Foto Twitter Leonardo Grosso
Un día como hoy de hace siete años un grupo de jóvenes del barrio La Carcova (en el corazón de José León Suárez, San Martín) fue atacado por efectivos de la Policía Bonaerense en las cercanías de las vías del tren, en un episodio que desde la Gobernación de Daniel Scioli se quiso hacer pasar como una legítima represión policial ante la comisión de un delito por parte de esos jóvenes. La investigación posterior demostraría que se trató de un liso y llano fusilamiento a campo abierto.
Luego de que la Policía acribillara a balazos a Mauricio Ramos y Franco Almirón, dejando a su vez heridas graves a Joaquín Romero, el hecho fue bautizado como La Masacre de la Carcova. Desde entonces el barrio y las organizaciones solidarias recuerdan el episodio y siguen reclamando justicia.
A instancias del diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso se impulsó un documento que ya recolectó muchas firmas de personalidades políticas, de los derechos humanos, de la cultura y de diversas organizaciones sociales. Y esta tarde, desde las 16:30, se realizará una marcha desde la estación ferroviaria de José León Suárez hasta Aguado y 2 de Abril.
El texto con el cuál se está recolectando las firmas se reproduce completo a continuación.
“Hace 7 años la Policía Bonaerense reprimió a los vecinos de Carcova, en José León Suárez, partido de San Martín. Mauricio Ramos y Franco Almirón, fueron asesinados, y Joaquín Romero, fue herido de gravedad, pero sobrevivió al fusilamiento. La movilización de la familia y de las organizaciones logró que el caso llegue a juicio en 2014, y se declaró al 3 de febrero como Día por la Eliminación de la Violencia Institucional.
El policía Gustavo Vega fue condenado a quince años y seis meses de prisión. El responsable por las muertes, Gustavo Rey, había sido absuelto por el “beneficio de la duda”, pero por orden de la Cámara deberá ser juzgado nuevamente. Los jefes policiales responsables del operativo aún no fueron llevados a la justicia.
Cuando descarriló el tren, el grueso de los medios de comunicación pedían mano dura y saturación policial. Tras la masacre, la Policía Bonaerense y el ministro (Ricardo) Casal intentaron encubrir las muertes diciendo que todo lo que había hecho la policía era correcto. Dijeron que estaba bien atacar con balas y gases, y para justificarlo inventaron una historia sobre una banda que descarriló intencionalmente al tren para saquearlo. En realidad, le dispararon a la gente del barrio.
La situación empeoró: hoy son cotidianos los mensajes del más alto nivel político que le ordenan dureza a las fuerzas de seguridad y les prometen impunidad. El gobierno de Macri, de Bullrich y el de Vidal hicieron de esta práctica una política de Estado. El Poder Judicial es cómplice.
El discurso oficial señala la existencia de sectores “violentos”, y reclama a la Policía que actúe con mayor violencia contra ellos. El Estado construye enemigos internos, pone en riesgo el derecho a la protesta social y la Justicia persigue penalmente a militantes y opositores políticos al Gobierno, hay cada vez más presos políticos. Los policías disparan primero y preguntan después. La Justicia confía sólo en las versiones policiales. Las cárceles nunca estuvieron tan sobrepobladas de pobres, y el maltrato y la tortura a las personas privadas de la libertad se justifica como si fuera parte de la condena.
Se busca desalentar los reclamos, las movilizaciones, la organización popular y acallar las voces disonantes con el discurso oficial. Para lograrlo, militan la tolerancia con la violencia institucional y premian las respuestas judiciales criminalizantes para los luchadores populares, para las mujeres que se manifiestan contra los femicidios, para los trabajadores agremiados. Reprimen a los que protesten por los despidos, por los tarifarios, y por los reclamos de la economía popular. La fórmula es palos y cárcel para los pobres, protección para los represores, y manos libres a las empresas para extraer y explotar nuestros recursos naturales.
