Se trataría de 273 alumnos y 61 oficiales de la Policía de Investigaciones graduados en Investigación Criminalística de la Academia Superior de Estudios Policiales, quienes habrían sido la razón de un gasto de aproximadamente $1.000 millones por parte de la institución.

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Dicho gasto pondría a la PDI en la mira de la Contraloría General de la República, quien en su informe argumenta que dichos viajes: "no tienen relación con actividades vinculadas a la formación de futuros oficiales o que fueran necesarias para su perfeccionamiento.”

Por su parte, la PDI afirmó que ya habría leído el informe y estaría analizando el caso.

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Este nuevo caso de uso indebido de dineros viene a sumarse a un largo prontuario que hasta el día de hoy siguen extendiendo las Fuerzas Armadas. Casos como el Paco-gate o el Milico-gate demuestran que la corrupción no sólo es por parte de los políticos de la derecha y la Nueva Mayoría, sino que corresponde al aparato Estatal y sus instituciones de conjunto, las cuales son manejadas por millonarios y empresarios.

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