La noticia que se dio a conocer la semana pasada alrededor de un decreto presidencial sobre la vigente Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) es un salto en calidad en los avances que viene llevando a cabo el gobierno de Cambiemos desde su asunción en el 2015.
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Un ataque al espíritu de la ley
Podemos situar el inicio de la ofensiva contra esta ley a principios de asumir Macri su mandato como presidente, con la designación de Andrew Blake como Director Nacional de Salud Mental y Adicciones. Un médico psiquiatra, ferviente opositor declarado a la ley de salud mental. No tiene pelos en la lengua para llamarse defensor del paradigma manicomial y del modelo médico hegemónico, que determina la injerencia de estos profesionales por encima de todos los demás en la materia.
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Contraria a esta visión, esta ley aboga por una perspectiva de derechos, siendo progresiva respecto a sus predecesoras en tanto intenta evitar las internaciones contra la voluntad de los usuarios del sistema de salud mental, sancionando que se requieren dos firmas para avalar esas internaciones que pueden ser de un psiquiatra o psicólogo, además de incluir a otros miembros del equipo interdisciplinario, médicos, trabajadores sociales, etc. El decreto que pretende anular esta resolución tiene como fin incrementar las internaciones de los pacientes, lo que dada la saturación y precarización del sistema público derivaría en un aumento de internaciones en instituciones privadas, que se encuentran en manos de aquellos empresarios que están a la orden del día para la mercantilización de la salud.
Lo cierto es que estos sectores empresarios quieren aumentar sus ganancias, pero estas no habían menguado hasta ahora, incluso una vez sancionada la LNSM. La responsabilidad de que las ganancias de esos empresarios no se vieran afectadas no le caben solamente al gobierno de Cambiemos. Durante todos estos años en que se encontró en vigencia la ley, se los benefició debido a que las partidas presupuestarias para la construcción de los dispositivos alternativos que deberían suplir a los hospitales monovalentes o para la adecuación de hospitales generales fueron cada vez menores, llegando a cifras paupérrimas. La ley no afectó a la gestión privada de la salud mental. Al contrario, la legitimó, como veremos más adelante.
Continuando con los golpes de Cambiemos a esta ley, llegó la determinación de Jorge Lemus -ministro de Salud en ese momento- de derogar de la resolución 1484/15 que establecía las normas mínimas para la habilitación de establecimientos y servicios de salud mental. En dicho documento el artículo n° 27 prohibía la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o institutos monovalentes, ya fueran públicos o privados. A su vez, esta resolución implica la adecuación de las instituciones existentes a la estrategia de Atención Primaria de la Salud, que implica la desmanicomialización, la interdisciplina antes mencionada y la posibilidad de los pacientes de reinsertarse socialmente. Sin querer perjudicar a sus “amigos”, Lemus desestimó esta resolución en pos de que los empresarios de la salud mental pudieran sostener su mercado abierto. Esto le da continuidad y refuerza una visión manicomial de la salud que por encima de todo sirve para mantener el mercado de las grandes instituciones privadas y farmacéuticas. Para esto convocó a una comisión compuesta por el ya mencionado Andrew Blake y por otras asociaciones de médicos y psiquiatras, para mostrar claramente de quién es materia la salud mental.
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Blake -además de posicionarse en la vereda contraria a la nueva ley- privilegia la inserción de las neurociencias, corriente de la medicina que decide fundamentar todo proceso del comportamiento humano como fruto de procesos neuronales. Esta perspectiva deja por fuera la injerencia de los factores histórico-sociales en la conducta humana y sus padecimientos, a la vez que impulsa la concepción de que la única disciplina que puede abordarlo es la medicina. Como consecuencia necesaria, se favorece la medicalización psiquiátrica y los negociados farmacéuticos. Lejos estamos de la propuesta de la ley, basada en la estrategia de Atención Primaria de la Salud, que propone la formación de equipos interdisciplinarios donde participen profesionales de distintas disciplinas para aportar diversas miradas del paciente, a la par de un sistema público que provea medicamentos.
