Ahora se suma un acto verdaderamente atroz. Tras ser golpeado brutalmente y levantado por la policía capitalina, el estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria 8, Marco Antonio Sánchez Flores fue desparecido por las fuerzas represivas, pero el ocultamiento de su paradero fue inmediato luego de que al instante fuera denunciado en redes sociales la brutal golpiza y su retención ilegal por la policía.

Las autoridades del gobierno perredista de la ciudad, encabezado por Miguel Ángel Mancera, supieron en todo momento lo ocurrido; que se exigía el conocimiento de su paradero y su presentación pública. Sin embargo, no sólo no fue liberado o presentado con inmediatez ante autoridades, sino que incluso las autoridades ocultaron la información del paradero de Marco Antonio por días. Esto técnicamente se traduce en una desaparición forzada.

Según los hechos, el joven estudiante sufrió además una doble desaparición forzada. Lo ocurrido dio para especular el hecho de que los policías habían propinado tal golpiza y tortura que el estudiante habría perdido la vida, y de ahí el ocultamiento público de su paradero.

Es posible señalar diferentes hipótesis y todas podrían ser válidas respecto de lo ocurrido tras su desaparición. Es evidente que el gobierno capitalino hizo labor de inteligencia para ubicar su paradero y obtener los datos de los policías implicados, después de que el caso fuera ampliamente difundido tras la golpiza y el “levantón” de los policías. Esto, mientras el clamor por la aparición con vida de Marco Antonio se viralizaba en redes sociales.

También es posible considerar que el GDF supo inmediatamente de Marco Antonio y su paradero. Sin embargo, tras la brutal golpiza ocurrió que bien lo pudieron haber abandonado en cualquier parte, o haber hecho “aparecer” al joven en el Edomex y simular que el joven estaba deambulando –según la versión manejada–, pero aún así siguió ocultándose información.

De lo anterior, se desprende la posibilidad de su tortura al grado de hacer que tuviera pérdida de la conciencia y la memoria para que no denunciara lo ocurrido ni implicara a los cuerpos represivos que lo habían desaparecido y golpeado. Esta hipótesis se refuerza con la amenaza a los testigos de los hechos al momento de que la policía se lo llevó.

Días después, Marco Antonio habría sido encontrado desorientado y sin recordar su nombre ni lo sucedido el domingo en el transcurso de la tarde, de acuerdo con lo anunciado por las autoridades horas antes de que empezara la marcha en la CDM X exigiendo su aparición.

No obstante, fueron dados a conocer vídeos donde el joven es golpeado nuevamente por policías del Edomex que lo encontraron, es decir, fue hasta el lunes y no durante el fin de semana que se dio a conocer en definitiva su paradero, no obstante de haber sido localizado en Tlalnepantla uno o dos días antes del anuncio de Mancera y autoridades capitalinas. Es decir, ocultaron nuevamente su paradero.

En otras palabras, Marco Antonio fue desaparecido por segunda ocasión por las autoridades capitalinas y con la implicación del Estado de México al menos dos días, además de la segunda golpiza y tortura a la que fue sometido.

La violencia que enfrentó el joven es corroborada en los hechos, según la reciente valoración médica y psicológica donde el cuadro sobre delirium mixto es un síndrome que se manifiesta como una desorientación en tiempo y espacio, acompañada de ilusiones ópticas y cognitivas. Además de una presión arterial elevada (tumor cerebral) por algún tipo de evento físico –golpes o traumatismo craneoencefálico–, o infección que afecte al cerebro puede provocar el delirium mixto, donde “los pacientes confunden la realidad e incluso pueden tener alucinaciones” según han revelado los doctores del joven, doctores Ana Rosa García y Carlos Mendoza.

Finalmente, es presentado el alumno de Prepa 8 públicamente, con el propósito de bajar el cuestionamiento público y la desactivación de las acciones tendientes a la aparición con vida de Marco Antonio.

Es así que se configura una doble desaparición forzada por diversos sujetos activos del delito de lessa humanidad, en diferentes momentos, puesto que la segunda autoridad –la de Tlalnepantla, Estado de México– quien ocultó su paradero, probablemente mientras conversaba con autoridades capitalinas para ver el proceder político y legal que le darían al caso y hacer el recuento de daños.

Cabe destacar que la legislación internacional para la desaparición forzada y otras instancias internacionales de DDHH, han emitido criterios para tipificar, presumir y comprobar la doble desaparición forzada, por lo que las autoridades son responsables y deben ser juzgadas por tales crímenes.

Desde el primer momento se dio una violación a los derechos humanos de Marco Antonio, como él mismo aseveró a los policías capitalinos mientras lo golpeaban.

Pero además de la desaparición forzada, la tortura, entre otros, la violación a sus derechos humanos persiste, ya que Mancera refiere, las lesiones son de aquellas que tardan menos de 15 días en sanar, poniendo en duda toda la situación por la que atravesó el estudiante, como el riesgo a su vida, su estado de salud, psicológica, psicosocial y moral. Además para desentenderse de la responsabilidad de Estado, ambas instancias gubernamentales salieron dándole el espaldarazo a sus respectivos policías.

Como refiere el propio padre de Marco Antonio, “esto que le ocurrió a mi hijo, es entonces lo que nos espera con la Ley de Seguridad Interior”.

No se equivoca en absoluto. El régimen del Pacto por México del PRI, PAN, PRD y demás partidos en el congreso se alistan para las elecciones. No han bastado en 12 años de “guerra contra el narco”, muy por el contrario este régimen antidemocrático, asesino y torturador muestra una vez más que está dispuesto a fortalecer su política represiva.

Así lo vimos hace unos días en Mexicali, en Reynosa con la entrada del ejército a Electrolux, la ilegal aprehensión de Alejandro Echavarría y profesores de la CNTE en Morelia, por citar casos recientes.

Basta ver la escalada represiva de Miguel Ángel Mancera y el PRD desde el 1DMX, cuidándole las espaldas al gobierno de Peña Nieto en la ciudad, así como los múltiples casos de asesinatos políticos como el de Carlos Sinhué, Rubén Espinoza y Nadia Vera, así como los múltiples feminicidios como el de Lesvy, entre otros más.

Para pararle la mano a este régimen es necesario la más amplia movilización en las calles en defensa de los Derechos Humanos, las garantías individuales y demás derechos políticos, porque sabemos bien que la Ley de Seguridad Interior (LSI) da mano suelta a los asesinos en el poder y sus operadores –los policías y el ejército– para acallar el descontento popular.

Es necesario que los sindicatos que se dicen democráticos, organizaciones de Derechos Humanos, trabajadores en lo individual y colectivamente, así como activistas, mujeres, vecinos en los barrios pobres, luchadores sociales, estudiantes, entre otros, se pongan a la cabeza de convocar ya una Coordinadora Nacional Contra la Represión y la Ley de Seguridad Interior, organizando el impulso de una gran convocatoria para una masiva marcha por las calles de todo el país.