Analizar la relación entre el género y el trabajo puede aportar información relevante al momento de pensar estrategias para combatir esta problemática de la violencia, que ha cobrado la vida de 64 mujeres en lo que va de 2017.
Chile es un país que tiene unaparticipación laboral femenina de un 48%, comparable a países islámicos. Sin embargo, no es sinónimo de que las mujeres trabajen menos. Según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT) las mujeres trabajan más que los hombres. Esto se explicaría al sumar el conjunto del trabajo, es decir, el remunerado y el no remunerado.
Si bien, en el mercado laboral los hombres trabajan 7 horas y las mujeres 6, en el ámbito doméstico ellas cargan con 6 horas diarias y ellos con 2. El trabajo doméstico y el cuidado de personas dependientes son trabajos que culturalmente son considerados como propios o naturales de las mujeres, que sumado al trabajo remunerado se conoce como doble jornada laboral.
Familia, trabajo y precarización: condiciones para la dependencia
Además, es relevante considerar la calidad del empleo al que acceden las mujeres, ya que al predominar esta idea de que hay trabajos propios de las mujeres, estos son peor pagados e inestables. Así lo respalda, los estudios de la Fundación Sol, que sostienen que del total de mujeres trabajando, el 85,3% tiene empleos en el sector terciario (servicios).
Estas condiciones son un campo minado para las mujeres trabajadoras, que al continuar siendo responsables casi exclusivas de la crianza de los hijos y las personas dependientes (el 92,8% de las mujeres que realizan trabajos no remunerados en Chile se dedica a labores domésticas para el propio hogar), mientras que las que acceden trabajos, son en su mayoría los más flexibles en términos de horario, pero más precarizados, generando dependencia económica y una doble carga con el trabajo no remunerado, dificultando sus posibilidades de superar de forma independiente situaciones de violencia.
En ese sentido, la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y dirigente de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, afirmó que “es necesario dar cuenta de que el Estado y los empresarios son responsables de la violencia estructural que vivimos las mujeres. Por eso exigimos una Ley de emergencia para prevenir femicidios, que entre otras cosas, considere licencias médicas para presentar en el trabajo, para que no pierdan su fuente laboral las mujeres en situación de violencia, refugios transitorios, subsidios y acceso gratuito e inmediato al asesoramiento de equipos interdisciplinarios en la prevención, atención y asistencia”
Pero además agregó que “actualmente aunque las mujeres trabajen y tengan hasta doble jornada laboral, no tienen la posibilidad de cubrir económicamente estas mínimas medidas para superar la violencia”.
Dentro de las medidas que ha impulsado el Estado, está la Norma Chilena de Igualdad de Género 3262 que promueve entre otras cosas la corresponsabilidad en el trabajo no remunerado, aunque no pone en cuestión el rol que cumple la familia y las mujeres dentro de ella, que de forma totalmente gratuita se encargan de la alimentación y aseo del núcleo familiar, tareas fundamentales para el conjunto del trabajo social, porque reproducen la fuerza de trabajo de la mano de obra presente y futura (asalariados y niños).
No obstante, establece canales mínimos para denunciar discriminación de género o brecha salarial, lo que es fruto de la lucha que han dado las mujeres con años de organización y movilización, y que sumado a la reforma laboral y la obligación que establece de ser representadas en las negociaciones colectivas, exige a las trabajadoras, que de forma independiente a las empresas y el Estado, se apropien de los mecanismos a través de los cuales han alcanzado estas pequeñas conquistas, que es fundamentalmente el negociar colectivamente medidas que promuevan la equidad de género. |
