Poco después de asumir la presidencia en diciembre de 2015, Mauricio Macri incluyó entre sus (varias) designaciones polémicas de funcionarios, a Javier Ibáñez como presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Anteriormente, Ibáñez se desempeñó como jefe de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), organismo del Gobierno de la Ciudad que regula las habilitaciones y permisos de los locales comerciales de la Ciudad, además de controlar las obras en construcción y la higiene alimentaria en establecimientos y en la vía pública. Durante su gestión fue denunciado en varias oportunidades por la falta de controles, como en el caso del derrumbe del boliche Beara, hecho del cual salió indemne. También, en este período se produjeron al menos otros siete derrumbes más en edificaciones de la Ciudad, que terminaron con la vida de seis personas.
Otro de sus cargos, además, fue de vocal titular en la comisión directiva de Atlanta. En marzo de 2012, mientras ocupaba la jefatura de la AGC, Ibáñez fue captado por cámaras de televisión, cinturón en mano, en una pelea entre la barra brava del club de Villa Crespo, la de Chacarita y la policía. Estos hechos no implicaron ninguna consecuencia para su desempeño como funcionario público. Luego de la contienda, Ibáñez no pudo concurrir a su oficina el lunes siguiente, día en que se derrumbó una medianera de un edificio en construcción del barrio de Caballito.
Uno de los mayores escándalos en que se vio envuelto, sin embargo, es el que surge alrededor de la construcción del Estadio Cubierto “Buenos Aires Atlanta Arena”. La concesión de la obra la obtuvo en un principio la firma Lugones Center S.A., una empresa recién conformada, casi sin empleados y con un capital inicial mínimo que, sin embargo, obtuvo un préstamo del Banco Ciudad por $120 millones. Para poder obtener este crédito, la compañía contó con la ayuda de Ibáñez quien, como presidente de la AGC, se ocupó de destrabar cualquier complicación en los trámites requeridos para la iniciación la obra.
Según el Boletín Oficial CABA del 1 de marzo de 2012, en medio del “emprendimiento” del microestadio, Ibáñez nombra al socio de Arena Center S.R.L, Diego Humberto Enríquez, como Responsable de la Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia Gubernamental de Control. Quien estaba a cargo hasta ese momento de dicha oficina era nada menos que un socio de Lugones Center S.A., Osmar Rubén Alza.
En medio de las irregularidades y faltas de control, el 13 de mayo de 2015 se derrumba el techo del Atlanta Arena Center, que había sido levantado un mes atrás. En julio de ese año llega la orden de clausura y se suspendieron todos los trabajos. En este marco, Lugones Center dejó de pagar el canon prometido al club y también el préstamo al Banco Ciudad, al que quedó debiendo entonces cerca de 150 millones de pesos. Finalmente, en noviembre de 2016, la sociedad se decreta en quiebra.
A pesar de su prontuario, Javier Ibáñez nunca se alejó del círculo macrista ni de la función pública. Pasó por varios ministerios en Ciudad, fue parte del cuerpo de asesores de Gabriela Michetti y ejerció un cargo en el Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra. Pocos días después de asumir Mauricio Macri en el poder ejecutivo, fue designado como presidente del INTI.
En la conducción de este organismo también lo rodean acusaciones de corrupción. Según una investigación realizada por Portal de Noticias, Ibáñez facilitó maniobras de desvío de fondos desde el INTI a ASARENDI, una Asociación integrada por los propios funcionarios de la entidad pública.
En el último período, el macrismo, que hasta el momento planteaba una política de “reforma permanente”, tuvo que recalcular en sus planes para hacer pasar todos sus proyectos de un solo golpe. Con el "escándalo Triaca", hoy en el centro de la escena, dieron curso a una serie de medidas demagógicas de supuesta austeridad y transparencia, que no hacen más que confirmar la crisis que atraviesa el ejecutivo.
En este contexto Javier Ibáñez, el funcionario "barrabrava" preferido del gobierno, orquestó un lockout y el despido de 250 empleados en el INTI, que desde hace días se encuentran resistiendo en defensa de sus puestos de trabajo. Con esta acción no hizo más que evidenciar la hipocresía de una casta política marcada a fuego por la corrupción, inherente a un sistema basado en la irracionalidad y la ganancia de unos pocos, a costa de la pobreza y la miseria de miles. |
