El pasado 20 de diciembre, día en que venció el plazo establecido por la legislación laboral para que la patronal cumpla el pago de aguinaldo a los trabajadores, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ha señalado al menos 2 mil 40 casos en los que a trabajadores no han tenido el pago de ese derecho.

El aguinaldo –según lo define la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social– es una prestación laboral y un derecho irrenunciable de los trabajadores, sin importar la rama a la que pertenezcan y el nivel jerárquico que tengan. Se debe recibir antes del 20 de diciembre y su monto mínimo es de 15 días de salario o en su caso, la parte proporcional.

Además se establece este derecho a la prestación anual para todos los trabajadores, sin excepción alguna, ya sean trabajadores de base, de confianza, planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, así como a trabajadores del campo. La remuneración aplica también para comisionistas laborales, agentes de seguros, vendedores y otros similares, al ser considerados por Ley Federal del Trabajo como trabajadores dentro de una empresa a la cual están prestando sus servicios.

Sin embargo, éste como cada año es una oportunidad para los dueños y patrones de diferentes empresas –privadas o estatales– para incumplir este derecho, cuya acción marcada en el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo amerita una multa para la empresa infractora.

En el caso de los jornaleros del país, cuyo nivel de explotación laboral se podría comparar al sistema de esclavitud durante el periodo del porfiriato; sólo tres de cada 100 trabajadores y trabajadoras agrícolas tienen contrato laboral, mientras que siete de cada 100 recibe prestaciones como aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo.

Según datos del Inegi, este sector de trabajadores enfrenta su inserción al mundo de trabajo con un promedio de escolaridad de primaria incompleta, además de que el 24% no habla español sino su lengua originaria. Pero no es todo. Las mujeres enfrentan además el acoso sexual y laboral, como denunciaron las jornaleras de San Quintín en Baja California durante la lucha de 2015.

Es el caso también de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el estado de Campeche, donde el descontento por el impago del aguinaldo, llevó a cientos de trabajadores de la planta a contemplar la posibilidad de un paro laboral para garantizar el pago de la prestación.

Mario Díaz Ortega, secretario general de la Coordinadora para la Defensa de Pemex señaló recientemente la inconformidad obrera en la planta por violentar este derecho anual.

Pemex Exploración y Producción (PEP) argumenta que la falta de cumplimiento en tiempo y forma, obedece a la migración de pagos de los trabajadores jubilados al corporativo en la Ciudad de México, pero es una excusa inválida.

Y es que el conjunto de los trabajadores ha señalado también que a principios de mes, se les notificó una tabla donde Pemex notificaba los alcances del aguinaldo para este año, así como otros beneficios en torno al patrimonio familiar, sin embargo, el pago no fue cubierto antes del 20 de diciembre como lo marca la ley.

Los petroleros han advertido que el pago impuntual contraviene la cláusula 152 del Contrato Colectivo de Trabajo y el artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo, pero el secretario general del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, hace oídos sordos a estas cuestiones que afectan a miles de trabajadores del sector.

Hasta el periodo 2013-2015 –según reconoce Díaz Ortega–, el incremento al salario se pagaba a todos los trabajadores por igual; para sindicalizados, de confianza, jubilados y activos, pero esta situación no ocurre más. Una muestra del avance y las consecuencias de la reforma energética aplicada por el gobierno y los partidos políticos al servicio de los empresarios.

Mientras esta situación se descarga para el grueso de la clase trabajadora y sectores populares, los diputados, senadores y funcionarios públicos se votan escandalosos aguinaldos y legislan para favorecer sus propios intereses.

La plataforma que aspira a presentar una candidatura independiente en el distrito 32 de Coyoacán, Anticapitalistas al Congreso de la CDMX, formada por Sulem Estrada y Miriam Hernández han decidido levantar la voz y decir: ¡Basta de privilegios! Frente a la creciente inflación y encarecimiento de la vida que enfrentan millones de familias en todo el país, Anticapitalistas al Congreso de la CDMX propone que “todo funcionario público gane como una maestra o un trabajador medio”.

En este sentido, el desafío de Sulem Estrada y Miriam Hernández es el de llevar la voz de cientos de miles de mujeres, trabajadores, amas de casa, estudiantes, jóvenes y sectores populares al Congreso de la CDMX para denunciar los distintos golpes que el gobierno viene implementando contra los derechos y conquistas del conjunto de la clase trabajadora de la ciudad y del país.