“Eduardo Casal, procurador interino, ordenó crear una estructura especial en el Ministerio Público Fiscal para combatir el terrorismo. Hoy, cuando el ’terrorismo’ es la RAM. Un nuevo salto en la criminalización de la protesta”, denunció en un tuit la legisladora del PTS-Frente de Izquierda y abogada Myriam Bregman.
Se refirió así a la resolución PGN 3544/17, conocida en las últimas horas, que lleva la firma del procurador interino. Allí, en una serie de considerandos, que comienzan planteando, de manera general, “la grave amenaza que el terrorismo internacional representa para la paz y la seguridad de las naciones ha sufrido un notorio incremento en los últimos años”, concluye “ordenando una estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia institucional contra el extremismo violento y el terrorismo internacional”.
Como denuncia Bregman, “cuando en 2016 se trató ley de reforma del Ministerio Público Fiscal querían crear una Subprocuración contra el terrorismo. Lo denunciamos como una orden de EE. UU. y su llamada ’política antiterrorista’. Aún no consiguieron la ley y avanzan con resolución del procurador interino”.
Efectivamente, la resolución es un intento de avanzar a tono con las “políticas antiterroristas” de Estados Unidos. Pero recordemos también que en los últimos meses, el Gobierno ha realizado denuncias sin fundamentos y operaciones contra organizaciones por ejemplo de la comunidad mapuche, que buscan crear un “enemigo interno”. Siguiendo el libreto de Patricia Bullrich, en las últimas horas la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró en televisión que “la RAM comete actos que se parecen al terrorismo”.
La resolución del procurador, en manos de un Estado que realiza estas operaciones y en los últimos cuatro meses es responsable de la muerte en manos de las fuerzas represivas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, es preocupante. Pero además porque utiliza casos como el de la AMIA – en los que se ha comprobado la responsabilidad del Estado y el Poder Judicial en la impunidad – para otros objetivos.
Como señala Bregman, “una vez más usan la causa AMIA para una criminalización de la protesta y avanzar en el control social. La impunidad se termina con la apertura de los archivos del Estado, no con la falsa preocupación del Procurador Casal ordenando una unidad antiterrorista”.
La Izquierda Diario te muestra la resolución de la Procuración General de la Nación.
PGN-3544-2017-001 by La Izquierda Diario on Scribd
| 
