El domingo 21 de enero Evo Morales retrocedió nuevamente al anunciar la abrogación del Código del Sistema Penal (CSP) “para evitar que la derecha siga conspirando”. Con este resultado la oposición patronal que se encaramó luego del conflicto médico se anota un punto y mejora su relación de fuerzas electoral para el 2019.
Entre tanto, la Central Obrera Boliviana (COB) y algunas “patrullas perdidas” de izquierda se sumaron a esta pelea burguesa para tener un código penal “consensuado“ como pedía la iglesia, las universidades y el mismo Mitma. Hoy para estas organizaciones, según el resultado, la situación de la clase obrera debería estar mejor que antes de la pelea. Sin embargo, aún las filas de la clase obrera continúan con sus fuerzas fragmentadas. No percibe que haya obtenido algún triunfo ya que no se sumó en ningún momento a la huelga y ni siquiera a las movilizaciones de la COB en La Paz. Triunfo extraño este que solo las clases medias y la oposición patronal lo reconocen como tal.
Luego de que el gobierno del MAS se viera obligado a retroceder después de la brutal represión a médicos y trabajadores de salud, surgió con el auspicio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y de la COB, La Coordinadora Nacional por la Democracia (CONADE), un agrupamiento que intenta convertirse en la continuidad de aquel bloque de partidos, iglesias y sindicatos de los años 80 contra la dictadura de Luis García Mesa.
El movimiento surgido “por la democracia”, por la abrogación del CSP y por la abrogación de la STC 84/2017 que desconoce el resultado del referéndum del 21F del 2016, se fue incubando en el conflicto médico, alentado fundamentalmente por las clases medias y que terminó de pegar un salto y emerger luego de la brutal represión alentada por funcionarios de gobierno.
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La oposición patronal levanta cabeza y logra encontrar un elemento aglutinante en las cada vez mayores tendencias presidencialistas de Evo Morales que ha llevado a violentar el resultado del referéndum del 21F. Cabe recordar que durante toda esta década el gobierno se llenó la boca con alusiones a que por primera vez, en Bolivia, habríamos transitado de la democracia representativa a la “democracia participativa” por la existencia de estas forma plebiscitarias de consulta popular. Sin embargo, la STC 84/2017 vino a demostrar la ficción de tal democracia y le permitió a viejos neoliberales darse un baño de “legitimidad” democrática. Sobre esta base es que el último mes se ha puesto en marcha un juego perverso entre dos bloques políticos que sostienen variedades de capitalismo semicolonial y dependiente: por un lado el MAS, con una visión tibiamente desarrollista, con una cada vez mayor integración a las clases dominantes y apoyándose en sectores de la burguesía regional y la vinculada a los negocios estatales pero con retorica popular y otro bloque con un visión inicialmente neoliberal pero dispuestos a aceptar la presencia estatal en la economía pero que reclama una mayor participación en los asuntos que le conciernen a toda la burguesía como clase, como el código penal u otras en las que quieren una cuota de participación.
CSP, una pelea anti obrera y anti popular
Para los revolucionarios, el Estado es una herramienta de la clase dominante al servicio de garantizar las más diversas formas de explotación y opresión. Fundamentalmente tiene la tarea de garantizar las condiciones para que el Capital, en manos de las clases propietarias, pueda reproducirse sin obstáculos, así como garantizar la “inviolabilidad” de este Capital. Está formado en su núcleo central, “por grupos de hombres armados” como la policía y el ejército, cárceles, tribunales y toda una serie de disposiciones y reglamentos punitivos. En este terreno, el núcleo donde se despliega el poder punitivo del Estado es precisamente a través de la Constitución que establece su marco normativo y las leyes penales que lo efectivizan. En este sentido, las formas en que la clase dominante base su dominación sobre los trabajadores y sobre toda la población, se expresará por un lado en los elementos constitutivos del sistema penal, como los tribunales, jueces, procedimientos y disposiciones penales. Las formas en que la burguesía ejerza su poder punitivo a través del Estado, nunca es absoluto, en el sentido que está determinado no solo por la necesidad del ejercicio de la violencia por parte de la clase dominante, sino también por los desarrollos culturales de la sociedad, por las características de la acumulación de capital en un determinado momento, por la historia del pueblo en cuestión y también por las relaciones de fuerza entre las clases que también imprimirán a este sistema punitivo de características y contornos particulares.
Esto es lo que explica las tres últimas grandes modificaciones en el país del código penal. Primero Banzer quien “modernizó” el código penal en función de las necesidades de la burguesía y de su propio régimen político durante la dictadura; luego en 1997 Gonzalo Sánchez de Losada adecuó el código banzerista a la necesidades del Capital durante el ciclo neoliberal y del régimen político vigente en aquel entonces conocido como “Democracia Pactada”; y hoy, Evo Morales pretende realizar una nueva “modernización” adecuando el código a las necesidades de reproducción del Capital en clave neodesarrollista – y por ello el fuerte blindaje del aparato estatal en los “Código Morales”- y en función de su régimen político cada vez más presidencialista (semi bonapartismo). Este último aspecto, el semi bonapartismo, es el que causa escozor en otros sectores hermanados con sectores empresariales y terratenientes, que quieren ser partícipes de la elaboración de las normas que garantizan el poder punitivo del Estado burgués. Ahora, luego de abrogado el CSP, las iglesias buscarán penalizar aún más el derecho al aborto. Los empresarios, aunque han ganado mucho dinero los últimos años con Evo Morales, tienen desconfianza a la inclusión de las “personas jurídicas” como sujetos punibles, ya que actos dolosos como por ejemplo contaminar aguas con desechos industriales, accidentes de tránsito por incumplimiento de normas de seguridad podría provocar también la punibilidad de estos sectores empresariales. Esto no tiene nada de comunista ni socialista, sino que es la expresión de los impactos que provoca el sistema capitalista y ha llevado a sociedades capitalistas centrales a tener que incluir la punibilidad de personas jurídicas cuando se cometen delitos -para aumentar ganancias o bajar costos-, contra la sociedad.
