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La pugna entre correistas y morenistas se agudiza. Ambas facciones intentan tener la iniciativa en sus manos, y el control del aparato del Estado es la carta mayor que Lenín Moreno puede jugar, este miércoles decretó que el trámite de aprobación del referéndum y consulta popular salte de la Corte Constitucional (CC) hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin esperar el dictamen de la primera cámara.
Moreno había advertido a la CC que “nada, ni nadie, puede ni debe poner cortapisas para que el pueblo se pronuncie”, una semana atrás. A pesar que la Corte se encontraba realizando las audiencias públicas sobre el referéndum, el Primer Mandatario se amparó en la Ley de Garantías Jurisdiccionales para no darle más tiempo al organismo que, señalados sus miembros como jueces del riñón correista, parecía dilatar lo más que pueda su pronunciamiento.
El apuro presidencial está marcado tanto por la presencia de Rafael Correa en el país, como por la necesidad de evitar que siga perdiendo entusiasmo en la población lo que al comienzo parecía un simple trámite electoral para legitimar su gobierno. Si quiere quitar al ex mandatario y sus correligionarios de la arena política, el referéndum debe realizarse en febrero. Así, la enmienda que inhabilita la reelección indefinida entraría en vigencia para las elecciones municipales de 2019.
El envío del proyecto al CNE lo obligará a pronunciarse con celeridad. Según la ley, si en 20 días no emite dictamen, será considerado como favorable. Asimismo, este organismo aún debe decidir si designará veedores en la Convención Nacional de Alianza País (AP) que Correa convoca para el próximo domingo en la ciudad de Esmeraldas. Sin la presencia de sus delegados, la reunión correista, en la que buscarán hacerse del control del partido, sería una simple reunión de amigos, sin validez legal.
La agenda de Lenín Moreno se encuentra en manos de este resorte estatal. Las decisiones que el CNE tome en las próximas horas determinarán la suerte de gran parte de sus intenciones políticas.
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Por su parte, Correa anunció que iniciará “acciones legales para que se respete el ordenamiento jurídico”, mientras que los miembros del ala correista no dudaron en calificar la medida como un “golpe a la institucionalidad”. Muy lejos de convocar acciones de protesta o movilizaciones, esta facción también espera resolver “por arriba” la crisis política que acosa a la casta política que gobernó Ecuador por una década.
La medida de Moreno contó con el apoyo del Frente Unitario de Trabajadores y de Unidad Popular. El sindicato y el movimiento político, vinculados al PCMLE, no dudaron en marchar para exigir velocidad al CNE, y respaldar un referéndum autoritario que busca legitimar al cuestionado régimen vigente, alineándose otra vez con el campo burgués que consideran más progresivo.
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Los Decretos 299 y 230 configuran una nueva intervención semi bonapartista por parte de Moreno, al igual que con la quita de funciones al vicepresidente o la imposición de una vicepresidenta por decreto.
Estos métodos antidemocráticos, junto al manejo de la justicia burguesa -que con mucha facilidad sabe acomodarse al signo de los tiempos políticos-, son los mecanismos que la casta política pone en función cuando de conservar el poder o aplastar enemigos se trata. Por ejemplo, los decretos de Moreno llegan en la misma semana en que Evo Morales obtiene la habilitación de la Corte boliviana para una nueva candidatura presidencial.
Con un discurso de “diálogo” y “respeto a las instituciones”, Moreno no duda en usar los mismos métodos que Correa diagramó para perseguir a sus enemigos e imponer sus planes políticos. En otras palabras, para “desmontar la institucionalidad correista”, nada mejor que la propia institucionalidad correista, garantizada por la autoritaria Constitución de Montecristi. La diferencia es que ahora los rivales no son opositores sino los miembros de su propio partido. | 
