Foto Marcelo Scoppa/Enfoque Rojo
El auditorio del sindicato telefónico Foetra estaba repleto de gente. Muchos sostenían carteles con la imagen de Santiago Maldonado, un ícono que en seis meses se transformó en bandera de lucha contra la represión y la impunidad.
Una muestra fotográfica daba la bienvenida. En poco tiempo las butacas se llenaron. En la primera charla organizada en el marco de las actividades por los seis meses de la desaparición de Santiago (cuyo cuerpo apareció en el Río Chubut 78 días después de la represión de Gendarmería en el territorio mapuche de Cushamen) se habló de la relación intrínseca que hay entre la muerte del joven de 28 años y el contexto político.
El panel estaba integrado por la legisladora porteña del PTS-FIT y abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Myriam Bregman, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), el diputado Horacio Pietragalla (Unidad Ciudadana) y el diputado Leonardo Grosso (Movimiento Evita).
“Un enemigo que no tiene ningún tipo de límite”
Comenzó la charla Pietragalla, quien planteó que “lo que pasó con Santiago movilizó a una gran parte de la juventud”. El diputado dijo que la ilegalidad del accionar de las fuerzas de seguridad aquel día fue el puntapié inicial de la ilegalidad estatal más general. “El gobierno lo negó, la familia empezó a levantar la voz, los amigos también denunciaron cómo fueron los hechos, pero los medios hegemónicos nos quieren hacer creer que Santiago se ahogó”, dijo Pietragalla. Y recordó que el ascenso del subalferez Emmanuel Echazú “es una provocación y un mensaje de que hagan lo que quieran que además los vamos a ascender”.
Para el diputado e hijo de desaparecidos, “Santiago nos da la lección de que podemos juntarnos y correr las diferencias contra un enemigo que no tiene ningún tipo de límite. Unidos podemos hacer más ruidoso nuestro reclamo. Si creen que nos vamos a parar se equivocan”.
“Los negocios detrás de las balas”
A su turno Victoria Donda denunció estos “seis meses de impunidad, de mentiras, de tragarse sapos. La causa esta en un pantano”. Y afirmó que “la desaparición de Santiago se enmarca en intereses económicos sobre los territorios”.
La diputada y también hija de desaparecidos denunció que “los negocios detrás de las balas” quieren barrer a las comunidades originarias. “Hablo de Benneton, de Lewis. El Gobierno le muestra a sus amigos que no le tiembla el pulso para restablecer el orden que ellos pretenden. Nos muestra que no fuimos capaces de resolver el problema de la tierra de las comunidades ancestrales después de doce años. No se hicieron los censos. Eso es una deuda de los que hace mucho estamos en el Congreso”, reconoció.
Finalmente exigió que “la Justicia diga qué intereses representa el grupo Albatros que asesinó por la espalda a Rafael Nahuel”. Y cuestionó tanto la propuesta de “reconciliación” lanzada por el macrista Nicolás Massot como el plan para las Fuerzas Armadas que encabeza el jefe del ejército Diego Suñer, para quien hace falta menos memoria y más historia. “No hay forma de hacer historia si no hay Memoria Verdad y Justicia”, concluyó.
“Dos empresarios tienen más tierras que todos los mapuches”
Luego tomó la palabra Leonardo Grosso, quien dijo que “el Estado, la Gendarmería Nacional y Bullrich son responsables” de lo que pasó con Santiago Maldonado. “Dos empresarios tienen más tierras que todos los mapuches juntos y esos intereses defiende el Gobierno”, afirmó.
El diputado del Peronismo para la Victoria planteó que “ante la mano dura por parte del Gobierno, de la tolerancia cero, de la represión, necesitamos construir unidad en la acción, bancándonos las diferencias, porque vienen por los derechos de las mayorías”.
“Los gobiernos constitucionales nunca abandonaron la desaparición forzada de personas”
El panel lo cerró la abogada y legisladora porteña del PTS-FIT Myriam Bregman, quien afirmó que “los 78 días que Santiago estuvo desaparecido trajeron nuevamente el método de la desaparición forzada de persona, que las fuerzas armadas y de seguridad nunca abandonaron en todos los gobiernos constitucionales posteriores a 1983”.
La dirigente del Frente de Izquierda enmarcó el caso “en un crimen de Estado, porque fue todo el aparato estatal el que actuó y encubrió. El caso de Santiago trajo a luz la propiedad de los terratenientes y los destacamentos de Gendarmería Nacional que están ahí para custodiar esa propiedad”.
Bregman agregó que “no podemos escindir esta pelea de la exigencia de libertad a los presos políticos. Tenemos que pedir la libertad Facundo Jones Huala y también ir a la cuestión de fondo: la Sociedad Rural ya impulsó dos genocidios, con Roca y en el 76, no es casualidad que la Sociedad Rural de aquella zona haya sido tan entusiasta”, sentenció.
“Ningún crimen de Estado se lleva a cabo sin un discurso justificante que crea las condiciones para avanzar en ese plan, el plan de defender los grandes intereses, estigmatizar a los pueblos originarios y crear un enemigo”, dijo la abogada del CeProDH.
En ese sentido preguntó por qué, “si Santiago se ahogó, espiaron a la familia, por qué hicieron espionaje y mandaron a Gonzalo Cané”, en referencia al secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, que durante un largo tiempo se apostó en Esquel a monitorear el curso de la causa.
“Es lo mismo que denunciamos en 2011, el espionaje directo que se cometió bajo el amparo de la Justicia y forma parte de del crimen de Estado”, sentenció Bregman. De allí, recordó, que “la denuncia que presentamos sobre este hecho todavía se la están peloteando en Comodoro Py”, concluyó ante un auditorio que con un cerrado aplaudo expresó el acuerdo con sus palabras.
Finalizada la charla continuaron otros tres paneles: uno sobre periodismo, otro sobre derechos humanos y el último sobre la causa judicial del caso Maldonado y la familia. En este último participaron Sergio Maldonado y Andrea Antico, la abogada de la familia Verónica Heredia, el perito antropólogo Alejandro Inchaustegui y la psicóloga Mirta Fabre. | 