Así mismo desde el gobierno han aumentado las penas particularmente en delitos con alta sensibilidad en la población, como violaciones, trata y tráfico, etc., y como ha venido sucediendo hasta ahora, intentan llevar adelante una política de “demagogia punitivista” que buscó capturar a las clases medias que aún no han sido organizadas y movilizadas por la oposición patronal.
La burocracia sindical se divide y la COB se sumó a la CONADE
Si hoy el gobierno y la oposición patronal nos han brindado una “sombra” del clima político venezolano, es gracias a que durante estos últimos años lograron derrotar los principales intentos de los trabajadores de expresarse en forma independiente. Que los trabajadores estén momentáneamente ausentes del escenario político facilita que las discusiones entre diversas variantes del régimen puedan aumentar el volumen de su voz en sus disputas. Las derrotas de por lo menos tres procesos de importancia política solo fue posible con la colaboración de la burocracia sindical que actuó como lugarteniente del gobierno en los centros mineros, fabriles y la amplia mayoría de las organizaciones sindicales. Los más importantes fueron la liquidación del PT (Partido de los Trabajadores) y la derrota de su ala izquierda en Huanuni; la desactivación burocrática de las huelgas por la seguridad social el 2013 y finalmente, la más importante el cierre y despido de 900 trabajadores de ENATEX. Víctor Quispe y Wilson Mamani, Montes, Trujillo, Pérez y Mitma son los responsables de haber preparado esta situación. Sembraron ilusiones en el gobierno y cuando hubo que resistir, los trabajadores no pudieron sacarse de encima esos “dirigentes”. Mientras jugaban futbol con el presidente sembrando ilusiones en que Evo Morales salvaría la empresa, el ministerio de Gobierno preparaba la ocupación policial de la fábrica de manera “preventiva” el día de entrega de memorándum de despidos. Esto fue empujando a Mitma y a varios dirigentes sindicales a la oposición. Pero su pase a la oposición no significo un giro en relación a la independencia de clase como intentaron afirmar algunos grupos. No. La naturaleza de la burocracia sindical es ser la portadora de la ideología y la política burguesa al interior de los sindicatos. Es la policía de la burguesía en el seno de los trabajadores. Mitma solo cambió de referente burgués, no su naturaleza. Antes como expresión del MAS cuando prácticamente empezó la liquidación del PT al silenciarlo durante las huelgas del 2013.
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Hoy, detrás de la abrogación del CSP, una demanda que fue apoyada hasta por las iglesias, las cámaras empresariales del transporte pesado, los comités cívicos y las cámaras empresariales departamentales. Extraña confluencia de fuerzas políticas y sociales tan disímiles. En realidad esta unidad solo fue posible por la política de la burocracia sindical. Nunca pelearon por los propios intereses de los trabajadores, y de pronto emiten el comunicado de “huelga general indefinida” sumándose a un bloque nada menos que con las iglesias, las universidades, comités cívicos, las cámaras empresariales y el LIKE de Doria Medina y Rubén Costas. En estas condiciones no es de extrañar que la huelga haya sido un fracaso, ya que las minas, el petróleo, las fábricas, las industrias, los transportes, hasta los hospitales funcionaron.
Esto es lo que ha envalentonado a la burocracia evo moralista quienes pasan a la ofensiva apostando a la división de la COB o al control directo, desde arriba, de la organización sindical y ponerla bajo la órbita del ministerio de Trabajo.
La burocracia sindical del MAS actúa como policía patronal dentro de los sindicatos
El miércoles 17 de enero, la COB dirigida por Guido Mitma, sufrió el ataque de un grupo de dirigentes afines al MAS y controlados por Orlando Gutiérrez de la FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia). El ataque impidió la continuidad del ampliado convocado para evaluar la movilización por la abrogación del CSP. Horas más tarde, durante la noche un grupete de dirigentes, entre ellos Gutiérrez, bien adocenados con los dineros del Estado, se autoarrogaron el derecho de convocar a un ampliado para el martes 23 de enero que tendría como finalidad convocar un congreso de la COB, sin Mitma y sin opositores. Vienen violentando la democracia obrera en cada sindicato, buscando quedarse más de 10 años en las directivas para de esa manera proteger de las críticas al gobierno y perseguir a los trabajadores que se ubican en forma independiente.
De consumarse esta convocatoria los dirigentes del MAS estarían dividiendo en dos a la COB y repitiendo la historia del MNR cuando intentó crear la COBUR en 1957, intento que terminó con un par de dirigentes corrompidos colgados en la plaza de Huanuni.
Desde la LOR-CI, seguiremos bregando para expulsar a la burocracia sindical, tanto oficialistas como opositores, de las organizaciones obreras y sindicales. Solo con una nueva dirección de los sindicatos, democrática y con independencia política se podrá iniciar la pelea por nuestras propias demandas buscando unir las filas de los trabajadores, terminar con trabajadores de primera y de segunda como establecieron los neoliberales y continuaron los masistas, y finalmente organizar a la vanguardia de los trabajadores en un Partido de Trabajadores Revolucionario (PTR), única forma de enfrentar consecuentemente los diversos proyectos patronales. |
