Edició català

El recule de la dirección del procesisme es ya un hecho. Las declaraciones de diversos dirigentes del PDeCAT y ERC durante la semana pasada, reconociendo que en ningún caso se dispusieron a defender la república catalana proclamada el 27-O, fueron el adelanto de lo que ahora se plasma en el principio de acuerdo programático de ambas formaciones: se abandona la vía unilateral para ejercer el derecho a la autodeterminación y se regresa a la vía muerta de la negociación con el mismo Estado que acaba de propinar un golpe institucional sin precedentes contra el autogobierno catalán.

Ambas cuestiones son coherentes entre sí. Ambas están sirviendo para extender la idea de que “no se puede”, “es imposible”. Los catalanes deberán seguir esperando a que el PP, el PSOE, Cs y la Corona se “convenzan” de que deben aceptar un referéndum pactado. La misma ilusión, en la acepción de “engaño” del término, que se viene vendiendo desde Podemos, IU y los comunes, como parte de su cada vez mayor integración al Régimen y su apuesta por una reforma superficial desde adentro.

Desde las filas del PDeCAT y ERC se quiere presentar este recule como otra “maniobra magistral”. Se presenta el 21D como un plebiscito impuesto por Europa, y que, en caso de victoria soberanista, la UE -esta vez sí- intercederá en favor de un referéndum acordado. A todas luces esta justificación no tiene el más mínimo crédito. La UE ha dejado claro que apoya sin fisuras al Estado español y todas las medidas autoritarias que quiera emplear para acabar con el movimiento independentista. El último balón de oxígeno se conoció este miércoles, cuando la Comisión autorizó a Rajoy a incumplir el déficit en 2018 para facilitarle la aprobación de los presupuestos y la estabilidad gubernamental.

A algunos este recule no nos ha pillado por sorpresa. Es más, veníamos advirtiendo desde 2012, muy contra la corriente, que el hecho de que los partidos históricos de la burguesía catalana fueran la dirección incuestionada del proceso era su principal “Talón de Aquiles”. En ningún caso estarían dispuestos a llevar adelante un enfrentamiento con el Estado hasta el final, ya que para ello el único camino era poner en marcha unas fuerzas sociales (la clase trabajadora y la juventud) que les generaban más miedo que la propia represión estatal.

La voluntad mayoritaria del pueblo catalán expresada el 1-O solo era posible efectivizarla por el camino que se puso sobre la mesa el 3-O: una gran movilización social en la que la clase trabajadora, sus métodos -como la huelga- y sus demandas sociales, pasaran al centro. Todo lo contrario al procesisme.

Para ello se tornaba fundamental que la lucha por una república independiente estuviera ligada a abrir un verdadero proceso constituyente y a un programa que resolviera los grandes problemas del paro, la vivienda, la precariedad, la pobreza energética y el resto de graves problemas sociales. Algo imposible sin medidas que afecten directamente los intereses de los grandes capitalistas. Si no era así, la clase trabajadora y los sectores populares en Catalunya no se iban a jugar a ser parte y ponerse a la cabeza de esta lucha. Menos aún en el resto del Estado se iba a poder contrarrestar la campaña españolista azuzada por el bloque monárquico, despertar la solidaridad con Catalunya y animar a que se extendiera una lucha común contra a Corona y el Régimen del 78 más allá del Ebro.

Tienen razón los dirigentes del PDeCAT y ERC cuando dicen que el Estado español no es democrático y está dispuesto a la más brutal represión. Pero insistir en su supuesta vía gandhiana es lo mismo que decir que tenemos que dejarnos matar o renunciar a luchar contra él. La única alternativa pasa por promover una lucha revolucionaria en Catalunya y el resto del Estado.

