Tras una campaña con un fuerte sentido nacionalista y xenófobo y apelando a una base social profundamente conservadora, Trump anunció que retiraría el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), una medida que va de la mano con su política de “hacer grande a EE.UU. otra vez” de la mano de la deportación masiva de indocumentados latinoamericanos y en particular mexicanos.
Sin embargo, este martes 9 de enero el juez William Alsup del distrito de San Francisco bloqueó la decisión de retirar el programa en el estado de California en contra de los motivos expuestos por el gobierno federal que argumentaba que los jueces de distrito no tenían autoridad para cuestionar las decisiones del gobierno y si éstas son acordes a la ley.
La decisión del juez no cae del cielo. Es resultado de la presión ejercida por los cientos de miles de jóvenes indocumentados (llamados “dreamers”), organizaciones solidarias con ellos, así como las movilizaciones masivas que recorrieron EE.UU. no sólo en contra de esta decisión, sino también con otras medidas similares como la de vetar la entrada de refugiados de países de cercano y medio oriente de mayoría musulmana. Esta política fue respondida con bloqueos en aeropuertos, misma que nuestros compañeros de Left Voice, sección en inglés de la Red Internacional de Diarios Digitales, cubrieron in situ y que se puede consultar acá.
Detrás del bloqueo del juez Alsup están no sólo los miles de dreamers e inmigrantes indocumentados, sino también distintas administraciones locales e instituciones como la Universidad de California. Se oponen no sólo a la decisión de Trump de eliminar el programa, sino también a retirar presupuesto de las llamadas “ciudades santuario” donde a pesar de que dicen ser un lugar seguro para que la decisión del gobierno federal no afecte a los indocumentados, las administraciones estatales y locales de todas maneras hacen sus propias inspecciones y deportaciones.
Esta situación aparentemente contradictoria se explica por la decisión de Trump de pedir un presupuesto de de 18 mil millones de dólares para la construcción de su muro, para lo cual necesita del apoyo de los Demócratas. La intención era usar el DACA como moneda de cambio, pero el revés del juez Alsup revela que las negociaciones son tensas para los políticos del bipartidismo estadounidense.
Si bien la decisión de Alsup es favorable, es sólo un pequeño respiro para los miles de dreamers que esperan no ser deportados del país que llaman su hogar. La movilización en las calles de éstos, en alianza con otros sectores oprimidos históricamente en EE.UU. como las miles de mujeres que salieron a las calles tras el ascenso del magnate a la presidencia, la comunidad negra víctima del gatillo fácil, los trabajadores de distintas ramas y en especial los precarizados que luchan por el salario mínimo de U$15 pueden no sólo torcerle el brazo al gobierno, sino cambiar la correlación de fuerzas en favor de la libertad de tránsito y la apertura de las fronteras del principal país imperialista.
Sólo luchando contra la administración republicana de Trump así como contra los demócratas que cínicamente fingen estar del lado del llamado “99%”, manteniendo independencia política de ambos partidos y de los empresarios es que se puede solucionar la demanda de los dreamers y evitar que sean expulsados en masa de lo que ellos consideran su hogar. | 
