Foto: TCP
El próximo 3 de diciembre en Bolivia se llevarán a cabo las segundas elecciones para elegir magistrados al tribunal supremo de justicia, a los tribunales agroambiental y constitucional y al consejo de la magistratura. La pugna entre el voto nulo alentado por la oposición y los candidatos elegidos por el MAS, se agudizarán luego de la sentencia constitucional 084/2017 habilitando a Evo Morales a una indefinida posibilidad de reelección. La sentencia exime a los candidatos de pronunciarse ante tan escabroso asunto pero pone en evidencia el control absolutamente político del órgano judicial.
El domingo se elegirán entre 96 candidatos, a los miembros de las máximas instancias judiciales del país. Los candidatos fueron elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, por el partido de gobierno que controla los 2/3 de ambas cámaras y como era de esperarse al igual que el 2012, no fueron consensuados con las bancadas de la oposición patronal. Por ley, los candidatos no pueden hacer campaña, esto para preservar la “independencia” y “objetividad jurídica” de un poder que se presenta como neutral. El resultado es que se va a las urnas sin conocer prácticamente nada de los candidatos. No hay campaña, solo difusión estatal de los perfiles de los candidatos. A esta extraña elección popular, se sumaron los intentos de penalizar a quienes llamaron a votar nulo, extremo que fue rápidamente retirado de la agenda de los funcionarios.
Presentado por parte del gobierno como una conquista democrática, la primera experiencia de conformar los señalados tribunales por vía electoral se realizó el 2012 y hasta hoy la percepción popular es no solo que no mejoró el sistema de administración de justicia sino que hoy estaríamos en peores condiciones que 5 años atrás. Elegidos sobre la base de su compromiso con el actual gobierno o como mínimo sobre la base de una neutralidad complaciente, el gobierno se asegura el control del aparato judicial en pleno, lo que le permite obtener sentencias indulgentes para los funcionarios de gobierno o utilizar el sistema judicial como mecanismo de judicialización de la protesta social.
La sentencia constitucional 084/2017 que habilita en forma indefinida la reelección presidencial amparándose en un supuesto "derecho preferente" y el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos es muestra de esta venalidad judicial. Contrasta como dos semanas atrás se les negó a miles de personas todo tipo de derechos humanos fundamentales (STC 076/2017) y ahora están dispuestos a cambiar seis artículos de la constitución para que Evo Morales vuelva a candidatear.
Las elecciones del 2012, le permitieron al MAS llevar adelante procesos contra los que luchaban en Achacachi (exigiendo la renuncia o destitución de funcionarios corruptos), o los procesos por el Fondo Indígena o Banco Unión, que avanzan lentamente u otros duermen el “sueño de los justos”, esperando su extinción.
Los funcionarios elegidos el 2012, como era de esperarse, en su amplia mayoría son individuos venales que emiten sentencias contradictorias sin inconveniente en plazos realmente breves. Tenemos la controvertida reciente sentencia 076/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional que llegó al extremo de negar derechos laborales, sociales, civiles y políticos a la comunidad trans, sin importar lo establecido en la misma constitución ni en la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad como lo establece el art. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el mismo artículo 23 que hoy citan sin sonrojarse. Fue ante el fuerte rechazo a tan reaccionario fallo -solo apoyado por los medievales de la iglesia católica y por el diputado Poppe, fascista declarado- que tuvieron que “retroceder” emitiendo una enmienda constitucional que retrotrae la discusión sobre el matrimonio igualitario hasta antes de la mencionada resolución.
Pero no es solo eso ya que gracias al control del aparato judicial se pudo también perseguir y amedrentar a los trabajadores de Huanuni, cuyos dirigentes más combativos terminaron capitulando ante el MAS liquidando el naciente Partido de los Trabajadores para evitar procesos penales por las huelgas de junio del 2013.
La oposición patronal: Unidad Nacional, “demócratas”, PODEMOS de Tuto Quiroga, MNR, SOL.BO, etc.
