Con el aval de los votos peronistas en el Senado, en abril de 2016 el gobierno de Macri pagó casi U$S 10.000 millones a los fondos buitres, mal llamados “holdouts” por la prensa burguesa. Sin embargo, un pequeño grupo de especuladores que representa el 2% de la deuda en default con los privados no adhirió al acuerdo millonario con la Argentina y podría reabrir la causa cuando considere conveniente.
La prórroga de soberanía que se incluyó en las reestructuraciones de 2005 y 2010 –y que había comenzado a tener vigencia en el endeudamiento del país durante la última dictadura militar– es la que explica que haya tomado tanto protagonismo el juzgado norteamericano, y específicamente el juez Thomas Griesa. El fallecimiento del juez vuelve a poner la alerta sobre una posible reapertura de la causa.
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El largo listado de pequeños bonistas que no adhirieron al acuerdo de 2016 están muchos de ellos jubilados, o son sus herederos en el caso que los primeros tenedores de los bonos caídos en default hayan fallecido. Éstos no aceptan la oferta argentina por dos motivos.
Uno de ellos, es porque consideraron que la millonaria oferta es insuficiente y siguen reclamando el 100% más los intereses que estipuló en algún momento Griesa.
El segundo motivo, en el que se incluye también a los primeros acreedores, son bonistas individuales o fondos que agrupan a personas (alguno de ellos argentinos), que reclaman porque deben hacerse cargo de los honorarios de los abogados litigantes, dinero que se le descuenta de las eventuales liquidaciones que recibirían en el caso de terminar aceptando la oferta argentina.
En ambos casos, se trata de un verdadero caso de rapiña, pues cabe recordar que las ganancias que obtuvieron los buitres por el acuerdo con la Argentina alcanzaron a 3.000% en ciertos casos. Vale señalar que el monto de deuda en default era cercana a U$S 3.000 millones y el monto a pagar según la sentencia es de más de U$S 9.000 millones. Es decir que quienes no aceptaron y están “disconformes”, aspiran a superar esta enorme rentabilidad por el sólo hecho de haber comprado bonos argentinos que valían menos del 30% de su valor cuando el país entró en default en 2001.
Argentina les pagó gratuitamente U$S 150 millones en concepto de honorarios de abogados a los fondos buitre porque así lo determinó el juez Griesa, dado que el país “perdió” el juicio con los bonistas. Este beneficio ya no puede ser usufrutuado por los fondos que no aceptaron el acuerdo. Estos, al no aceptar la oferta inicial y continuar litigando, perdieron el derecho de la liquidación de honorarios de sus abogados por parte de la Argentina; tendrían que hacerse cargo ellos mismos de estos costos. Ahora que el juez falleció, aspiran a exigir que el país se haga cargo del millonario pago a los abogados.
Según el razonamiento que hace el 2% de los bonistas, el gobierno de Mauricio Macri propuso un cobro de 1,5 dólares por cada dólar de los bonos caídos en default, pero descontando lo que se le debe pagar a los abogados representantes le quedarían finalmente unos 0,8 dólares. Mencionan los bonistas en protesta que los 1,5 dólares es lo que efectivamente cobraron Elliot de Paul Singer, Kenneth Dart. Olifant, Aurelius y el resto de los fondos buitre que representaban el 80% de la deuda en el juicio; y cuyos abogados cobraron cifras megamillonarias pero que superaban el 0,2% del total adeudado.
El tema está ahora en manos de la jueza Loretta Preska, que heredó la causa que durante casi una década manejó, y casi cerró el fallecido Thomas Griesa; y que debe definir sobre los reclamos de varios fondos menores que aún no aceptaron la oferta que Argentina presentó en enero de 2016 y que derivó en un acuerdo con los principales fondos buitre en abril de ese año.
El reclamo fue presentado ante Preska el 27 de septiembre pasado, y la jueza les presentó el mecanismo de cálculo para determinar el volumen de los honorarios a liquidar, lo que hizo que los acreedores se enardecieran y profundicen su malhumor contra la propuesta y, en consecuencia, continúen en su negativa a aceptar la oferta que llevó en su momento como secretario de Finanzas, Luis Caputo a Nueva York.
Según trascendió, la negativa de los acreedores a cerrar el trato y, definitivamente, terminar con la causa; provocó incluso peleas entre los abogados de diferentes tenedores de bonos, ya que algunos accedían a bajar sus honorarios, mientras que otros se mantenían firmes en lo que calculaba Preska. La jueza deberá ahora definir la compulsa. Para esto Preska ya le avisó a alguno de los fondos rebeldes, (entre otros el HWB Victoria Strategies Portfolio, Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y el U.V.A. Vaduz) a que se apresten a aceptar su decisión; o, eventualmente, apelar ante la segunda instancia.
Si la decisión fuera esta última, podría sucederse un nuevo episodio en la Cámara de Nueva York; donde el gobierno aún litiga el juicio por la venta de YPF ante el fondo Burford por unos u$s 4.000 millones.
El capítulo de la deuda no terminó para Argentina, desde la asunción del macrismo la deuda escaló de manera exponencial. A octubre de 2017, la deuda pública aumentó U$S 62.035 millones (un 25 % con respecto al monto de diciembre de 2015).
Asimismo, según el último informe del Indec, la deuda pública externa correspondiente al Gobierno Nacional trepó a los U$S 134.273 millones en el tercer trimestre de 2017, un alza de 36,2 % con respecto al tercer trimestre de 2016.
Como ya lo demostró la historia argentina, el endeudamiento sin frenos puede ser un factor explosivo.
La pelea es por dejar de pagar una deuda fraudulenta cuyos costos caen sobre las espaldas del pueblo trabajador. | 
