El Gobierno busca fórmulas y retóricas para enmascarar la realidad que no es otra que el saqueo del Fondo de Reserva de las pensiones ha dejado sin capacidad a la Seguridad Social de hacerse cargo del pago integro para el próximo 2018, sobre todo en los dos pagos extras de verano e invierno.

Para ser más precisos, tampoco este pasado 2017 la Seguridad Social tuvo la capacidad económica de hacer frente de forma íntegra y el Tesoro tuvo que conceder un préstamos de 10.100 millones de euros, un 50% menos que los 15.000 millones que se prevé se destinen este 2018.

El pago de las jubilaciones viudedad, orfandad, a favor de familiares o discapacidad que perciben más de 9,4 millones de pensionistas se nutria de la propia recaudación de la Seguridad Social y de la Reserva del Fondo de Pensiones en casos puntuales.

De hecho, este Fondo de Pensiones llegó a tener en sus arcas hasta 66.815 en 2011, pero las diferentes reformas, primero la del 2011 (con gobierno del PSOE) y posteriormente la del 2013, han menguado mucho su capacidad económica.

A estas reformas, que suponen una pérdida de hasta un 35% del poder adquisitivo de los pensionistas, como señalan desde la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, hay que añadir que la “hucha de las pensiones” ha servido para el pago de negocios privados fallidos como autopistas y aeropuertos, como también señalan desde la Coordinadora.

Según Emma Navaro, secretaria general del Tesoro y quién ayer lunes comunicó la previsión del préstamo, esta inyección de 15.000 millones no supone un aumento de la deuda. Y es que según las cuentas del Estado, la deuda pública se calcula restando a la deuda los activos del Estado, y en este caso no existe tal disminución de activos, como si ocurría cuando se tomaba dinero de la “hucha de las pensiones” para otros fines.

Pero esta retórica esconde que ese préstamo del Tesoro será, no rellenado de otras partidas del Estado, sino por los mercados mediante la emisión de bonos, es decir, por inversores privados que compran deuda pública del Estado español.

Pero más allá de la cuestión coyuntural que el Partido Popular y el ejecutivo de Mariano Rajoy buscan enmascarar de retórica, lo cierto es que el Estado ha ido desinflando cada vez más la reserva de las pensiones en pro de defender los intereses privados mediante rescates.

De los 66 millones en 2011 se ha pasado a los actuales 8.095 euros, cantidad que apenas da para abonar una paga extra. Tras una vida de trabajo, casi 10 millones de pensionistas ven como el afán de lucro y la gestión del Estado capitalista, no solo les empobrece con reformas y pérdida de poder adquisitivo, sino que a corto o medio plazo el pago de pensiones puede ser insostenible de esconder incluso para los “expertos” de Moncloa.