Hoy, lunes, por la tarde se dio a conocer un documento firmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha del 23/11 en el que se ordena que “el Estado de Argentina adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala”.
La dirigente de la Tupac Amaru había sido trasladada de manera ilegal al penal de Alto Comedero a mediados de octubre mediante una orden del juez Pablo Pullen Llermanos, que revocaba la prisión domiciliaria solicitada por el fiscal e ignorando la cautelar de la CIDH. Un verdadero ejemplo del accionar persecutorio y represivo del gobierno de Gerardo Morales en Jujuy.
Luego de reiteradas denuncias por parte de la propia Sala y sus abogados debido el mal estado de salud que atravesaba, a comienzos de este mes la referente había sido internada. Luego de sólo dos días enviaron nuevamente al penal.
Frente a este atropello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue muy clara en su reciente medida provisional: pide el arresto domiciliario de Sala o “cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva que sea menos restrictiva de sus derechos”. También exige que se le brinde una adecuada “atención médica y psicológica” al tiempo que insta al Estado argentino a presentar un informe detallado ahora y cada tres meses, sobre la situación de la dirigente.
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