Hasta antes de la primera elección judicial, los jueces eran elegidos en contubernio entre las bancadas parlamentarias de los viejos partidos como el MNR, el MIR, NFR y otros, los cuales seleccionaban su personal judicial en el congreso y sin necesidad de recurrir a ninguna elección popular que legitime a los magistrados. Hoy, estos jueces también son elegidos por esa instancia parlamentaria con la diferencia que se eligen ternas que deben terminar de ser seleccionadas en las urnas. Este procedimiento igual de antidemocrático que el anterior, ya que los candidatos deben pasar por el tamiz de la asamblea legislativa, sin embargo otorga mayor fortaleza al poder judicial y al Estado mismo al someter al voto a los candidatos elegidos. La búsqueda de una institucionalidad Estatal más fuerte es lo que el MAS quiere con estas elecciones. La oposición se opone no tanto por el procedimiento reglamentario en sí mismo, sino que lo que rechaza es que el gobierno se niega a concederles algunas cuotas de poder en esta selección. No es más democracia lo que buscan sino más prebenda y cuotas de poder judicial.
Debemos pelear por la elección popular de jueces sin restricciones de ninguna índole
En 1870, en París Francia, los trabajadores llevaron adelante la primera experiencia revolucionaria conocida como la Comuna de París. En esta heroica experiencia aplastada a sangre y fuego por las clases dominantes de la época, los trabajadores mostraron al mundo que se puede construir un sistema profundamente más democrático que lo que ofrecen las más variadas democracias burguesas parlamentarias del mundo. Todos los funcionarios cobraban un salario igual al de un obrero calificado, terminando con la voracidad de arribistas y elementos aventureros dispuestos a todo con tal de gozar de las mieles del Estado -como los que acaban de emitir la STC 084/2017-. Así mismo establecieron la elegibilidad de todos los ciudadanos para todos los cargos públicos, incluyendo la “justicia”, y determinaron la revocabilidad de tales funcionarios sino se ajustaban al mandato que los había encumbrado a las funciones públicas. Buscaban de esta manera resolver los problemas de las grandes mayorías trabajadoras y del pueblo y no como sucede actualmente que la justicia y todo el aparato de la administración pública está al servicio de pequeños grupos de empresarios y miembros de la clase dominante. Esos obreros y obreras, comprendieron muy bien que la justicia y todo el aparato estatal siempre habían estado al servicio de los poderosos y lo que buscaban era terminar con esa tradición de siglos y empezar a construir una sociedad sin explotados y explotadores y por lo tanto democratizando radicalmente todas las esferas del poder público.
Hoy, ante un Estado que tendencialmente va criminalizando la protesta social, que los márgenes de acción democrática se van reduciendo por la vía de reglamentaciones y diversas disposiciones legales, se hace urgente recuperar ese legado de los comuneros de París, planteando que rechazamos toda elección con candidatos impuestos, que rechazamos ir a votar por individuos que no solo nadie conoce sino que al prohibirse las campañas, se impide conocer no ya el currículo de estos candidatos (el Tribunal Supremo Electoral difunde estos perfiles) sino mas bien su prontuario: ¿con qué gobiernos han colaborado?, ¿cuál es su visión sobre la última sentencia del Tribunal Constitucional?, ¿qué fallo hubieran emitido con respecto a la reelección presidencial?, ¿qué opinan de la resistencia de los pueblos indígenas del TIPNIS?, ¿qué opinión tienen sobre la demanda de la comunidad LGBTI o del derecho al aborto para las mujeres?. Estas y decenas de preguntas quedan sin respuesta a una semana de la elección general.
Por todas estas razones, la clave para este domingo debería ser redoblar las fuerzas en la construcción de una alternativa obrera, socialista y revolucionaria, es decir, independiente del MAS y también de la oposición patronal. Nuestro voto nulo no puede ser una demanda de más prebendas sino mas bien debe ser la expresión de dar el primer paso en esta tarea de recuperar las ideas de la Comuna de París, organizar la lucha por los derechos democráticos vulnerados de mujeres, de los pueblos del TIPNIS y de Achacachi, por el desprocesamiento de todos los luchadores sociales y finalmente organizar la resistencia de todos los y las trabajadores y el pueblo que ven que sus fuentes de trabajo y salario están amenazadas y la justicia sigue siendo ciega, sorda, muda y cómplice de los ricos. |
