No es la primera vez que el intendente Mazzone aparece como protagonista en un hecho controversial. En mayo del año pasado se vio involucrado en publicaciones que lo mostraron como pedófilo desde una cuenta de facebook que Mazzone denunció como “apócrifa”. Tampoco se trata del primer hecho que implica a funcionarios políticos de la provincia: en 2013, en el marco de un operativo de la policía federal en Salvador Mazza en el que fueron rescatadas 64 mujeres de manos de una red de trata, fue encontrado semidesnudo el intendente K Carlos Villalba, quien a la fecha sigue impune por este caso.
En la provincia que en 2014 fue noticia por el alarmante crecimiento de la violencia hacia las mujeres y los femicidios, que llevaron al gobernador K Urtubey a decretar la Emergencia Provincial en violencia de género, sale a la luz un nuevo escándalo que involucra a funcionarios del propio gobierno provincial.
Como denunciaron las organizaciones de mujeres, y las miles que participaron del XXIX Encuentro Nacional realizado en octubre pasado en esta provincia, la violencia hacia las mujeres no puede erradicarse con un decreto que no apunta a sus verdaderas raíces, como lo demuestran los 19 femicidios sucedidos en 2014, a lo que se suman los crímenes transfóbicos como el reciente asesinato de Gimena Alvarez.
Casos como el del intendente Mazzone de El Bordó o Carlos Villalba de Salvador Mazza, revelan la impunidad de la que gozan los funcionarios de la casta política salteña. Tienen una doble moral, porque son los mismos que sostienen el enorme peso de ¨la moral y las buenas costumbres¨ que impone Iglesia Católica en el régimen político. Quienes garantizan la reproducción de los mandatos clericales machistas y patriarcales imponiendo la educación religiosa en colegios públicos, negando la implementación de la educación sexual integral mientras la provincia lidera los índices de maternidad adolescente y siguen muriendo mujeres por las consecuencias de la clandestinidad del aborto. | 