Que el PDeCAT (o antes CiU o CDC) y ERC no iban a asumir esta “hoja de ruta” era lo natural. Que la CUP, que se autodefine como anticapitalista, la abandonase de una manera cada vez más flagrante -hasta el punto de aprobar en 2017 los presupuestos o acordar la Ley de Transitoriedad que proponía un proceso constituyente desde arriba y con agenda limitada- ha sido otra de las grandes fallas del proceso y sobre todo de estos dos últimos meses.

Después del 3-O la dirección procesista optó por la desmovilización. Se atrasó la proclamación de la república -con la proclamación-suspensión del 10-O de por medio- y se dejó vía libre al Estado para actuar: guerra económica, querellas, primeros presos políticos... Se buscaba desesperadamente que el Estado central ofreciera una “vía de escape digna”, como se evidenció el día antes de la proclamación con las negociaciones encabezadas por Santi Vila y el mismo Puigdemont. Pero el Estado, consciente de su fuerza y de la negativa de la dirección procesista a impulsar una movilización a la altura de las circunstancias, sólo estaba dispuesto a ofrecer una vía de escape después de una claudicación, como la que ahora está logrando con el chantaje inquisitorial a los consellers presos.

Sin embargo, no podemos ser menos críticos con quienes tenían las posibilidades y la responsabilidad de ofrecer una alternativa a estas vacilaciones. Una alternativa que permitiera el avance cualitativo necesario de la movilización social. Estos agentes, en lo fundamental, siguieron subordinados a la política de lealtad y “mano extendida” al Govern. La CUP optó por no poner todas sus fuerzas militantes en esta dirección, limitándose a algunas pequeñas muestras para presionar en favor de la DUI antes del 27-O. Decidió cambiar relativamente el rumbo ya bastante tarde, siendo parte impulsora desde los CDR, junto a centenares de activistas independientes, así como de la gran jornada de huelga y bloqueos del 8N. Las principales centrales de la izquierda sindical, sin embargo, se negaron a lanzar nuevas convocatorias de huelga como las del 3-O, por temor a su posible ilegalización.

La dirección soberanista hoy se abre a ciertas autocríticas, pero estas son funcionales a justificar una claudicación sin lucha, que es más grave todavía si la contrastamos con la voluntad de pelear que ha expresado el pueblo catalán en jornadas como el 1-O, el 3-O o el 8-N.

La CUP tiene la responsabilidad, como mínimo, de abrir una reflexión profunda junto a los sectores de activistas de los CDR, el movimiento estudiantil y el sindicalismo combativo, sobre el balance de estos cinco años y, en especial, de los dos últimos meses. Tanto del rol que ha jugado la dirección procesista, como la política de subordinación a la misma que ha llevado adelante la misma CUP. Sobre las lecciones se estaría en mejores condiciones para lograr el agrupamiento de aquellos sectores que quieren proseguir la lucha contra el 155, la represión y la defensa del mandato del 1-O más allá del 21-D, algo a lo que PDeCAT y ERC están anunciando que renunciarán en favor de acuerdos con el Estado.

La candidatura que presentará la CUP a las elecciones podría ser un agente motorizador de un proceso así, que se torna indispensable para poder reagrupar a gran parte de la gente “desencantada” con los Junqueras y Puigdemont. Para plantear la perspectiva de que se pueda retomar la lucha por la república catalana desde un plano cualitativamente diferente, el de una lucha por una república que resuelva los grandes problemas sociales, por lo tanto, no una república de los capitalistas sino una república de los trabajadores y socialista.

En estos días, diversos portavoces de la CUP, como Mireia Bolla o Nuria Gilbert, se han lamentado del acuerdo de ERC y el PDeCAT y han insistido en que asuman como un compromiso programático la implementación de la república. Pero, ¿hacen falta más hechos contundentes para que quede claro que ni ERC ni el PDeCAT están dispuestos a “romper los huevos” que se necesitan para semejante “tortilla”? Proponer, aunque finalmente sea imposible, reeditar la política de “mano extendida” mantenida desde 2012 por la CUP, es todo lo contrario a prepararse para la siguiente etapa de lucha.