En la foto, Felipe VI, Mariano Rajoy, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Palacio de La Zarzuela. 27/01/2015. Casa Real.
En estas últimas semanas algunos casos judiciales contra el PP están levantando ampollas. Y el partido de M. Rajoy se prepara para ser amigo del juez (o tener un juez amigo).
¿Cuántas veces M. Rajoy o cualquiera de sus ministros se han jactado de la división de poderes?, ¿Cuántas veces hemos escuchado decir al Presidente M. Rajoy que siempre respeta las decisiones de la justicia?, ¿Y, el ministro de “justicia” Rafael Catalá? Innumerable cantidad de veces. Eso, claro está, es cuando el poder judicial les favorece.
Durante la legislatura de mayoría absoluta de Rajoy, el PP acabó de copar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y, gracias a su posición de dominio en el órgano de gobierno del poder judicial está moviendo jueces a diestra y siniestra para poder tapar la enormidad de casos de corrupción que afronta la formación heredera del franquismo.
El baile de los sillones judiciales
En mayo de éste año han logrado “colocar” los magistrados Concepción Espejel y Enrique López, quienes fueron recusados a la hora de juzgar casos del PP, precisamente por su proximidad al partido de Fraga Iribarne. Espejel se había convertido en la presidenta de la sección segunda de lo penal de la Audiencia Nacional, sección que lleva gran parte de los casos de corrupción que afectan al PP. López es un habitual del grupo FAES y columnista de La Razón.
La sección presidida por Espejel se encargará de supervisar la gran mayoría de casos de corrupción que afectan al PP, lo cual le da una fuerte posición para “influenciar” la resolución de los mismos. Ambos magistrados, Espejel y López, que fueron recusados en varias oportunidades para juzgar al PP, han logrado ponerse al frente de una pieza referente al Caso Púnica. Digamos que el PP de Madrid se ha sacado un peso de encima.
El pasado 20 de noviembre, Juan Pablo González fue elegido por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional como uno de los tres jueces que se encargará de juzgar varias piezas separadas del caso Gürtel y redactar las respectivas sentencias. Imparcialidad en entredicho puesto que asistió a muchos cursos de FAES, además de haber sido aupado por los votos de los senadores del PP.
Otro ejemplo de cómo obra el “brazo judicial” del PP es el relevo del juez Julio de Diego, quien fuera decisivo en la citación de “M punto Rajoy” para declarar como testigo en el caso Gürtel. Este juez ha sido apartado del tribunal que juzgará la “caja B” del PP a instancias de la Audiencia Nacional. Y, por supuesto, será reemplazado por otro juez afín a los populares, Juan Pablo González.
Seguramente la máxima de Rajoy sería algo así “Hazte amigo del juez y, si no puedes, coloca uno que ya sea amigo tuyo”. También, Rajoy tejió su telaraña dentro de la fiscalía. Hace unos meses atrás el fallecido fiscal Maza había nombrado como fiscal anticorrupción al fallido Manuel Moix, quien fuera alabado por Ignacio González en las grabaciones de la operación Lezo.
Un poder judicial casi calcado del franquismo
Fue así infinidad de veces en relación a la ofensiva judicial contra el movimiento democrático del pueblo catalán. El Tribunal Constitucional junto a diversos juzgados y la fiscalía se encargó de un complejo diseño judicial para tener encarcelados a importantes dirigentes (aún sin condena y con una acusación que no se sostiene). También fue así con los juicios del 9N y las multas y también con todos los delitos que el PP considera sin ningún asidero legal delitos “de odio”, cuando son “de opinión”.
La fiscalía general del estado no tiene independencia alguna respecto del poder ejecutivo. La reforma del reglamento del Tribunal Constitucional que el PP hizo en solitario en 2015 aprovechando su mayoría absoluta, no solo sirvió para dejar a las órdenes del Gobierno dicho órgano, sino para que pueda tomar todas las medidas necesarias para efectivizar sus dictámenes (solo las que ellos quieren, porque hay muchas que engordan archivos).
El poder judicial pasó íntegro del franquismo a la “democracia”. La llamada “Transición democrática” preservó los mismos jueces que hubo durante la dictadura que tan solo fueron cambiando por “ley” de vida, aunque dejaron sus herederos. La Constitución les garantiza la inamovilidad de por vida y estos son todos nominados por el Rey en acuerdo con Diputados y Senadores y la casta de jueces. Entre ellos se lo guisan y entre ellos se lo comen. Son lo que llamamos el “partido judicial” al servicio del régimen.
Por lo tanto, de división de poderes “ná e ná”. El poder judicial que es “imparcial”, que no mira a quien para impartir justicia, puesto que solo hace cumplir las leyes que votaron los diputados, y que tantas cosas, no existe. Lo que existe es un entramado institucional entre diputados, senadores, el gobierno y la oposición, el poder judicial y la Corona, que se encargan de proteger las camarillas políticas encargadas de los grandes negocios capitalistas. Y, por supuesto, a los propios capitalistas.
Una justicia para ricos
El poder judicial instaurado por la reaccionaria Constitución del 78, es un poder acorde a la democracia para ricos en la cual vivimos. Capaz de poner presos a titiriteros, de resolver “judicialmente” el conflicto en Catalunya, de liberar a los fachas que en Madrid destrozaron las instalaciones de Blanquerna, de tardar años y años en juzgar a los corruptos. En síntesis, es una justicia para los ricos y las grandes empresas.
Esta democracia para ricos es irreformable. No se pueden usar sus mecanismos para acabar con la corrupción, ni para cambiar la Constitución. No se trata de reformar la democracia capitalista, se trata de reemplazarla por el poder de la clase obrera y el pueblo, por el poder de la mayoría y así comenzar a resolver los graves problemas sociales y democráticos. | 
