Hace 56 años, el presidente Arturo Frondizi acordó la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre. Los nueve mil obreros del frigorífico y todo el barrio de Mataderos se levantaron durante varios días para enfrentar la entrega, obligando a los sindicatos a llamar a una huelga general. Solo una enorme represión pudo derrotar la resistencia.
En las elecciones nacionales de mayo de 1958, el expresidente Juan Domingo Perón (en el exilio y con el PJ proscrito desde el golpe de la Libertadora) llamó a votar a Arturo Frondizi (UCR Intransigente), a cambio de que éste le levantara la proscripción. Frondizi ganó pero no legalizó al PJ, lo que causó el descontento de los peronistas.
Lo que sí dio fue sobradas muestras de alineamiento con Estados Unidos: los contratos petroleros, la Ley de Radicación de Capitales y, a comienzos de enero de 1959, el Plan de Estabilización para cumplir las exigencias del FMI. En este marco mandó al Congreso una Ley de Carnes, que fue votada el 14 de enero. Esta contemplaba la privatización del frigorífico nacional Lisandro de la Torre –fundado en 1923– para vendérselo a la CAP (Corporación Argentina de Productores), un ente mixto controlado por los ganaderos. Así habilitaba los despidos, el aumento de la explotación y la liquidación de un organismo regulador del precio de la carne. Era una política destinada a compensar a la burguesía agraria por la eliminación de los subsidios a los productores. Además, Frondizi planificaba su viaje a Estados Unidos con empresarios para “atraer la confianza de los capitales norteamericanos y decidirlos a invertir en el país”.
La respuesta obrera
La conflictividad social aumentó. La dirigencia de las 62 Organizaciones Peronistas había impedido hasta ese momento un estallido. Pero en 1959, solo en la Capital Federal, más de 1.400.000 trabajadores estuvieron en huelgas.
Al recibir la noticia del proyecto enviado al Poder Legislativo, los trabajadores se movilizaron al Congreso: unos dos mil obreros se concentraron con carteles que expresaban sus reclamos: “En defensa de nuestro patrimonio, contra la entrega de nuestro frigorífico a la empresa privada”, “Como argentinos no podemos aceptar la entrega del frigorífico nacional”. Pero la ley fue sancionada.
En el frigorífico había nueve mil obreros afiliados a un sindicato autónomo con una conducción de las llamadas “duras”. Además de la comisión directiva, funcionaba un cuerpo de delegados por sección y se hacían asambleas periódicas, lo que dio a los militantes de base un rol clave en el conflicto. Como concentración obrera reforzaba la ligazón de la empresa con el barrio, a través de los lazos de parentesco y vecindad, además de los vínculos económicos, ya que el frigorífico era centro de la vida de Mataderos junto a la actividad del Mercado Nacional; así, cualquier conflicto en el establecimiento, necesariamente afectaba al barrio en su conjunto.
Los delegados convocaron a una asamblea general del gremio, que recibió la adhesión de las 62 Organizaciones, además del gremio de la carne, de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Personal Aeronáutico, Federación Universitario de Buenos Aires, las Asociaciones Rurales de la Provincia de Buenos Aires (cooperativas). El barrio comenzó a convulsionarse por los acontecimientos. Frente al frigorífico, los oradores de la asamblea proponían ocupar el establecimiento a la hora de iniciación del trabajo o realizar un paro de 24 horas y luego ocupar el frigorífico. Mientras, una delegación de la comisión directiva era recibida por Frondizi, quien se negó a vetar la ley. Unos ocho mil obreros de la asamblea votaron tomar el establecimiento y permanecer en él, paro por tiempo indeterminado y pedido a las 62 Organizaciones, a los 32 gremios democráticos y otros sindicatos que convocaran a un paro general en apoyo a la lucha. Los obreros concurrieron al trabajo pero al terminar los turnos, no abandonaron el establecimiento. En los alrededores comenzaban a concentrarse los familiares. La ocupación del Frigorífico, el 15 de enero, por sus trabajadores en contra de la privatización y la huelga general proclamada en apoyo de esta acción, pasó al centro de la escena nacional.
Toma, organización y represión
La ocupación y los miles de familiares y vecinos en los alrededores impuso la organización de una serie de tareas: la comida, lugares para dormir, la organización de una posible resistencia en caso de represión, la organización de la solidaridad de los vecinos y comerciantes del barrio, la formación de grupos para el cuidado de las cosas y los animales, tareas de vigilancia, control, mantenimiento del orden y la limpieza, el control y el cuidado de los propios compañeros.
El Gobierno nombró como “negociador” al jefe de la Policía Federal, el capitán Niceto Vega, quien declaró ilegal la huelga y conminó al personal a desalojar el establecimiento. El 17 de enero, una hora después del plazo, se desencadenó la represión. Durante los días anteriores los frigoríficos norteamericanos que aún trabajaban en el país comenzaron a despedir obreros, como la Swift de Berisso y Armour. Los trabajadores decidieron un paro de actividades.
