En esta semana, se debatió en Noruega la despenalización del consumo de drogas, discusión en la que cuatro de los nueve partidos que conforman el Parlamento, votaron a favor de la medida. Transformándose en el primer país escandinavo que despenaliza el consumo.

Ante dicha resolución, se establece que las temáticas de drogas serán labor y responsabilidad del Ministerio de Salud y ya no más del Ministerio de Justicia como sucedía hasta la actualidad.

Esta medida de ofrecer asistencia y tratamiento a las personas con consumo adictivo de sustancias estupefacientes, se utiliza como método alternativo a la sanción en prisión. Iniciativa que surgió por primera vez en Portugal y que se tomó como ejemplo para incluirlo en el debate actual de Noruega.

Al respecto, Sveinung Stensland, vicepresidente del Comité de Salud del Parlamento señaló que “el cambio llevará algún tiempo, pero esto significa una visión diferente: aquellos que tienen un problema de abuso de sustancias deben ser tratados como enfermos y no como criminales con sanciones clásicas como multas y encarcelamiento”.

Ante éstas medidas, es necesario relevar que las políticas prohibicionistas han sido desde sus inicios, una de las principales responsables de los efectos perjudiciales en la vida de las personas y el desarrollo de un mercado mafioso de narcotráfico que convive pacíficamente con las leyes de penalización al consumo.

De manera que, si bien la despenalización es un paso porque permite que las personas no vayan presas por tenencia para consumo personal, no combate el mercado negro del narcotráfico, este elemento se pone en juego mediante la legalización de la producción, distribución y comercialización de las drogas. De esta manera, se busca terminar con el gran negocio del narcotráfico, que se alimenta día a día de la ilegalidad de las drogas para hacer ganancias exorbitantes.