Luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, asegurara que estaba gestándose una operación para liberar al priísta Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, operador de Manlio Fabio Beltrones, ha trascendido que se solicitó el traslado de Gutiérrez a un penal federal.
En días anteriores, la fiscalía había acusado a la Procuraduría General de la República de "jugar un papel inusual y aplicar justicia selectiva" en el caso del ex secretario general adjunto del CEN del PRI. Según Corral, el organismo busca aislar a Gutiérrez para que no resulten implicadas más personas.
Mientras el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que la petición de traslado había venido del gobierno de Javier Corral, el fiscal general del estado señaló a la PGR por tener la intención de traslado del priísta a un Cefereso. Según el mismo Corral a través de su cuenta de twitter, este traslado tendría la intención de poner a Gutiérrez bajo jurisdicción federal y poder así ponerlo en libertad condicional.
Según la solicitud de traslado, Alejandro Gutiérrez sería enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 9 Norte, con sede en Ciudad Juárez.
Acusado por su presunta participación en el desvío de 250 millones de pesos del erario del gobierno de Chihuahua, Gutiérrez permanece en el Cereso estatal Aquiles Serdán desde el pasado 20 de diciembre.
Este conflicto, en pleno proceso electoral, muestra el enfrentamiento de los políticos del régimen. Mientras por un lado los panistas encabezados por Javier Corral se victimizan, los priístas buscan a toda costa mitigar el escándalo por desvío de recursos del erario para su partido.
En este ilícito no sólo estarían implicados los partidos y sus políticos, sino también instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, demostrando así la complicidad de todos los niveles de gobierno en esta operación que benefició al partido de Enrique Peña Nieto a costa de la salud, la vivienda y los servicios que dejaron de recibir miles de pobladores.
El PAN, por su parte, no tiene reservas en señalar que "ha roto con el pacto de impunidad", mientras sus propios militantes están involucrados con el narcotráfico y es el partido a cargo de la imposición de la militarización en 2006, que tantas vidas y tantos recursos ha derrochado.
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