Foto Joaquín Díaz Reck/Enfoque Rojo
En la madrugada de este viernes, por orden de la jueza penal Graciela Rodríguez y a pedido del fiscal general de Esquel Carlos Díaz Mayer, unos 400 efectivos de la Policía de Chubut, a quienes se sumó personal del Grupo GEOP, con al menos una decena de móviles y algunas camionetas Renault Duster sin patente invadieron (nuevamente) la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, el territorio mapuche en el que hace seis meses, tras una brutal represión de la Gendarmería Nacional, desapareció y finalmente fue hallado muerto Santiago Maldonado.
Esta vez la excusa del Estado para ingresar por la fuerza al predio, mantener durante horas privados de su libertad y con las manos precintadas a sus habitantes, dar vueltas las viviendas como una media y requisar hasta el último rincón fue una denuncia de la Compañía de Tierras del Sud (propiedad de Benetton) por presunto abigeato (robo de animales).
En la noche del jueves la información del posible allanamiento había circulado por grupos de Whatsapp y redes sociales, poniendo en alerta a todas las organizaciones y personas solidarias con la comunidad mapuche. Dicho y hecho, pasadas las 5 de la mañana un enorme operativo de la Policía provincial con apoyo de la Gendarmería sobre la Ruta Nacional 40 cortó los accesos a la zona de la Pu Lof con el objetivo de impedir el acercamiento de personas de la comunidad que no estuvieran en ese momento dentro del territorio, como de organizaciones solidarias y periodistas.
El ingreso al predio se realizó con la habitual violencia que utilizan las fuerzas represivas en estos casos. Según pudo relevar la periodista Adriana Meyer desde la zona, luego de romper el candado de la tranquera e ingresar al grito de "arriba las manos, al suelo" (sic), los efectivos procedieron a atar de manos con precintos plásticos a los miembros de la comunidad que se encontraban en el ingreso a la Pu Lof. Así los mantuvieron durante las horas que duró el operativo, en el que ingresaron violentamente a las casas, inspeccionaron el río y hasta invadieron predios vecinos a la comunidad.
Desde la Pu Lof informaron que una de sus habitantes, Vanesa Millañanco, debió ser trasladada al hospital de El Maitén por una descompensación y baja de presión arterial producida por la violencia policial. Luego de la asistencia médica la mujer está en buen estado general de salud, pero la comunidad denuncia que fue golpeada en el momento del ingreso de los policías.
El operativo duró más de tres horas. A las 9:30 los mapuches informaron que se acababan de retirar las fuerzas policiales, "que ingresaron a las seis de la mañana, horario desde el que mantuvieron precintados a los miembros de la comunidad en el sector de la guardia sin dejarlos siquiera ir al baño".
Uno de los precintos que quedaron en el suelo de la Pu Lof (foto Gustavo Zaninelli)
Desde la Pu Lof denuncian que "en el procedimiento se llevaron todos los caballos pertenecientes a la comunidad", que esos animales "fueron retirados en un camión perteneciente a la Compañía Tierras del Sud" y que los oficiales volcaron datos falsos en las actas, como por ejemplo que el allanamiento concluyó "a las 11.45 siendo que finalizó alrededor de las 9 hrs".
La denuncia de Benetton
Si bien la orden la pidió el fiscal general de Esquel Díaz Mayer y la ordenó la jueza Rodríguez, el verdadero mandante del violento operativo fue, una vez más, el Grupo Benetton. En este caso a través de su mano derecha en la región, Ronald Mc Donald, quien formalmente es el administrador general de la estancia El Maitén pero en los hechos representa una porción importante del poder real en la comarca andina.
Según la denuncia judicial de Mc Donald, entre fines del 2017 y enero de este año un toro y 41 ovejas pertenecientes al emporio Benetton fueron robados de sus campos. El capataz del terrateniente acusa directamente del abigeato a los miembros de la comunidad mapuche de Cushamen, tanto a los de la Pu Lof como a los de Vuelta del Río.
No es la primera vez (y no será la última) que Benetton utiliza la excusa del robo de animales para lograr la persecusión, el procesamiento judicial, el encarcelamiento y hasta los ataques físicos a mujeres y hombres originarios. De hecho el abigeato es uno de los cargos más comunes utilizados por el Poder Judicial de la región para mantener bajo amenaza constante de prisión a la comunidad mapuche en su conjunto.
