Foto: Erbol
Este domingo 3 de diciembre, volvió a repetirse el resultado abrumador del triunfo del voto nulo como en las elecciones judiciales del 2012.
En el primer informe de datos preliminares emitido por el órgano electoral con más del 80% de actas contabilizadas, el voto nulo se imponía por más del 53%, seguido por el voto en blanco, tanto para el tribunal agroambiental como para el consejo de la magistratura. Para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, el voto nulo oscilaba entre el 45% al 50% en casi todos los departamentos. El resultado pone en evidencia un segundo fracaso en el intento de legitimar un poder que goza de la desconfianza y del desprecio, por su venalidad, a los miembros del poder judicial.
El vicepresidente Álvaro García Linera se refirió a esta “eventualidad” en el sentido de que a diferencia del sistema de elegibilidad de los jueces por el congreso, formado por 157 parlamentarios durante el ciclo neoliberal, hoy el pueblo estaría eligiendo a los jueces por sufragio. Lo que no dijo es que hoy al igual que ayer son esos 157 que nominan a los candidatos; en este caso, todos los y las candidatos del partido del gobierno gracias al control de los 2/3 de ambas cámaras.
A esta medida antidemocrática se le agrega que al impedirse hacer campaña a favor o en contra de los candidatos, la población desconoce a los mismos. Por ejemplo, se impide que se pueda exigir a esos candidatos que se pronuncien sobre como hubieran fallado y con qué fundamentos en el conflicto entre los trabajadores de La Paz Limpia y el Alcalde Revilla de Sol.Bo; o ¿cómo hubieran fallado en el conflicto de ENATEX?, o ¿qué resolución habrían emitido con respecto a la STC 076/2017 que prohibía expresamente el ejercicio de derechos civiles, políticos y hasta laborales a la comunidad trans que optara por el cambio de identidad de género?
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Mientras voceros del gobierno y la mayoría de los medios de comunicación señalaban que “Bolivia es el único país en el mundo en que las máximas autoridades judiciales se eligen por el voto popular”, los resultados no iban en la misma sintonía. El significado político es muy deslegitimador de las nuevas autoridades judiciales. Refleja un sentimiento de desconfianza que se agravó con la “irregular” STC 084/2017 emitida por el saliente Tribunal Constitucional Pluricinacional (TCP) en la que habilitaron a Evo Morales a la reelección indefinida tras haber modificado varios artículos de la Constitución Política del Estado y desconocido el referéndum del 21 de febrero de 2016. Dicha resolución, absolutamente ilegal por incompetencia debido a que el TCP tiene el límite de su competencia en la misma constitución.
Si el TCP tuviera la facultad de modificar la constitución a discreción estaríamos en presencia de un organismo constitucional y supra-parlamentario. Esta ilegalidad aumenta la desconfianza de importantes sectores de la población no sólo en la composición del órgano judicial sino que golpea al mismo gobierno por la intensidad con la que apostó a que la población legitime con su voto válido la elección de 26 magistrados pre seleccionados por el MAS este domingo pasado. | 
