La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) tiene su origen en una demanda presentada por vecinos contra el Estado Nacional, la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ampliada luego a los 14 municipios por los que se extiende la Cuenca y a 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios.
Esta es la “causa Mendoza” por la cual el 8 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento.
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Genocidio silencioso
El plomo es un metal pesado neurotóxico que cuando está presente en la sangre circula por todo el organismo y que al llegar al cerebro ocasiona daños neurológicos irreversibles y se acumula con el tiempo.
Según el relevamiento de Acumar el 40 % de la población de Villa Inflamable, en el Polo Petroquímico de Dock Sud, tiene índices elevados de plomo en la sangre; la misma fuente de contaminación se detectó en el 30 % de los habitantes de un asentamiento en Lanús; en el 20 % de la villa 21-24 de Barracas, en Wilde y en San Francisco, y porcentajes similares se hallaron en la villa 26, en la margen porteña del Riachuelo.
Fuente: Acumar.
El viernes 20 de diciembre Dorina Bonetti, sucesora de la ahora senadora Gladys Gonzáles, realizó la presentación del nuevo portal de datos abiertos de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Esta base de datos fue uno de las exigencias del fallo dictado por la Corte en 2008 que ordena sanear la cuenca, una de las más contaminado de la Argentina, todo condensado en un mapa en donde se puede obtener información sobre basurales, calidad de agua, riesgo socioambiental de la población y presencia de plomo en la sangre.
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¿Quién viene pagando el costo de la contaminación?
Más allá de la utilidad de los datos relevados, ante la urgencia sanitaria arrastrada desde hace años, en 2017 el gobierno de Cambiemos responde con un ajuste presupuestario, menos insumos y despidos: la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo que venía realizando diversas actividades sanitarias para mejorar la calidad de vida entorno a la cuenca, vio su capacidad fuertemente reducida durante el año pasado.
La atención sanitaria a la población que vive a orillas del Riachuelo disminuyó en un 60 % producto de un fuerte ajuste en el presupuesto, donde se registraron 56 despidos entre ellos médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales.
Mientras que la estrategia de trabajo de los funcionarios es atacar los síntomas y no las causas: se recortan los programas de atención sanitaria y limpieza, las industrias contaminantes apenas son multadas, sin ningún plan de instalaciones generales para el tratamiento y evitar el desecho de aguas contaminadas. El “ahorro empresario” en plantas de tratamiento lo pagan con su salud los más de 7 millones de habitantes que sufren alguna enfermedad desencadenada por la búsqueda empresarial de la mayor ganancia posible en el menor tiempo.
Esto es muestra de que la lucha por un gobierno de los trabajadores que imponga un plan general de saneamiento, reformas y reconversión industrial es una necesidad no solo para vivir mejor, sino para defender el derecho mismo a la vida del pueblo trabajador.
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