Mientras las 62 Organizaciones convocaban a una reunión de emergencia y en el frigorífico los obreros colocaban piquetes de guardia en las esquinas, la fuerza represiva sumaba unos dos mil hombres. Un tanque atropella el portón y detrás entra la policía. Seis mil obreros reunidos en el patio empiezan a cantar el himno nacional y a tirar a la policía con todo lo que tenían a su alcance. Los policías desataron la represión con gases lacrimógenos y tiros; el cuarto piso fue desalojado luego de tres horas de resistencia. Finalmente, un contingente de la Gendarmería Nacional ocupó el frigorífico, con un saldo de 95 obreros detenidos y varios heridos. Dos mil niños del barrio fueron refugiados en la Parroquia San Vicente de Paul. Sin embargo, tras el desalojo violento la resistencia se trasladó al barrio y por varios días participaron el conjunto de los vecinos.
En el plenario de las 62, Vandor llama al paro general. Los otros nucleamientos gremiales acompañaron la medida. El Ejecutivo, momentáneamente en manos de Guido (Frondizi estaba en Estados Unidos), ordena el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas.
El comercio de la zona permanecía cerrado, los vecinos usaban colectivos para construir las barricadas, apedreaban los carros hidrantes con adoquines y hacían cortes de energía nocturnos para dificultar la represión: por varios días la policía no entró al barrio. Entre tanto, el Gobierno allanaba locales del PC, de los principales gremios peronistas y fueron apresados dirigentes gremiales, entre ellos Vandor, tras la declaración del paro. El Gobierno dispuso la aplicación del plan CONINTES [Conmoción Interna del Estado] que determinaba la realización de juicios de civiles por tribunales militares. Desde el principio de la huelga general, la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, principal enclave de los frigoríficos extranjeros y con una concentración de obreros elevada, fue declarada “zona militar” y custodiada por tropas del Ejército.
Desde Estados Unidos, Frondizi alentaba la idea de que la huelga era un plan subversivo de “comunistas, un sector del peronismo, los militares y la oligarquía”, alertando sobre el peligro de un golpe militar.
El paro general fue levantado por la burocracia sindical el día 22, declarando que lo hacía “en un máximo esfuerzo para evitar que se den condiciones que desencadenen un caso de tal magnitud que no excluya la pérdida de vidas y de bienes, según hace prever en caso de mantenerse la situación imperante en el país”. Mientras, la UIA apoyaba al Gobierno: “Para nosotros la cosa es firme, la ilegalidad del movimiento huelguístico es nuestro sentir”.
Durante el mes de febrero se reanudaron las tareas en el establecimiento con gente contratada fuera del plantel del frigorífico. El 20 de febrero fue detenido Sebastián Borro, uno de los principales dirigentes de la huelga. A fines de febrero solo tres mil obreros trabajaban en el frigorífico. Con cinco mil despedidos, el Gobierno anunció, a mediados de 1960, que se había efectivizado la venta a la CAP, que se hizo cargo del control del frigorífico ese año. Los trabajadores perdieron el control sobre las condiciones de insalubridad y los controles sobre ellos se hicieron más estrictos con la aplicación de las nuevas condiciones de productividad de la CAP. Los nuevos dirigentes ligados al vandorismo aprovecharon la condición de cesantes que le había sido impuesta a la anterior comisión directiva y los desafiliaron del sindicato, junto con el resto de los cesantes.
Recuperar la memoria
La huelga del Lisandro de la Torre ha quedado en la memoria de la resistencia obrera: los combativos métodos de lucha, la ligazón del frigorífico con el barrio y la extensión de la lucha, la amplia solidaridad generada, el alto impacto social logrado, fueron elementos que la convirtieron en un hito. Pero también, al constituirse en una lucha abierta contra un aspecto central de los planes de Frondizi, se convirtió en una lucha política contra el gobierno. Su derrota concentró también algunos elementos claves: la relación de fuerzas establecida por el gobierno después de las elecciones y el apoyo electoral logrado le permitió el uso de la represión para desalojar la empresa y forzar la derrota del conflicto.
Al mismo tiempo, el acuerdo con la burocracia sindical le puso límites a la combatividad de las bases y le abrió el camino al levantamiento de la huelga. Se allanaban así los planes del Gobierno y también se fortalecía a las direcciones sindicales en su rol negociador frente al Estado.
La derrota de los trabajadores del frigorífico se utilizó como amenaza disciplinadora al conjunto de los trabajadores. Sin embargo, aunque la fortaleza del Gobierno alcanzaría para abrir el camino de cambios estructurales claves para el país, no le permitiría superar la crisis política que se le abriría en el mediano plazo.
