Edició català

El magistrado del Tribunal Supremo ha comunicado este lunes la orden de mantener en prisión a Oriol Junqueras y a Joaquim Forn en prisión, así como también a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Òmnium respectivamente.

Para Rull, Turull, Romeva, Bassa y Borràs, Llarena a acordado medidas de prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para cada uno de ellos. Además de imponer su comparecencia semanal ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la prohibición de abandonar el país y la retirada de pasaporte y advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato reingreso en prisión.

Para mantener la orden de prisión hacia Junqueras, Forn, Cuixart y Sànchez, el juez Llarena, se ha centrado en el riesgo de reiteración delictiva. En ese aspecto, el juez aprecia un “juicio razonable” de riesgo de reiteración delictiva, por la “lesividad” que puede acompañar a la reiteración de sus aportaciones. En su caso remite que sus aportaciones están directamente ligadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”. Y recuerda además el “asedio” del 20 de septiembre ante el registro de la Conselleria d’Economia y los declara como principales autores. Por ello, la interlocutoría del juez dictamina que “el riesgo de reiteración de sus conductas impone un mayor grado de rigor y cautela”.

La decisión de mantener la medida de prisión sin fianza para los cuatro investigados viene tomada después de que el propio Llarena tomara declaración a todos los presos el viernes pasado y tras haber asumido todas las causas contra la declaración de independencia, unificando así los procedimientos contra el Govern y los presidentes de ANC y Òmnium. Además de seguir al frente del que afecta a los miembros de la mesa del Parlament, por los cuales ordenó libertad bajo fianza para Carme Forcadell y los demás miembros.

Previamente, fue la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, la que había ordenado el pasado 2 de noviembre prisión incondicional sin fianza para Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Bassa, Borràs y Mundó por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. La misma que impuso idéntica medida contra Sànchez y Cuixart el 16 de octubre, investigados también por sedición.

Una vez que el Tribunal Supremo ordenó libertad bajo fianza para Carme Forcadell y los demás miembros de la mesa del Parlament y el juez Llarena aceptó asumir todas las causas, los demás investigados decidieron seguir la “via Forcadell” y aceptar la imposición del artículo 155. Sin embargo, con esta medida, queda de manifiesto que ambos tribunales siguen el mismo curso abierto por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

La decisión de mantener en prisión a Junqueras, Forn, Cuixart y Sànchez es una muestra más de que el curso reaccionario sigue abierto con la aplicación del 155 y la convocatoria para las elecciones del 21D y se suma a toda una serie de medidas como las que está anunciando la Junta Electoral para impedir que el 21 vuelva a surgir una mayoría independentista.