Nicolás Massot probablemente sea un completo desconocido para la gran mayoría de trabajadores y jubilados que se verán afectados en caso de aprobarse la regresiva reforma previsional. Sin embargo, su encendida defensa del proyecto durante la sesión de comisiones de Diputados, lo dejará en el recuerdo de muchos por una de sus frases más sinceras: “Señores diputados, no sintamos culpa”.
Licenciado en Economía y jefe del bloque PRO en la Cámara Baja desde 2015, el colorado de 33 años es una de las principales espadas parlamentarias de Cambiemos. Discípulo de Emilio Monzó, la historia de su familia está ligada a las páginas más oscuras de la historia argentina.
Nicolás es sobrino de Vicente Massot, histórico dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Vicente fue el primer periodista en la historia argentina en ser imputado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y fue llevado a juicio en 2015, aunque no recibió ninguna condena. La acusación que se le imputaba era su responsabilidad, y la de las autoridades del diario, por encubrir treinta y cinco crímenes cometidos durante esos años y presentarlos como “enfrentamientos” entre militares y organizaciones armadas.
A su vez, también se lo indicó como coautor por reparto de roles en el homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, dirigentes gremiales de La Nueva Provincia, “instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material, encubriendo a sus autores inmediatos”. Heinrich y Loyola habían encabezado la huelga que en el 75 los enfrentó cara a cara con Vicente Massot, el representante de la patronal en el conflicto. Fueron secuestrados en la madrugada del 30 de junio de 1976, cuando regresaban de su trabajo y el 4 de julio fueron hallados sus cadáveres maniatados por la espalda, con signos de haber sido torturados y con más de 52 vainas calibre 9 milímetros a su alrededor. “Son investigados dos homicidios” tituló La Nueva Provincia dos días después, en la única mención del diario que puede encontrarse sobre lo que pasó.
En un informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) de Bahía Blanca se estableció que La Nueva Provincia “fue uno de los voceros escritos más destacados con que contó la represión en nuestro país”. El mismo documento asegura que tras un trabajo de recopilación periodística se obtuvieron “editoriales y artículos aparecidos en el diario en los que se justificaba el accionar represivo y actos que luego fueron comprobados como violatorios de los derechos humanos”.
En el currículum de Vicente Massot figura otra perlita: fue el primer secretario de redacción de la revista Cabildo, publicación ultraderechista ligada a los sectores del nacionalismo católico, y trabajó junto al genocida Ramón Camps, quien era uno de los colaboradores.
Pero si el diario La Nueva Provincia jugó un rol importante como parte de una maquinaria ideológica para encubrir los crímenes de Estado durante la dictadura, no fue menos firme su defensa del genocidio en el retorno de la democracia. En el año 2006 un editorial del diario de Massot decía: “Hace 30 años quedó clausurada para siempre la posibilidad de que la Nación Argentina siguiese los pasos de Cuba. Ese fue el principal mérito de las Fuerzas Armadas y de los millones de compatriotas que apoyaron su decisión”.
Diez años después, en febrero del 2016, Nicolás llevaba apenas dos meses como jefe de la bancada PRO en Diputados y fue consultado sobre la acusación contra su tío. “Poco tiene que ver mi parentesco porque estamos hablando de una causa, por decir lo menos, manipulada, con fines de persecución mediática” fue la respuesta del sobrino estrella, quien consideró que su tío era sólo una víctima. “Fue una etapa traumática que no se supera con revancha, con politiquería ni con negocios. Se supera con justicia, para todos lados y de la misma manera”.
El 24 de marzo de ese mismo año, Nicolás protagonizó otro hecho que lo pinta de cuerpo entero junto a los diputados del PRO. “Nunca más a los negocios con los DDHH” decía el cartel que sostenía el colorado, con mirada seria en primera fila.
Fiel a su linaje, Nicolás es un defensor de la causa que sostuvo históricamente su familia, del poder y de la impunidad de los poderosos. Ayer volvió a dejar en claro su prepotencia contra los más vulnerables, arengando a los diputados a convalidar el robo histórico a los jubilados que desea el Gobierno. “Los derechos adquiridos tienen que ser realidades posibles, no enunciados abstractos imposibles de cumplir. Señores diputados, no sintamos culpa”.
Suena lógico. | 
