Con el inicio de las funciones del nuevo Hospital Dr. Leonardo Guzmán, para la población de la región de Antofagasta y la macro zona norte, se ha evidenciado una mejoría en términos de infraestructura en salud, problema que se venía arrastrando desde hace tiempo en la ciudad. Sin embargo, los avances que en este caso van de la mano de la privatización del recinto, no han estado exentos de críticas, conflictos y contradicciones.

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El gran problema de este nuevo Hospital, es el hecho de haber sido ideado, construido y administrado bajo el modelo de concesiones. Sistema implementado en el ámbito de la salud, desde el gobierno de Lagos y mantenido por los gobiernos siguientes, y que no es ajeno a la forma en que la antigua Concertación manejaba la construcción de las principales obras públicas del país en los años noventa: entregar el desarrollo, construcción y gestión de Carreteras y Aeropuertos a la Empresa Privada, y en donde estas últimas reciben pagos, ya sea por parte del Estado o de los mismos usuarios, a cambio de la inversión realizada.

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En el modelo de concesiones en el ámbito de la Salud, si bien no se realiza un pago directo desde los usuarios a la concesionaria ya que el funcionamiento del aspecto clínico sigue estando a cargo del Servicio de Salud (SS), sí hay un traspaso de dineros desde el Estado a privados, debilitando el desarrollo de la salud pública. Contrario a lo que se podría pensar, o a los discursos con que venden este tipo de modelos, según estudios internacionales, no demuestran una mejoría en la Calidad de Atención, tal como lo analizó la médico cirujana Vivienne Bachelet, el año 2014 en su publicación "Concesiones hospitalarias en Chile: dónde estamos y hacia dónde vamos". Así podemos ver que estamos claramente ante un sistema que solo beneficia al Gran Empresario. En este caso en particular, a la empresa española SACYR S.A.

Por ejemplo, la construcción del Nuevo Hospital de Antofagasta no estuvo exenta de irregularidades, tales como la instalación de tuberías no certificadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y que no correspondían con la calidad exigida en las especificaciones técnicas, problemática que, junto con otras, llevo a la contraloría regional a realizar un extenso informe presentado en Junio del año pasado. Esta situación no es una novedad para la empresa SACYR, conociendo el prontuario de desastres que ha tenido a nivel mundial.

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OTROS EJEMPLOS DEL MODELO DE CONCESIÓN

Ad portas de cumplirse 4 años de inicio del funcionamiento de los dos hospitales "emblema" de este modelo (Hospital Doctora Eloíza Díaz en La Florida y Hospital El Carmen-Luis Valentín Ferrada, en Maipú), los pacientes en estos nuevos recintos admiten tener la sensación de una mejor calidad en su atención, sin embargo, los funcionarios recalcan la importancia de hacer la diferencia entre la atención clínica (entregada por los trabajadores del Servicio de Salud) a la operación del recinto, en donde se ven problemas, como la falta de alimentación a pacientes en épocas de mayor demanda o dificultades para adquirir equipamiento adecuado a las necesidades de la población. Así como también, los problemas o choques en la gestión, que privan de la utilización de salas para un aumento en las camas de hospitalización en habitaciones no destinadas para ello según el proyecto inicial edificado por la concesionaria, y que no responde a las posibles necesidades en situaciones de emergencia (periodos de contingencia en invierno, o catástrofes).

En la otra vereda, se encuentra el Hospital del Salvador y el Instituto Geriátrico, proyecto que no fue frenado por la Nueva Mayoría a comienzos de su mandato (a diferencia de los nuevos hospitales concesionados de Quillota-Petorca, Curicó, Linares, Marga-Marga, Chillán y Sótero del Río), lo que llevo a una movilización durante el año 2014 por parte de los trabajadores de ese hospital, y que incluyó un paro de casi un mes durante Julio, que puso en jaque a la administración de Bachelet. La posición era clara, avanzar a un fortalecimiento del sistema público, rechazando la profundización al lucro en Salud, reflejado en el exigir el término de la concesión del hospital.

LA SALUD Y EDUCACIÓN COMO UN NEGOCIO

La lógica de llevar lo público hacia lo privado, convirtiendo derechos básicos como la salud o la educación en bienes de consumo, está afectando directamente a los estudiantes del área de la salud de la Universidad de Antofagasta, dónde dentro de los márgenes del modelo capitalista, la problemática de la falta de espacios para realizar docencia formando nuevos profesionales de la salud, se puede resolver mientras se pague por acceder al recinto privado. Ante esto es necesario cuestionar un sistema completo, en donde los derechos de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud están por debajo del beneficio de los grandes grupos económicos a nivel mundial.

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Si ya es un gran problema el modelo de educación de mercado, en donde el ingreso a la Universidad, CFT o IP depende de la capacidad de pagar que tenga la persona y su familia, para los estudiantes del área de la salud se abre una nueva problemática en la medida que nuevos hospitales concesionados comiencen a reemplazar la infraestructura obsoleta de los antiguos centros de salud, puesto que la realización de las prácticas profesionales de estos estudiantes también dependerán de la capacidad de pago que tengan sus centros de estudios (o ellos mismos) a la empresa privada para poder contar con espacios mínimos que garanticen una formación de calidad.

POR EL FIN AL NEGOCIO DE NUESTROS DERECHOS BÁSICOS

Al momento de ver las reacciones de los usuarios con respecto a la puesta en marcha de estos recintos, estas tienden a ser positivas, ya sea por el cumplimiento del anhelo de una mejora necesaria de infraestructura o por la sensación de una mejor atención en salud, a pesar de que esta atención no tiene nada que ver con las funciones que cumple la concesionaria. Es por esto último, que es cuestionable que se mantenga un sistema que no presenta un beneficio en comparación a la construcción de hospitales públicos manteniendo el sistema de administración por parte del estado.

Estamos a solo meses del inicio del nuevo gobierno de Sebastián Piñera, el cual, en su gobierno anterior profundizo la privatización de la salud pública, con una gran cantidad de proyectos de hospitales concesionados, por lo que no sería raro, un resurgir de esta política por parte de la derecha, que trae grandes beneficios al empresariado, grandes problemas a los funcionarios de la salud, y no mejora la ya deficiente salud pública chilena.

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Es por esto, que es deber de todos los involucrados (estudiantes, funcionarios de la salud y la población) el organizarse, así como se hizo el 2014 en el Hospital del Salvador, para dar frente a los grandes empresarios, que han visto en los hospitales concesionados, una nueva manera de aumentar sus ganancias. Pero con la organización y movilización de grandes masas, en unión de los trabajadores, los jóvenes estudiantes y las mujeres, podemos ser capaces de decir que nuestra educación, nuestra salud y nuestras vidas, valen más que sus ganancias.

[1] Medwave 2014 Nov;14(10):e6039 doi: 10.5867/medwave.2014.10.6039