Un camino abierto por el kirchnerismo
Ahora bien, como mencionamos previamente, la derogación de esta resolución fue un camino que tuvo sus inicios durante el gobierno kirchnerista, dado que desde la reglamentación de la ley de Salud Mental en el año 2013 nos encontramos, en primer lugar, con la barrera de la falta de presupuesto para la creación de dispositivos alternativos a los manicomiales y para poner en condiciones los hospitales generales para soportar tal demanda. En el año 2010, en la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto para el Programa de Atención de Salud Mental proyectado por el Ministerio de Salud representaba el 7,85% del PBI y para el año 2016 sólo creció a un 7.97%. A su vez, el 85% de este presupuesto ha sido enviado a los servicios de internación de hospitales monovalentes, fortaleciendo el paradigma manicomial en la atención en salud mental.
También podríamos hablar que la precarización de los trabajadores del sistema de salud, que no daban -y no dan- abasto con la demanda de pacientes ya que no hay suficiente personal ni, en muchas instituciones, condiciones edilicias para recibirlos. Estos trabajadores deben cubrir jornadas extensas de trabajo con sueldos mínimos, como por ejemplo los camilleros que por su labor cobran $15.837 cuando el umbral del pobreza que marca la canasta familiar básica en la Ciudad de Buenos Aires está en $16.311. La implementación de la ley no debería depender de la buena voluntad de los trabajadores de la salud mental, y de la salud en general. Hoy en día ellos son los primeros en sostener los hospitales públicos en pie, aún a costa incluso de su propia salud. A veces pierden hasta de su propia vida, como sucedió con un camillero del Hospital Posadas que murió en el año 2014 intentando salvar a un paciente que pretendía suicidarse.
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Los problemas con la ley de Salud Mental surgieron aún antes de secarse la tinta de la misma, ya que se presenta la contradicción de que en los artículos 6 y 27 dejan abierta la posibilidad a que junto al sistema público de salud conviva el sector privado. Por esa razón resulta ser una “solución de compromiso” entre el movimiento de la salud mental y de los derechos humanos y los intereses de los sectores privados. Solución que habilita a una convivencia cuasi pacífica entre un sector público -aún precarizado y colonizado por la corporación médico-psiquiátrica, pero intentando aplicar lineamientos desmanicomializadores que abogan por los derechos de los pacientes- y un sector privado que tuvo la posibilidad de sostener la mercantilización y a la corporación médica en pie. El camino que dejó allanado el kirchnerismo, dejando la puerta abierta al sector privado en salud mental, le dejó paso a Cambiemos para dar los golpes finales sobre los aspectos más progresivos de la ley que han desembocado en el decreto con el que quieren modificarla.
La alternativa posible para la salud mental
A diferencia de los artículos más controversiales de la ley, al mismo tiempo que denunciamos este sistema social alienante –cuyo fin no puede estar ausente de un programa verdaderamente desmanicomializador- y la mercantilización de la salud mental, es necesario pelear por un sistema de salud único, integral, estatal, público y gratuito, en el que se enmarque el tratamiento de la salud mental. No más negocios privados con contratos con ONGs, fundaciones o clínicas privadas.
En conjunto con este sistema de salud, abogamos por la nacionalización de los laboratorios medicinales bajo el control de trabajadoras y trabajadores, alejados de los sectores privados que hacen de ésta una gran rama mercantil. Además de la medida elemental del cierre de los grandes nosocomios psiquiátricos y su conversión en hospitales gestionados por trabajadores y usuarios. Se debería establecer un plan que promueva la inmediata creación de dispositivos alternativos de atención que los suplanten y se promueva el nombramiento de equipos interdisciplinarios. Se requiere de la creación de centros de salud comunitarios en todos los barrios, en los que trabajadores y trabajadoras tengan salarios no inferiores a la canasta familiar.
Para sustentar este sistema de salud proponemos la triplicación del presupuesto en salud bajo el control de los trabajadores, a la par de que el personal deje de sufrir la precarización laboral y pésimas condiciones de trabajo.
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