ajuste a los trabajadores, con restricciones a los derechos laborales a fuerza de represión y persecución....y que necesitamos enfrentarla con la movilización todos juntos, porque la lucha contra impunidad de ayer debe ser parte de la lucha contra la impunidad y los retrocesos que nos quieren imponer hoy”.
Finalmente, el Tribunal decidió por mayoría archivar la causa, lo que sólo puede interpretarse como un aval a este fiscal formado en lo más siniestro de la Dictadura cívico-militar y otra garantía de impunidad para los genocidas desde el propio Estado, que decide mantener a funcionarios judiciales y policiales en funciones, y otorgar domiciliarias a los pocos genocidas condenados. Resalta el voto de los legisladores de Massa que avalan la política del PRO y de la ausencia del legislador del FpV.
El siguiente paso para enjuiciar y condenar a este genocida será el 13 de diciembre en el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la doctora Arroyo Salgado, quien lo citó a declaración indagatoria. La lucha continúa. |