Abigeatos que, en su gran mayoría, no existen como tales ya que esos robos y traslados solo pueden ser ejecutados por organizaciones con una logística de la que carecen los mapuches y con la que solo cuentan los propios terratenientes o el Estado.
Mac Donald le dijo al fiscal Díaz Mayer, y este lo escribió en su pedido de allanamiento, que todas las sospechas recaen sobre los miembros de la Pu Lof y de Vuelta del Río, ya que supuestamente se habrían encontrado en los alrededores de los alambrados de Benetton huellas de caballos que "serían los animales que se habrían utilizado para cometer los hechos de abigeato".
Los denunciantes agregan que, producto de sagaces y silenciosas tareas de inteligencia ejecutadas por un cabo de apellido Ángelo y un subcomisario de apellido Fernández, se habría observado en la Pu Lof y en Vuelta del Río algunas ovejas, algunas lanas y (¿oh casualidad!) un toro.
En el pedido firmado el jueves 1° por Díaz Mayer, al que accedió la Izquierda Diario, el fiscal anticipaba a la jueza Rodríguez que se trataría de "un allanamiento de riesgo alto". ¿Por qué? Según él, tal riesgo se explica por lo sucedido en el pasado, sobre todo en "los procedimientos desplegados por la justicia provincial y la justicia de excepción durante el año 2017, que tuvieron trascendencia nacional". Es así que agrega la necesidad de un fuerte despliegue policial "para neutralizar y evitar cualquier acción que se pretenda llevar a cabo" por parte de los mapuches.
El "miedo" de Díaz Mayer se agrava al mencionar el supuesto hallazgo en allanamientos anteriores de un revólver calibre 38 "presto a ser utilizado" (¿?) y de que el "grupo de sujetos (los mapuches) "son avezados en el manejo y uso de ’gomeras u ondas de revoleo’". Y obviamente en que esos "sujetos" se encuentran "encapuchados".
Con semejante argumentación parece que a la jueza Rodríguez, si quiere llevarse bien con Benetton, no le quedó otra que ordenar el allanamiento. Y así se concretó. Es más, la jueza ordenó que el propio fiscal Díaz Mayer, un declarado enemigo de las comunidades mapuches de Chubut (sobre el que este diario ya ha escrito en reiteradas oportunidades), encabezara y dirigiera el allanamiento.
Ni el fiscal ni la jueza hicieron público hasta el momento si algún rastro del supuesto toro y las supuestas 41 ovejas de Benetton se encontró en el allanamiento. Y es probable que nunca digan la verdad. Lo que no quita que producto de esta nueva invasión al territorio mapuche se produzcan nuevos procesamientos y más persecución a las comunidades originarias.
Una vez retirados los perros de presa uniformados, desde la comunidad mapuche denunciaron "este nuevo atropello a Pu Lof Resistencia Cushamen", al que además califican como "totalmente ilegal". Entre otras cosas, denuncian, "no se contó con testigos del procedimiento, es decir que las fuerzas represivas hicieron lo que quisieron durante el tiempo que estuvieron dentro de Pu Lof y no descartamos que puedan generar algún tipo de montaje para culpar a los miembros de la comunidad a través de implantar falsas pruebas".
"Ya es sabido que las órdenes las da el Ministerio de Seguridad de la Nación, dirigido por Patricia Bullrich, la cual junto a todo el Gobierno nacional a la cabeza del presidente Mauricio Macri han lanzado una verdadera cacería contra el pueblo Mapuche y una campaña mediática de difamación verdaderamente sin escrúpulos", agregan.
No es pura casualidad que este allanamiento fuera pedido por Díaz Mayer el mismo día en que se cumplieron seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado. El fiscal decidió no esperar ni un minuto para continuar con la campaña estatal antimapuche. Por eso apenas terminó la feria judicial pidió ejecutar otro violento operativo.
Con el fin de la feria el juez Gustavo Lleral también debería reanudar la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte de Maldonado, donde la Gendarmería Nacional tiene todos los boletos comprados como responsable del crimen. En ese marco, dar un paso más en el amedrentamiento de los testigos del caso (casi todos ellos habitantes de la Pu Lof de Cushamen) era casi una cuestión de honor para el reaccionario Díaz Mayer.
*Informe Adriana Meyer | 
