El martes 30 de enero se realizó la quinta marcha nacional contra el indulto. En esta oportunidad uno de los sectores convocantes fueron los familiares de las víctimas de los crímenes de la Cantuta y Barrios altos, a los cuales se sumaron centrales Sindicales como la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP, la Federación Minera, gremios de maestros, organismos de derechos humanos, colectivos y organizaciones de izquierda, entre otros.
Imagen: movilización de Pan y Rosas en Tacna
Si bien es cierto, por la reciente visita papal y por el desgaste natural que ello implica, esta movilización no tuvo el impacto ni la convocatoria de las 4 marchas anteriores, sin embargo, no dejó de ser numerosa, sobre todo en la ciudad de Lima, donde miles de manifestantes, una vez más, volvieron a salir a las calles a expresar su rechazo al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski por haber indultado el pasado 24 de diciembre al ex dictador Alberto Fujimori.
El contexto en el cual se desarrolla esta movilización está condicionado por las nuevas denuncias de corrupción contra el presidente Kuczynski, que datan de cuando este se desempeñaba como ministro de Alejandro Toledo y su empresa - Westfield Capital - cobró un millón de dólares por el otorgamiento de bonos a la constructora brasileña Odebrecht. Al parecer, el actual presidente de la república habría incurrido en conflicto de intereses. PPK no ha negado ni ha aceptado esta imputación hecha por un programa periodístico local, simplemente ha llamado a “pasar la página”, con lo cual deja entrever que tendría responsabilidad en este caso, el que volverá a tocarse a fines de febrero cuando el ex funcionario de Odebrecht y actual “colaborador eficaz” Jorge Barata, de sus declaraciones sobre el caso.
Cabe mencionar que este viernes 2 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, se pronunciará sobre la viabilidad del proceso seguido por el ejecutivo peruano que conllevó al otorgamiento del indulto “humanitario” a Alberto Fujimori.
La sentencia de este organismo internacional de derechos humanos, al cual está suscrito el Estado peruano, viene precedida de un informe de la Defensoría del Pueblo, en el cual se deja constancia que dicho indulto no cumple con los estándares planteados por la normatividad vigente para estos casos, ya que no existiría proporcionalidad entre la gravedad de los delitos del indultado (asesinato y secuestro) y las "razones humanitarias” que habrían motivado su concesión. Para el defensor del pueblo, ello se expresaría en el hecho que a la fecha no existe suficiente información médica que justifique que la salud de Alberto Fujimori corría el riesgo de seguir agravándose por su permanencia en prisión, además que a la fecha el ministerio de Justicia se ha negado a entregarles el informe médico donde se daría cuenta de esta situación.
Otro de los temas que ha empezado a ser tomado en cuenta por los manifestantes, ha sido la exigencia de que se deje sin valor legal el derecho de gracia concedido a Fujimori, ya que este lo exime de los juicios pendientes por crímenes de lesa humanidad, como el de Pativilca, donde se asesinaron a seis personas, dentro de los cuales se encontraba un estudiante de 17 años.
Por todas estas consideraciones, la crisis que padece el gobierno peruano no se ha cerrado aún y su final es de pronóstico reservado.
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