La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha explicado en un comunicado que en la comunidad de Jala las Flores, del municipio de Chajul (Quiché), hay dos menores desaparecidos. Los niños, de 11 y 17 años, cayeron a un río de esa zona y todavía no han sido localizados.

Mientras, en el departamento caribeño de Izabal se decretó la alerta roja debido a los daños causados por las lluvias de los últimos días, provocadas por un frente frío que ha afectado a más de 26 mil personas en seis departamentos, así como cultivos en varias zonas del país debido al desborde de ríos y grandes inundaciones en varias comunidades.

El vocero de la institución, David de Léon, dijo que se atiende a la población afectada de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Petén y Quiché.

La alerta roja (máxima) es a nivel departamental para asistir a las personas damnificadas. Las lluvias han afectado a los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Petén, así como a los de Huehuetenango y Quiché.

Las autoridades guatemaltecas contabilizan 26.040 afectados, 618 personas atendidas, 258 evacuados, 114 albergados, dos desaparecidos y 149 viviendas con daños.

El 50 % de las emergencias en la última semana han ocurrido en el departamento de Izabal, mientras que las brigadas evalúan los daños en comunidades de Chisec y Raxruhá (Alta Verapaz) por el desborde de los ríos Chixoy y San Simón, respectivamente.

El Ministerio de Educación suspendió clases en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y Sololá debido a las condiciones climáticas y para evitar poner en riesgo a la comunidad estudiantil.

Las autoridades han reconocido que “a nivel territorial se mantiene la coordinación con líderes comunitarios, quienes identifican los daños para entregar la asistencia humanitaria a las personas afectadas”.

Cada año las fuertes lluvias que se registran en todo el país deja severas afectaciones al grueso de la población que tiene que lidiar con la salida de efectivos del ejército guatemalteco para supuestamente evaluar los daños y necesidades, sin embargo, lo que esconden las autoridades es que se hace cada vez más latente el desalojo indiscriminado de las comunidades, sin importar que la gran mayoría tiene que dejar al abandono su único patrimonio.