Entre los militantes identificados estaban los dos candidatos de la CUP Lleida, Mireia Boya y Pau Juvillà, quienes han explicado que los policías han pedido las identificaciones preguntando de qué partido eran, a lo que la diputada y presidenta del grupo parlamentario Mireia Boya respondió que eran de la CUP.
Ante ello, los policías han indicado que no tenían la certeza de que lo fueran, por lo que Boya mostró su carné de diputada, un documento que tampoco quisieron reconocer los agentes, quienes además pidieron las identificaciones a todos los participantes al acto.
La ex-diputada de la CUP, Mireia Boya en Twitter, ‘No se puede opinar en el espacio público y, como en el franquismo, a ellos no se los puede cuestionar.’
Ha añadido que presentarían una denuncia a la Junta Electoral de Lleida y han denunciado la represión y la actuación de la policía nacional: “Hemos presentado nuestros decretos de la dignidad. Pedimos, y seguiremos haciéndolo, el fin inmediato de la política de represión y de persecución impulsada por el Estado español y la retirada del CNP y GC del territorio catalán”.
Este no es un hecho aislado, es parte de la escalada represiva que impuso el Gobierno central y el Régimen del 78 con el 155. Existen permanentes identificaciones y amenazas de represión no sólo a la izquierda independentista.
También a los CDR (Comités de Defensa de la República) contra los que el magistrado ordenó a la Guardia Civil que investigue su organización y actuación, así como identificar a sus responsables y la intervención que hayan podido tener en el proceso independentista. También ha solicitado investigar a los responsables de las movilizaciones sociales del 20 y 21S, el 1-O y el 3-O.
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