A la detención de Juan Pablo “Pata” Medina, el año pasado, ahora le tocó el turno de Humberto Monteros, a quien llaman “el Pata medina de Bahía Blanca”, con denuncias similares. A los directivos de la UOCRA balnearia, se les acusa de “prácticas extorsivas” por “obligar a los contratistas a contratar proveedores de catering, transporte y equipamiento de empresas vinculadas al gremio.
Esta nueva ofensiva contra dirigentes burocráticos, se inicia directamente desde la gobernadora María Eugenia Vidal, quien denunció públicamente a Monteros en septiembre pasado, cuestión que retomó el fiscal Zorzano para llevar a cabo los allanamientos de los locales gremiales de la OUCRA, que dieron como resultado tres valijas con 5.252.000 pesos y USD 100 mil.
Estas detenciones, que se suman a la detención del “Caballo” Súarez del SOMU y recientemente la de Balcedo y la causa contra Santamaría (del sindicato de porteros y dueño de Página/12), se enmarcan en una ofensiva del gobierno contra los sindicatos, que responde a varias cuestiones.
Primero, cabe resaltar que estamos a las puertas de la discusión de la contrarreforma laboral (que implica un brutal ataque a los trabajadores) lo que lleva al gobierno a hacer una ofensiva para poner a todos los dirigentes sindicales a la defensiva, mejorando la negociación a su favor para que se apruebe la ley; Segundo, se aprovechan estos circos judiciales para mostrar a los referentes de Cambiemos como “luchadores contras las mafias”. No por nada aparece Vidal (después de pasar desapercibida durante la votación de la reforma previsional) como actriz principal de las denuncias.
Demás está decir que los dirigentes protagonistas de las denuncias por extorsión y corrupción, bien les cabe el sombrero. Son burócratas que hace décadas no trabajan (si alguna vez lo hicieron), que mediante un régimen mafioso y represivo impiden que surjan alternativas democráticas que represente verdaderamente a los trabajadores, a la vez que se enriquecen con mediante negocios turbios, viviendo igual que los empresarios, muy alejados de la realidad diaria de quienes dicen representar.
Tampoco hay que olvidar que estos mismos “dirigentes” son los que en noviembre pasado, estaban dispuestos a firmar la contrarreforma laboral, con algunos cambios cosméticos. La extorsión del gobierno responde, entonces, no a que desconfíen de quienes garantizaron el ajuste hasta hoy, sino a que entienden que lo único que pude llevar a reacomodarse a estos dirigentes vendidos, es la bronca de sus bases. Si por la propia disposición a enfrentar la contrarreforma de las bases de los trabajadores obligan a sus direcciones a enfrentar, aunque sea de palabra al gobierno, mejor que estén los más contra las cuerdas posible.
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