Paúl Lecea
| Estudiante de profesorado, IESFDyT 9-030 Del Bicentenario
El gobierno continúa con la aplicación de Coragen en forma indiscriminada, poniendo en riesgo la salud de miles de personas con el objetivo de proteger las ganancias de un puñado de empresarios. El principio precautorio de la Ley de Ambiente, la Audiencia Pública y el informe de impacto ambiental, bien gracias.
Un informe del departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, elaborado a partir de muestras extraídas en aguas expuestas a las pulverizaciones aéreas de Coragem (nombre comercial del agrotoxico diseñado para combatir la polilla de la vid, lobesia botrana) programadas por Isacamen en la zona Este de la provincia de Mendoza, encontró valores que duplican y hasta quintuplican las medidas establecidas por la Comunidad Europea para este plaguicida.
La muestras fueron extraídas por profesionales pertenecientes a la Asamblea por la Soberanía Alimentaria, y enviados a La Plata para ser analizados por el laboratorio universitario. Vale recordar que los análisis fueron hechos por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), el mismo que alertó hace años las presencia de glifosato en la cuenca del Río Paraná y en el algodón de productos de comercialización masiva como las toallitas femeninas, entre otros estudios. El glifosato es un agrotóxico altamente nocivo diseñado por Monsanto, transnacional responsable regar muerte en Argentina y alrededor de todo el planeta defendiendo sus ganancias y las de sus socios.
El CORAGEN® es fabricado por la multinacional química DuPont, la cual, al igual que Monsanto, está denunciada (y condenada en los EE.UU.) internacionalmente en miles de casos de contaminación. Además, la Argentina no cuenta aún con valores de referencia que establezcan el uso del agrotóxico, por lo que por el momento se toma como valores de referencia los utilizados en Europa. ¿Alguien puede afirmar, sin miedo a faltar a la verdad, que se trata de un producto “inocuo”?
Este jueves, vecinos y organizaciones socio ambientales del departamento de San Carlos, denunciaron pulverizaciones aéreas en las zonas agrícolas del departamento, pese a que el Concejo Deliberante votó una ordenanza prohibiendo de forma expresa este tipo de fumigación.
El director del Iscamen Alejandro Molero, afirma que las pulverizaciones se llevan adelante en el marco del programa nacional para erradicar la polilla de la vid votado en el Congreso, y que la Ley Nacional es superior a la ordenanza sancionada por la comuna. Lejos de cualquier debate leguleyo, tratan de ignorar que la prohibición se sostiene sobre argumentos reales y concretos a favor de la vida de las personas y del medio ambiente. Una práctica que no cuenta con licencia social de parte de los mendocinos.
El principio precautorio de la Ley de Ambiente establece la suspensión de las actividades cuando no hayan garantías para la protección del medio ambiente, y no sólo eso: las leyes también establecen la realización previa de audiencias públicas, para que se puedan expresar los distintos sectores de la sociedad involucrados. Nada de esto fue respetado, como tampoco se cuenta con informes técnicos de autoridades competentes ni informes de impacto ambiental que avalen la práctica que lleva adelante el gobierno.
Maipú: la hipocresía del intendente y los partidos patronales
A través de su cuenta oficial de Twitter, la Municipalidad de Maipú anunció que el intendente Alejandro Bermejo firmó un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo para el análisis del agua que consumen los maipucinos “en busca de bacterias resistentes al cloro”. El anuncio no dejaría de ser oportuno si no fuera porque tanto el PJ del intendente Bermejo como la UCR vienen de votar a favor de las pulverizaicones aéreas en los distritos de Fray Luis Beltrán y Barrancas.
Con total ausencia de información y de forma absolutamente irresponsable, se puso en peligro la salud de miles de maipucinos de las zonas rurales, las que son mayoritarias en el departamento. Ya el centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza había rechazado el método a través de un comunicado en donde se decía que las fumigaciones aéreas “inciden de manera indiscriminada sobre poblaciones rurales, edificaciones públicas, predios con agricultura orgánica, granjas y apiarios, sin tener pruebas fehacientes y definitivas sobre la inocuidad de los productos utilizados".
En la sesión del jueves 16, los concejales del PJ y la UCR habían decidido desoír las alertas que presentamos desde el Frente de Izquierda, y nuestras iniciativas para que Maipú el combate a la polilla se realizara a través de otros métodos.
En un departamento en donde el “control” del municipio no es capaz de garantizar que no se derrumben un estacionamiento clandestino utilizado por personal del hospital regional o de evitar incidentes como el del centro de adultos mayores La Casa Grande, en donde un enfermero perdió la vida protegiendo la de dos internos, no se puede depositar confianza en que la aplicación de una medida prohibida en muchos países como las pulverizaciones aéreas se vaya a realizar de forma inocua. Sin embargo, los concejales priorizaron el acuerdo entre Molero y Bermejo y, una vez más, votaron a favor con la única oposición consecuente del Frente de Izquierda.
Un análisis superficial sobre las características del plaguicida realizado por un laboratorio privado de Santa Fe pareció suficiente para que los temerarios concejales maipucinos votaran afirmando la “inocuidad” del proceso.
En la sesión de este viernes 24, los concejales solicitaron al área de Promoción Económica de la Municipalidad de Maipú, encargada de la relación con los productores del departamento afectados por la lobesia botrana, la realización de análisis a partir de muestras de agua similares a las realizadas por el CIMA en la UNLP.
Es necesario redoblar la movilización para frenar las fumigaciones aéreas, exigiendo un plan integral de mitigación de daños, que empiece por dar el análisis exaustivo de la contaminación provocada y medidas urgentes para proteger la salud de la población, realizado por profesionales pertenecientes a universidades y organizaciones socio ambientales. A su vez debe renunciar inmediatamente el titular del Iscamen, jefe de la política de contaminación que impulsa el gobierno provincial.
