La negociación iniciada en agosto de este año por la Mesa de Sector Público finalizó, llegando a un acuerdo entre los dirigentes de los principales gremios de trabajadores públicos con el gobierno, representado por el ex funcionario del FMI y actual Ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre y la Ministra del Trabajo y Previsión Social Alejandra Krauss.

El cierre del acuerdo por el reajuste del 2018 se realizó a espaldas a los trabajadores, mientras los dirigentes de la MSP venían subordinados a la iniciativa y conducción del gobierno de Michelle Bachelet. Fue una negociación donde el Ejecutivo marcó la pauta y dirección de la negociación política que significa el reajuste al sector publico.

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En su mayoría dirigentes se subordinaban a lo que determinara el portavoz de la billetera fiscal. Algunos de los representantes de la MSP en vez de velar por llevar a cabo métodos de lucha para un aumento significativo a los salarios y una mejora real a las condiciones de trabajo de funcionarios públicos, defendieron la política del Ejecutivo. La presidenta de CUT y el Presidente de ANEF terminaron aceptando los $94 pesos diarios que significará para un trabajador promedio de $400.000 de ingresos líquidos este reajuste pactado para el 2018.

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Muchos otros dirigentes de la AJUNJI, ASEMUCH, FENATS UNITARIA, FENTES, FAHUECH, FENPRUSS, ratificaron el aumento salarial 2018 alcanzado con el Gobierno de Bachelet, sin ninguna democracia de base, aceptando aumentos que para el estamento de funcionarios auxiliares significará $2800 pesos al mes de alza de sueldo.

No debemos olvidar el reajuste escalonado del salario mínimo de $270.000 pesos mensuales que se inició este año, que significó una condena a sueldos miserables, pacto efectuado por parte de Barbara Figueroa, Presidenta de la CUT con el gobierno de Bachelet, un salario mínimo que está bajo la línea de la pobreza, y bastante distanciado de reales necesidades de la canasta básica familiar que bordea los $450.000 pesos. Una condena a salarios de pobreza para una gran cantidad de trabajadores.

La burocracia de los gremios de los servicios públicos de la Nueva Mayoría ha sido responsable de sostener y no oponerse al empeoramiento de las condiciones de trabajo, precarización e inestabilidad en los servicios públicos, que en este reajuste del 2018 se reafirmó, con responsables directos como Carlos Insunza de la ANEF, dirigentes gremiales que responden más bien a los intereses del Partido Comunista y su rol de ser parte del Gobierno de la Nueva Mayoría, que a los intereses reales de alcanzar un ejercicio irrestricto a los derechos sindicales, laborales y sociales de los trabajadores públicos.

Esta situación vivenciada de traición nuevamente a los funcionarios públicos, instala la necesidad de fortalecer la independencia política de los trabajadores, independiente del Gobierno y de los empresarios, de recuperar nuestras agrupaciones de trabajadores para colocarla al servicio irrestricto de los funcionarios públicos y no para los fines gubernamentales, como viene funcionando hasta ahora, donde se abandonan las demandas más sentidas para enfrentar el empleo precario y pauperización de las funciones públicas.

Desde el 2014 existen materias pendientes, y aun así existe una confianza hacia el Ejecutivo en que se mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores del Estado.

¿Qué sucede con la mejora a las remuneraciones de los estamentos de funcionarios auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales?, ¿Qué pasa con la erradicación de las contrataciones a honorarios?, ¿Por qué no exigimos una renovación automática de los funcionarios a contrata?,¿Qué pasará con la ampliación en el acceso a planta-titular y con la carrera funcionaria democrática y universal?, ¡que pasa con un sin fin de reivindicaciones que no han sido respondidas por el Estado?.

A la fecha no existe por parte de los gremios y organizaciones de los funcionarios públicos, ni ha existido ninguna convocatoria a un Congreso de todos los sectores de los trabajadores públicos, incluyendo los sindicatos a honorarios, ni hablar de un plan de lucha y de movilización (recordando el 2008 que se obtuvo un 10% de reajuste), no solo para democratizar las asociaciones con democracia de base, sino para elaborar y generar acciones de lucha y terminar de erradicar la flexibilización, e ir por el fin de la precarización e inestabilidad laboral que existe en los servicios públicos del país.