Luego de que el Ministerio de Trabajo santafesino dispusiera la medida, la multinacional impidió el ingreso de los trabajadores despedidos. La cartera de trabajo nacional convocó a las partes a una audiencia el jueves.
Este mediodía se conoció que el Ministerio de Trabajo de Santa Fe resolvió dictar la conciliación obligatoria en el conflicto de Cargill Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear por el despido de 44 operarios. Por la mañana se llevó adelante una audiencia en la cartera laboral provincial entre representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (S.O.E.A.R.), dirigentes de la Asociación de Comercio de Rosario (A.C.R.) y abogados de Cargill, con la presencia de Julio Genesini, ministro de Trabajo de la provincia.
Una concentración de aceiteros junto a trabajadores de comercio, jaboneros, AMSAFE, ATE y militantes del PTS y el PO en el Frente de izquierda acompañó la negociación cortando el cruce de Ovidio Lagos y San Lorenzo. El acta que detalla el fallo del ministerio explicita que la conciliación debe cumplirse con los despedidos en sus puestos de trabajo. Sin embargo dos horas más tarde la empresa negó el ingreso a los trabajadores despedidos que debían cumplir tareas en el turno tarde, desconociendo la resolución ministerial.
Representantes sindicales denunciaron que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad de los trabajadores, por la falta de la plantilla completa de personal y por la presencia completamente irregular de efectivos de la Prefectura Nacional Argentina dentro de la planta. El SOEAR expresó en un comunicado que: "No encontrándose brindadas las garantías mínimas tanto operativas por la falta de trabajadores que cumplen tareas clave en la planta, como por la presencia de fuerzas de seguridad en los sectores de trabajo, la asamblea de trabajadores en conjunto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario decidieron permanecer en el ingreso de la planta, hasta tanto se cumplan con las garantías mínimas de seguridad y salud laboral".
Por su parte el Ministerio de Trabajo nacional convocó a una audiencia entre las partes para el jueves, como pretendía Cargill. Argumentan que como los despidos abarcan a plantas de Santa Fe y Buenos Aires, el conflicto excede los respectivos ámbitos provinciales. Sin embargo, detrás de estos argumentos legales y técnicos se adivina la intencionalidad del ejecutivo nacional y de las cámaras empresariales del sector de llegar a resoluciones más perjudiciales a los trabajadores, en el camino de debilitar al gremio aceitero para negociar paritarias a la baja y con cláusulas de flexibilización laboral (como hizo Aceiteros de San Lorenzo). Es justamente la cartera que dirige Jorge Triaca la que se niega a reconocer las autoridades de la Federación de Aceiteros que eligieron el año pasado los trabajadores del sector.
