José Antonio Meade Kuribreña prometió presentar una iniciativa que establece mayores castigos a los responsables, así como el decomiso de los bienes y dinero malhabidos para regresarlo a la sociedad.

Fue en un acto en el que estuvo acompañado por los dirigentes del PRI en el congreso de la Unión, así como por los líderes de la coalición que lo impulsa, integrada también por el PVEM y el Panal.

“A los ciudadanos les indigna, y con absoluta razón, que el dinero que debió ser utilizado para apoyar a los que más lo necesitan, termine en manos de la corrupción”, afirmó Meade en un alarde de demagogia. Como si con esa declaración pudiera borrar el hecho de que el PRI es el partido que suma el mayor número de casos de gobernadores, legisladores y funcionarios corruptos.

A su vez, afirma que él está limpio de hechos de corrupción. Como extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, él no está limpio de presentar y aplicar recortes presupuestarios sobre el gasto social, como salud y educación.

¿Qué propone Meade? La devolución del dinero o los bienes mal habidos. Y también desarrollar un “marco jurídico bien diseñado, instituciones sólidas, eficaces y bien coordinadas que no rindan cuentas a los políticos, sino permanentemente a la sociedad”.

Según el precandidato su iniciativa cuenta con tres elementos centrales: recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas para niñas, niños y mujeres; aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos; y volver obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.

Promete también la recuperación de los bienes obtenidos por el crimen organizado y con esos fondos apoyar los estudios y los proyectos productivos de niñas, niños y mujeres.

Se trata de un discurso desesperado por eliminar del imaginario social la sucesión de gobernadores denunciados por enriquecimiento ilícito, desvío de fondos y vínculos con el crimen organizado.

Una promesa imposible de cumplir, pues de los altos funcionarios –de todos los partidos– no hay uno solo que no haya rapiñado de las arcas públicas para su fortuna personal o que no haya aceptado sobornos de trasnacionales o empresarios mexicanos a cambio de adjudicar contratos de obras públicas o votar leyes diseñadas según los intereses de los poderosos.

Javier Duarte (exgobernador de Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), Roberto Sandoval (Nayarit), y últimamente César Duarte (Chihuahua) son los casos más sonados que profundizaron la crisis del PRI.

Pero también la casa blanca de Angélica Rivera, la primera dama, y la mansión en Malinalco, Estado de México, de Luis Videgaray, actualmente secretario de Relaciones Exteriores, fueron muy mal vistos a los ojos de las mayorías.

El hartazgo de los abusos y agravios llevados a cabo por el PRI contra los trabajadores y los sectores populares ya se expresó en las elecciones del 2017 en el Estado de México, cuando retuvo la gubernatura pero perdió 30% de los votos.

Ahora, Meade carga con ser el rostro del partido que gobernó por décadas, con la breve interrupción de sólo dos sexenios (2000-2006 y 2006-2012). Es difícil que sólo con prácticas clientelares pueda retener la presidencia de México para el PRI. Según la última encuesta publicada de Mitosky, el 17 de enero pasado, ocupa el tercer puesto en intención de voto, con sólo 18.2%. Así de profunda es la crisis del PRI.