De acuerdo con las cifras que señaló Olea Peláez, se registraron 24 feminicidios en los primeros 26 días de enero. Algunos de estos casos se dieron en los municipios de Taxco, Acapulco, Chilapa, Iguala y Tlapa.

Entre los casos más recientes se cuentan el de la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero y Azucena Abarca Vargas, de sólo 17 años.

El funcionario justificó esta abominación señalando que las mujeres son parte del crimen organizado.

Olea Peláez, ex abogado de Raúl Salinas (hermano de Salinas de Gortari) y Arturo Durazo (ex jefe de policía), fue llevado al cargo por el voto del PRI, del PVEM, el PRD, el PT y el PAN. Lo promovió Manuel Añorve Baños, vinculado al crimen organizado, ex alcalde de Acapulco protegido de Manlio Fabio Beltrones del PRI.

El titular de la FGE ya estaba cuestionado por colectivos de familiares de desaparecidos. Para octubre de 2017, arreciaron las críticas en redes sociales por la ostentación de su boda y su luna de miel, mientras arreciaba la violencia en la entidad.

Alfil del represor Héctor Astudillo, gobernador del estado, el fiscal de Guerrero, es el último exponente de la política de criminalización de las mujeres por parte de las autoridades. Se evidencia la imposibilidad de confiar en el Estado y sus instituciones para enfrentar y erradicar el feminicidio y la violencia patriarcal. Son los altos funcionarios los que durante años han maquillado cifras, han solapado a los feminicidas en libertad y revictimizado a las mujeres.