Según la declaración de un testigo, difundida por el medio Reforma, la administración de César Duarte desvió 379 millones de pesos por medio de un contrato de servicios simulado, mismos que fueron utilizados para el pago del voto de diputados locales, deudas del gobierno estatal y la campaña electoral del PRI en 2016.

El contrato fue emitido a favor de Asesoría y Servicios Online S.A, de C.V. y el dinero fue trasladado en efectivo a un local de Manzil Construcciones, ubicado en la capital de Chihuahua. Las personas encargadas de la transacción serían cercanas a Antonio Tarín García, ex director de Adquisiciones del Gobierno, actualmente preso.

De esta cifra, que asciende a 379 millones de pesos y que se suma a los 250 millones de pesos desviados por los que ya se acusa a Duarte, 22 millones estarían destinados al pago de sobornos a diputados que votaron a favor de bursatilizar seis mil millones de pesos en 2016; de 20 a 30 millones serían para muebles de la Ciudad Judicial y seis millones más para el abogado de César Duarte, Ricardo Sánchez y para el diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien ya falleció.

Si bien el testigo no pudo confirmar que el dinero fuera entregado a sus destinatarios, lo cierto es que hubo una operación durante la administación de Duarte para procurar recursos al PRI en 2016, hecho que hoy se inscribe en el escándalo que ya incluye gobiernos priístas de distintas entidades y apuntan a una operación financiera a nivel nacional que trianguló recursos involucrando a la empresa Odebrecht para apoyar las candidaturas del tricolor en las elecciones del año pasado.

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César Duarte gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, actualmente se encuentra prófugo y con 11 órdenes de aprehensión en su contra, la mayoría por acusaciones de desvío de recursos durante su gestión. El caso de Duarte es otro ejemplo de cómo opera la impunidad en México, pues a pesar de las acusaciones y testigos en su contra, ha trascendido que el gobierno mexicano sabe que actualmente Duarte radica en Estados Unidos y, pese a ello, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales no ha solicitado su extradición.

En nuestro país existe un 99% de impunidad con respecto a la procuración de justicia y sólo 4.46% de los crímenes denunciados obtiene alguna sentencia. Índice Global de Impunidad 2017

Hasta octubre pasado, esta subprocuraduría estaba a cargo de Alberto Elías Beltrán, quien dejó el cargo para suplir a Raúl Cervantes como titular de la Procuraduría General de la República hasta que el Senado presente una terna, ¿cómo podemos confiar en que un hombre señalado por haber presentado declaraciones de su patrimonio en blanco durante los últimos siete años "perseguirá" a Duarte? mucho menos la institución a la que representa, garante de la impunidad en crímenes como el de la desaparición de nuestro 43 normalistas.

Está claro que los intereses a los que sirven estas instituciones no son a los de las grandes mayorías, sino a los de una casta política parasitaria que no sólo percibe sueldos y bonos millonarios, sino que además orquestan fraudes a nivel nacional saqueando millones del erario. Con ese mismo cinismo es con el que votan recortes y ajustes con los que quieren que sean los millones de trabajadores mexicanos quienes carguen con los costos de sus desfalcos.

La consigna de que todo funcionario gane lo mismo que una maestra cobra fuerza. Puedes conocer aquí a las dos trabajadoras que quieren dar voz a esta y otras demandas en el Congreso de la Ciudad de México.