La Asamblea Nacional del Colegio de Profesores (CdP) se realizará en el marco del anuncio de un nuevo gobierno de Sebastián Piñera y la elección de 21 parlamentarios del Frente Amplio; conglomerado del cual es partícipe el presidente del gremio, Mario Aguilar y otros de los dirigentes del directorio.

Frente a la ola de ataques que han recibido los docentes durante el gobierno de Michelle Bachelet (Carrera Docente, desmunicipalización, la continua inestabilidad laboral, entre otras) es clave saber qué señal dará el principal sindicato docente del país con un gobierno de derecha. ¿Convocará a movilizaciones o parlamentarizarán las demandas?

Cientos de denuncias han salido a la luz en distintas comunas y ciudades del país, como Antofagasta, Providencia, Maipú, La Florida, Cochali, Talcahuano, Tomé, Concepción, entre otras. Cientos de profesores año a año se enfrentan a los contratos a plazo fijo, o están expuestos a la facultad del director de poner a disposición al 5% de la dotación docente de un establecimiento.

Luego que los docentes llevaran adelante una lucha por la recuperación del gremio contra las direcciones de la Nueva Mayoría con Jaime Gajardo del Partido Comunista como principal figura rechazada, la nueva directiva del CdP no se transformó en un actor que lograra triunfos en las batallas docentes, como se mostró ante los proyectos educacionales propuestos por la Nueva Mayoría; así como tampoco preparó la defensa para los despidos masivos de fin de año, que son ya un patrón en la vida de los profesores.

Ahora nuevos ataques se esperan con un gobierno de derecha y la aplicación de la Ley de Nueva Educación Pública. Es por ello que el CdP debe volver a ser un actor político, una oposición activa que debe partir de la unidad de los estudiantes, apoderados y docentes, como se ha mostrado en las iniciativas frente a los despidos masivos en la comuna de Providencia y Antofagasta.

En este contexto se hace necesario una nueva agenda docente como herramienta para unificar al conjunto del profesorado y un plan de movilización, que junto con demás funcionarios de la educación, apoderados y estudiantes pongan su fuerza en las calles.

La agenda debe poner al centro la titularidad, fin a los despidos encubiertos bajo la figura de plazo fijo, la persecución por opinión política, fin al agobio laboral, la vuelta de los colegios al Estado, la democratización en la elección de toda autoridad educativa, el pago de la deuda histórica, y lograr que los consejos escolares sean resolutivos.

Así como el 2015 la movilización logró la titularidad para 30 mil profesores, ante un gobierno de Piñera y un parlamento fragmentado sólo con grandes movilizaciones se conseguirán los objetivos propuestos. Para ello, es fundamental llevar adelante jornadas de reflexión y coordinación con otros actores. Si estas movilizaciones son apoyadas por la nueva oposición en el parlamento, distinta a la derecha y a los partidos de la Nueva Mayoría, se podrá dar mayor visibilidad; sin embargo, la sola estrategia parlamentaria es completamente insuficiente, y así se ha demostrado en las últimas décadas.

Los dirigentes comunales y regionales reunidos en la Asamblea Nacional evidenciarán si están dispuestos a luchar por realizar asambleas masivas, movilizaciones y unidad con estudiantes y apoderados, como ha destacado en las batallas en curso contra las desvinculaciones y persecuciones en Antofagasta y Providencia.

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