Foto: Sindicato Unificado de Trabajadores
El martes 21 de noviembre, más de tres mil trabajadores afiliados al Sindicato Unificado de Trabajadores de SPCC y Anexos (SUT – SPCC) y al Sindicato de Trabajadores de Toquepala y Anexos (STTA), iniciaron la tercera huelga indefinida del año. Ellos exigen que la empresa cumpla con el pago de adelanto del 30% de utilidades 2017; la reincorporación de los trabajadores cesados; rechazo a la instalación de cámaras de vigilancia; contratación de médicos especialistas con carácter permanente y el mejoramiento de los servicios hospitalarios, entre otros.
En el segundo día de la huelga, la policía reprimió brutalmente a los trabajadores y sus esposas que se encontraban en el frontis del local sindical, a la espera del inicio de la asamblea que sirve como espacio de organización de los trabajadores en huelga.
Estos hechos han ocurrido al promediar las siete de la mañana del miércoles 22 de noviembre cuando cientos de policías los desalojaron, lanzando bombas lacrimógenas y perdigones, los cuales también alcanzaron a los escolares del colegio Américo Garibaldi que se encuentra en los alrededores del local sindical. Los policías de manera abusiva procedieron a llevarse las sillas y mochilas de los trabajadores, además han sido detenidos 22 trabajadores, los cuales fueron llevados a una comisaría en las afueras de Ilo. La represión se ha prolongado durante toda la mañana.
Foto:Sindicato Unificado de Trabajadores
Estas demostraciones de brutalidad policial no se justifican desde ningún punto de vista ya que los trabajadores y sus compañeras se encontraban apostados en las afueras de su local sindical de manera pacífica. Cabe mencionar además que los trabajadores realizan su huelga amparados en el derecho democrático a la huelga, el cual les es inalienable.
Acciones como estas ponen de manifiesto que, cuando se trata de exigir el respeto a los derechos de los trabajadores, la policía y las demás instituciones del estado suelen ponerse del lado de los grandes empresarios. Es por esa razón también que el Ministerio de Trabajo hace oídos sordos frente a los despidos de los trabajadores o cuando el Poder Judicial alarga los procesos que siguen los trabajadores en contra de sus empleadores, o no hace nada por sancionar a empresas como la Southern que hasta ahora se niegan a reponer a trabajadores, como Jorge Campos que tiene un fallo judicial a su favor, y que, sin embargo, sigue en condición de despedido.
Urge que los trabajadores de la minería y de otros sectores expresen la más amplia solidaridad con los trabajadores de Southern. Hacemos un llamado también para que se pronuncien las centrales sindicales del país y las organizaciones que promueven los derechos humanos como APRODEH, CNDDHH, IDL, ADEHSUR, entre otras. Exigimos que los 22 compañeros detenidos sean puestos en libertad de manera inmediata, porque la huelga es un derecho constitucionalmente reconocido y es una herramienta que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos y conquistar otros. | 
