El pasado miércoles 10 de enero, en horas de la madrugada, una embarcación rápida de pesca (“Lancha”) zarpó de San José de la Costa (Municipio Píritu, Edo. Falcón) tripulada con alrededor de 30 personas con destino a la isla de Curazao, en su mayoría jóvenes.

Hasta el cierre de esta nota, cuatro han sido los cuerpos sin vida localizados –según la fuente– “por coincidencia” durante un operativo por la zona costera de la isla, yse presume que pertenezcan a: Janaudy Jiménez de 17 años, Jaires Loaiza de 24 años, Danny Sánchez de 33 años y Yajaira Márquez de 31.

Según el reporte de un vocero oficial de la Policía de Curazao, ReginaldHuggis, la tragedia se suscitó cuando la embarcación llega a la altura de KoraalTabakDriftTrack y un fuerte oleaje parte en dos la “lancha” en que viajaban, generándose el “accidente fatal” donde varios jóvenes perdieron la vida.

Huggis descarta que se trate de un “crimen”, según informó “solo encontramos cosas personales de las víctimas… pero en realidad no había armas ni nada de objetos ilícitos”, aunque sobre el caso se posa una nube de hermetismo, fuentes cercanas a las víctimas a través de las redes sociales indican que se trata de jóvenes que emprendían destino clandestino a Curazao con el objetivo de intentar escapar de las condiciones brutales impuestas por la crisis económica en el país.

El insoportable peso de una crisis que no se puede ocultar

Según Pedro Arcaya, director de la Oficina Regional de Información (ORI), la Gobernación del Estado Falcón al tiempo que decreta tres días de duelo laborables, detiene a cinco personas “que se presume sean parte de la tripulación y continúan las labores de rastreo para hallar a las casi 20 restantes personas”. [El Falconiano, p. 3; sáb. 13/01/2018]

El apego a la lógica de la legalidad burguesa y sus “caminos inescrutables”: la manera en que expresa condolencias ante las víctimas fallecidas es deteniendo a las víctimas que sobreviven. Esto no es más que otro intento de ocultar lo inocultable: la tremenda crisis económica y social que azota al país y a la región.

Los tripulantes zarparon a Curazao luego de que Maduro decretara el cierre de relaciones comerciales con los gobiernos de Aruba, Curazao y Bonaire, y poco antes del convenio firmado con las islas ABC por voceros y funcionarios del Gobierno nacional y regional venezolano, bajo el pretexto de evitar el tráfico de material estratégico, que ciertamente flagela a la región, que ha sido el mismo utilizado para destinar sumas millonarias en equipos policiales, pero ocultando que es justamente allí donde radica gran parte del problema.

Hasta el momento no ha habido ninguna auditoría pública ni investigación a fondo de los escandalosos casos de corrupción de la administración anterior, a cargo de los gobiernos de Stella Lugo y Jesús Montilla, así mismo pretende ocultarse la recurrente participación de funcionarios activos de la GNB y policías en el robo de material estratégico (solo un par de ejemplos aquíy aquí).

Algunos voceros de la derecha regional como el dirigente adeco Eliécer Sirit con su demagogia habitual rechazan el cierre de relaciones comerciales con las islas pensando únicamente en beneficio de un puñado de grandes comerciantes y empresarios,pero ¿y qué hay del delito de los grandes empresarios y comerciantes cuando asfixian con sus precios y sus condiciones de trabajo a los trabajadores y el pueblo pobre, por encima de toda ley,y de manera totalmente impune en muchos casos?

La entidad falconiana ha sido testigo en los últimos años de varios desfalcos y crisis: Desfalco del Parque Eólico y crisis del sistema eléctrico, desfalco del Acueducto Bolivariano y crisis del servicio de agua potable (con y sin períodos de sequía), crisis del servicio del gas y entrega millonaria de recursos a las trasnacionales Repsol y ENI, y finalmente una crisis de las operaciones industriales donde se trabaja por debajo de la capacidad instalada tanto en la Zona Franca como en la Industria Petrolera.

Pero no, la desesperación ante el desempleo, la precarización, el hambre y las inclementes desmejoras en las condiciones de vida y de trabajo, de una parte de la juventud que arriesgando sus vidas emprende un viaje inseguro hacia lo desconocido, esa es la ilegalidad que cuenta.