Con conceptos de Durán Barba, este martes el presidente Macri intentó convencer a su Gabinete de los alcances limitados que supuestamente tendrían los escándalos que rodean al Gobierno. Probablemente no se lo creía ni él, ni los que lo escuchaban, pero el diálogo existió.
Según trascendió, Macri les dijo a sus funcionarios que “la gente entra y sale de los temas, pero le importan otras cosas, vive por afuera de estas polémicas”. Intentaba así justificar el cálculo político que estaría detrás de la decisión de sostener al ministro Triaca, quien está en la cuerda floja por el maltrato a su ex empleada Sandra Heredia y sus manejos irregulares en el SOMU.
Detrás de aquellas palabras presidenciales está la “teoría del metro cuadrado” del gurú ecuatoriano, según la cual al 80 % de la población poco le interesa la política y solo le afectan el trabajo, el hogar y todo lo relacionado a su propia vida cotidiana. Pensado desde ahí, sostener a Triaca solo tendría algún costo dentro del politizado “círculo rojo”.
El problema es que las propias acciones del Gobierno desmienten esta pose despreocupada.
Operación “bomba de humo” para intentar administrar la crisis
Lejos de aquel palabrerío, lo cierto es que el Gobierno ha pasado de la política del “reformismo permanente” a la de intentar administrar una crisis que no controla y a la cual responde de contragolpe.
Las encuestas propias y ajenas vienen dando cuenta de una importante caída de la imagen presidencial después de la reforma previsional, y a su vez desde importantes referentes simpatizantes del macrismo se ha pedido la renuncia del ministro Triaca.
En este marco, de forma poco convincente, el Gobierno va tirando lastre para evitar crisis o para tratar de que las que ya estallaron no escalen más aún.
Aunque el marketing las quiera presentar como medidas en pos de mayor transparencia, lo cierto es que las renuncias obligadas de familiares de ministros a la función pública, como política de “control de daños” ante el escándalo de Triaca, actúan a modo de confesión de cómo el Gobierno de los CEO saca provecho como casta de su poder dentro del aparato del Estado. Nada raro por parte de una gestión caracterizada desde el comienzo por múltiples incompatibilidades, de la cual la más conocida ha sido la de Aranguren disponiendo tarifazos que beneficiaron a Shell (empresa de la que fue directivo y accionista) y otras firmas.
Casi tan absurda ha sido también la medida de congelamiento de haberes de funcionarios, presentada como una medida de “austeridad” para dar el ejemplo. Así, los funcionarios, en la previa de las paritarias y después del saqueo a los jubilados en diciembre, quieren hacer creer que el esfuerzo lo compartimos todos. Solo que en el caso de los ministros, por ejemplo, congelan sueldos de casi $ 200.000. Qué sacrificio.
Más de fondo, el Gobierno y el gran capital están preocupados también por la posible caída del megadecreto sancionado hace tres semanas. Después de los altos costos de la sanción de la reforma previsional y de la postergación sin fecha de la reforma laboral, la caída del DNU sería otra gran crisis del Gobierno. Ante la sola posibilidad de que eso ocurra, el macrismo abrió ayer las puertas a una negociación para separar todo el contenido del megadecreto en distintos proyectos de ley. Una muestra más, por si faltaba, de una gran debilidad y de que el Gobierno de la “reforma permanente” terminó sin pena ni gloria, y ahora el macrismo solo administra la crisis en curso.
¿Y por el “metro cuadrado” cómo andamos?
Si el macrismo hace gala de ocuparse de lo que “le importa a la gente”, hay que decir que este terreno también aparece como un campo lleno de obstáculos para el oficialismo, que ya no puede pensar tranquilo en la política de reelección como creía después de las elecciones de octubre.
Tras la crisis de diciembre, el verano no hace más que ofrecer malas noticias para el pueblo trabajador, las cuales a su vez no hacen más que alimentar el descontento contra el Gobierno.
A la bronca de los jubilados se agregó otra ola de despidos en el Estado y en el sector privado, y desde esta semana vuelven con fuerza los tarifazos en los servicios públicos, en una economía que presenta cada vez más contradicciones estructurales sin salida a la vista. A todo ese malestar se suman los escándalos como el de Triaca, que pegan en el corazón de una bandera que el macrismo quería hacer suya, la de la transparencia.
La buena noticia, para el pueblo trabajador, es la debilidad del Gobierno, y que cada ataque está siendo respondido con lucha, como lo demuestran las decenas de conflictos a lo largo y ancho del país, algunos con gran repercusión, como la confluencia de este martes entre los trabajadores del Hospital Posadas, Cresta Roja, Stockl y otros en el centro de Buenos Aires.
En todo este marco, y de cara a un escenario conflictivo, la campaña contra las cúpulas sindicales corruptas por parte del Gobierno es completamente inverosímil y tiene de fondo un intento de disciplinar y desprestigiar a los gremios, mientras que con los caciques gremiales que acepten los planes del Gobierno se hará la vista gorda.
La unidad de los trabajadores, la coordinación de todas las luchas y las medidas que rompan el cerco mediático y estrechen lazos con la comunidad, son pasos indispensables para pelear y para imponerle a los sindicatos y centrales sindicales que convoquen de forma inmediata a un plan de lucha unificado e inmediato para frenar los ataques, a lo cual se vienen negando, en casos como ATE a pesar de los más de mil despidos en el Estado, y en otros casos, como el de Moyano, que solo piensa en usar la fuerza de los trabajadores como amenaza para defenderse en causas judiciales, después de haberse borrado de la lucha contra el saqueo a los jubilados. | 
