Uno de los principales hechos que causaron revuelo inmediato fue la designación de Hernán Larraín para encabezar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A pocas horas de haber sido designado por Piñera, Larraín aseguró que no cerrarían el penal de lujo Punta Peuco, donde se alojan los militares condenados por crímenes de la dictadura en condiciones vip. Esto generó amplias críticas, más aún considerando los vínculos de Larraín con Paul Schaefer, líder del centro de detención y tortura Colonia Dignidad.
Militante de la UDI, partido históricamente defensor del Golpe de Estado en 1973, es también gran defensor de la figura de Pinochet, desconociendo las constantes violaciones a los Derechos Humanos cometidos en los 17 años de dictadura militar.
Larraín también es miembro de la Corporación de Amigos de Colonia Dignidad, lugar donde se desarrollaron acciones de represión a militantes de izquierda, mujeres y niños; torturas, desapariciones y asesinatos. Pese a los múltiples casos ya conocidos de violaciones a los derechos humanos, abusos sexuales, secuestros, torturas, detenciones ilegales y posesión de arsenal químico y militar en dicho recinto, Larraín y otros personajes han defendido este lugar. El futuro Ministro, incluso, se opuso a que se le quitara su personalidad jurídica en 1991.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), asegura que Larraín “guardó silencio y es uno de los cómplices que guardaron la impunidad” frente a los crímenes que ocurrieron al interior de Colonia Dignidad, ya que “él no debía haber ignorado lo que pasaba ahí” porque hay evidencia suficiente de los delitos cometidos.
“Nos violenta que sea una persona que se ha blanqueado en el Congreso y que se ha mantenido lejos de los temas de Derechos Humanos porque no le convenía (…) Él toma distancia y nunca entregó antecedentes, se lavó las manos y quedó como diputado y senador”, critica Lira.
Aparte de estos antecedentes, Larraín ya confirmó que Punta Peuco no se va a cerrar, como se mencionó solo tardó unos pocos minutos para confirmar la continuidad del recinto: “El Presidente lo ha planteado desde hace mucho rato, Punta Peuco es una cárcel que debe continuar en las funciones que desarrolla en la actualidad”, aseveró.
Además, explicó que existe la intención de plantear una nueva agenda de DD.HH, con el propósito de colaborar en “tratar de subsanar las heridas del pasado, buscando la reconciliación y asegurando que se haga justicia en los casos, toda vez que corresponda”.
Resulta ser bastante paradójico que se plantee una “agenda de DD.HH” al servicio del pinochetismo, pero así es. Podríamos decir que Piñera eligió bastante bien su gabinete, ya que asegura una estructuración de un gobierno al servicio de la derecha empresarial y reaccionaria. | 
