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El Ayuntamiento de Ahora Madrid encabezado por Manuela Carmena no solo no ha iniciado seriamente el proceso de recuperación de las privatizaciones llevadas a cabo durante el gobierno del PP, sino que en sentido inverso, ha continuado con su política de gestión privatizadora neoliberal. En papel mojado han quedado sus promesas electorales cuando su programa decía “fiijar una estrategia de recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios públicos externalizados”.

Ahora Madrid acaba de emprender un nuevo proyecto, la privatización de los trabajos de conserjería en 50 centros educativos de distinto tipo. Hasta ahora estos trabajos eran realizados por personal propio directo del Ayuntamiento.

Durante el verano pasado el Ayuntamiento de Madrid publicó un concurso para adjudicar un contrato de servicios a una empresa externa por 50 conserjes o “auxiliares de control”, cuyas funciones son claramente definidas en el pliego: “información, atención al público y control”. El contrato tiene un valor estimado de 2,7 millones de euros, depende del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y se desarrollará en centros de educación infantil, primaria y educación especial.

Por lo tanto, a partir de ahora, el personal que realizará los trabajos de conserjería en estos centros pasará a ser gestionado por una empresa privada y sus condiciones laborales empeoradas y precarizadas profundamente con respecto al personal municipal que realiza las mismas tareas. Ese será el origen y fruto de donde maximizar los beneficios empresariales de la empresa concesionaria. Algo que no parece preocupar en absoluto al equipo de gobierno de Ahora Madrid.

Una externalización que además carece de cualquier justificación de carácter técnico. Todo suena, más bien, a un intento de ahorrarse gasto de personal propio para facilitar más negocio a las carroñeras y “precarizadoras” empresas denominadas “multiservicio” y detrás de las cuales se encuentran muchas grandes constructoras y/o entidades financieras.

Sin inversiones materiales que realizar ni infraestructuras que desarrollar, el negocio se basará en la diferencia que la empresa concesionaria pueda obtener entre lo que paga el Ayuntamiento por el servicio y lo que esa misma sociedad decida pagar a los trabajadores que van a desempeñar estas tareas. Lógicamente cuanto más amplia sea esta diferencia mejor para la empresa concesionaria. Este tipo de negocios es el que está facilitando el Ayuntamiento de Ahora Madrid. Negocios que son generadores de precariedad y sobreexplotación.

La situación es tan vergonzante que desde el sindicato de UGT han lamentado que si el lema original de Ahora Madrid era “remunicipalizar”, el gobierno opte ahora por comenzar privatizaciones y agregan que esto es solo “el principio de una iniciativa que podría afectar a 250 colegios y unas 500 personas en total”.

En lo que respecta al tema de la recuperación de los servicios el incumplimiento del Ayuntamiento es sangrante. Este fue un tema central de la campaña y despertó muchas ilusiones. Hay que recordar toda la reacción popular que desencadenó el intento de privatizar la sanidad en la Comunidad de Madrid.

Según ha ido avanzando la legislatura se ha vislumbrado la incapacidad política de Ahora Madrid para llevar a cabo su programa puesto que ello supone enfrentarse a los grandes poderes económicos de la ciudad. De hecho, solo se han remunicipalizado servicios que gestionaban empresas que han sufrido quiebra como Bici-Mad (operación muy rentable para la empresa concesionaria), o el caso de la Funeraria de Madrid, empresa amortizada ya que fue adquirida por un euro hace años.

Todo lo contrario ha ocurrido con un servicio municipal tan importante como es la recogida de residuos sólidos urbanos, cuya nueva concesión privatizada en tres lotes se inició el pasado mes de julio. Un sector, además, en el que las inversiones y gastos son mínimos y la competencia es inexistente en un mercado de auténtico oligopolio. Solo hay que ver el reparto de los lotes efectuado entre las mismas empresas constructoras y financieras que se vienen repartiendo el pastel de algo más de 1 millón de euros por la gestión de los servicios municipales. Lo mismo pasa con multitud de polideportivos o centros culturales.

La defensa de la remunicipalización solo será posible mediante la movilización organizada de los trabajadores y usuarios, que luche además por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y la puesta en marcha de un programa de creación de empleo público bajo control de los propios trabajadores y usuarios. Solo así se puede ofrecer una solución a los miles de jóvenes, mujeres y desempleados de larga duración a los que no se les ofrece ninguna alternativa vital.