En la mañana de este miércoles se llevó a cabo una concentración en el Ángel de la Independencia, impulsado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y distintos colectivos civiles.

Los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva afirmaron en un comunicado aque todos los partidos políticos y muchas de las instituciones en México están atravesando por una crisis de credibilidad por parte de la ciudadanía. “Estamos cansados, muy cansados, de los escándalos de corrupción, de la impunidad rampante, de las violaciones a los derechos humanos”.

Convocan a los aspirantes a la presidencia de México, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador para que convenzan a los líderes de sus partidos y a sus legisladores de reformar el artículo 102 de la Constitución: “Crear una Fiscalía General con independencia y fuerza suficiente para abatir los altísimos niveles de impunidad, encarar la corrupción que nos carcome y recuperar la seguridad para quienes vivimos en México“.

Exigen la reforma al artículo 102 Constitucional donde se establece el régimen de la nueva Fiscalía. Buscan que la institución no esté dominada por el presidente. La demanda inició para eliminar el “pase automático” del último Procurador General a primer Fiscal general y luego se amplió.

Entre los impulsores de la reforma 102 se cuenta el colectivo #FiscalíaQueSirva que nuclea a más de un centenar de organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas, académicos, periodistas y dirigentes empresariales.

Así fue que el 29 de agosto pasados, los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, unidos bajo el lema de #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva anunciaron públicamente la presentación de su iniciativa para modificar el modelo actual de Fiscalía General, y proteger su “autonomía”.

Entre sus principales propuestas se cuentan determinar un proceso de designación a través de un concurso público, reducir la duración en el cargo de 9 a 6 años, la presentación de un informe anual ante el Senado con la “participación de la sociedad civil” y el establecimiento de un régimen transitorio que elimina el pase automático tanto del titular de la PGR como de su personal.

Posteriormente, el 5 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del pase automático del Procurador General de la República a la Fiscalía General, una medida que revoca la reforma constitucional de Peña Nieto de 2014.

Frente a esta resolución, el Colectivo #FiscalíaQueSirva cuestiona que se haya acotado la discusión a la sola eliminación del pase automático, pero que se mantiene el modelo establecido por la reforma de 2014, que ha recibido múltiples críticas por evidenciar la subordinación de la fiscalía al poder ejecutivo.

La crisis de las instituciones

En septiembre de 2016, Peña Nieto nombró como nuevo procurador a Raúl Cervantes Andrade, un hecho que fue muy cuestionado por ser cercano a su círculo político. El Senado aprobó el nombramiento. En octubre de 2017, Cervantes Andrade renunció, acusado de corrupción. Lo suplanta Alberto Elías Beltrán como titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

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A su vez, Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade), fue destituido por el gobierno por denunciar las amenazas de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para que lo deslindara del caso Odebrecht. Y en diciembre pasado, el senado nombró a Héctor Díaz Santana como nuevo titular de la Fepade, hecho también cuestionado.

Así es que de cara al proceso electoral, la estructura institucional de los poderosos se ve débil, y es otra muestra de la fragilidad del gobierno de Peña Nieto y del desgaste del PRI en su último año. Un factor de desestabilización para que los empresarios mexicanos y las trasnacionales avancen con sus planes de mayor explotación y saqueo de México.

Esta crisis institucional del gobierno de Peña Nieto se suma a la crisis de legitimidad que arrastra desde 2014 cuando el Ejército –asociado con el crimen organizado– perpetró la masacre de Iguala y llevó a cabo la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y luego de sucesivos escándalos de corrupción, desde la casa blanca de Angélica Rivera en adelante.

Como telón de fondo, está el gran retroceso político electoral del tricolor en su principal bastión, el Estado de México, donde retuvo la gubernatura en 2017, pero perdió 30% de su base electoral. Así se expresó el hartazgo de la clase trabajadora y los sectores populares en las urnas. Enfrenta para 2018 el gran temor de perder la presidencia, ya sea ante Andrés Manuel López Obrador y el Morena o ante la coalición por México al Frente –integrado por el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano.

La pugna por la fiscalía no está resuelta, aunque es claro que quienes participan de ella tienen todos vínculos con empresarios que promovieron las reformas estructurales. Ninguna justicia se puede esperar de las instituciones que gobiernan para los ricos y para los poderosos, que garantizan la aplicación de sus reformas estructurales con represión y leyes que atacan los derechos de los trabajadores y los sectores populares, como la Ley de Seguridad Interior que busca criminalizar a la juventud y la protesta social, mientras garantiza plena impunidad para los atropellos de militares y policías.

Es necesario una herramienta política de la clase trabajadora y el pueblo pobre que los represente y luche por movilizar a las mayorías contra la barbarie capitalista.