Los conflictos sociales van aumentando y cuando logran expresarse son reprimidos, y sus organizadores son señalados como enemigos públicos. Los y las jóvenes que viven en barrios humildes sufren cada vez más violencia: les piden documentos, les revisan las mochilas, los hostigan y les infunden el temor a permanecer en el espacio público. Estos operativos de “control” lejos de resolver el problema de la “inseguridad” empoderan a las policías que son parte de los engranajes delictivos más complejos de la provincia.
Esta escalada represiva es parte necesaria de este modelo de hambre. Los operativos de control social buscan disciplinar al pueblo, porque sólo pueden seguir adelante con su modelo para ricos con un pueblo sumiso y atemorizado.
Por eso, en este séptimo aniversario del asesinato de Franco y Mauricio, queremos mostrar la más profunda unidad entre todos los sectores sociales y políticos de San Martín, con los organismos de Derechos Humanos, para señalar todxs juntxs que los que deben ser juzgados son los responsables materiales y políticos de esta violencia contra el pueblo.
Volvemos a marchar en Carcova y volveremos a hacerlo cada año, porque el barrio recuerda, porque José León Suárez tiene memoria y las organizaciones presentes tenemos el compromiso inclaudicable de mantener vivo el recuerdo de Mauricio Ramos, de Franco Almirón y de todos los pibes y pibas, hombres y mujeres, asesinados por las fuerzas de seguridad.”
Ya firmaron esta declaración las siguientes organizaciones y personalidades.
Campaña Nacional contra la Violencia Institucional
CELS
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)
Correpi
APDH
Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte
Madres en Lucha
Comisión Provincial por la Memoria
Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón
Stella Maris Cerda, mamá de David Orona
Lilia Saavedra, mamá de Ramón “Sugus” Santillán
Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera
Cristina Almeyda, mamá de Matías Monzón y David Monzón
Raquel y Jorge Witis, papás de Mariano Witis víctima de violencia instituciona 21/9/2000
Familiares integrantes del CeProDH: Alejandrina Barri, hija de desaparecidos y Carla Lacorte, víctima de Gatillo Fácil
Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga
Victoria Moyano, nieta restituida
Noemí Santana, mamá de Alan Gabriel Santana
Yolanda Vega, mamá de Edgardo Godoy
Laura Calampuca y Gustavo Melmann, mamá y papá de Natalia Melmann
Claudia Castro, mamá de Luis Acosta
Claudia Molina, mamá de Franco Campeggi
Cooperativa Textil Esperanza y Cooperativa Mujeres del Alma, de familiares y víctima de violencia institucional
Secretaría de familiares y ex detenidos de la CTEP
La Casita de Sebastián de Moreno
Centro Murga los Famosos Dementes de Villa Ballester
Movimiento Evita
CTEP
CCC
Barrios de Pie
Seamos Libres
Patria Grande
MTE
PTS
Movimiento de Unidad Popular
MP La Dignidad
Peronismo 26 de julio
Peronismo Militante
Partido Comunista San Martín
Corriente Peronista Descamisados
Unidad Ciudadana San Martín
Nuevo Encuentro San Martín
Frente de Desocupados Eva Perón
La Cámpora
Agrupación El Plumerillo
Agrupación Juana Azurduy
Agrupación El Eternauta
Coordinadora de Agrupaciones de Género de San Martín
Comité por la Liberación de Milagro Sala
Corriente Padre Mujica
Empoderados
Autoconvocados
Proyecto San Martín
Compromiso UNSaM
La Néstor Kirchner
Unidos y Organizados
Militancia Popular
8 de Octubre
Resistiendo con Aguante
Patria Igualitaria
La Básika
Suteba San Martín - Tres de Febrero
ATE Nacional
ATE Verde y Blanca
UPCN San Martín
Apunsan
Secretaría de Juventud de CGT Regional Noroeste
Sindicato Federación Gráfica
Unión Ferroviaria San Martín
Telefónicos Subnoreoeste
Sindicato de Curtidores
SUCMRA, Sindicato de Motoqueros
Centro de Estudiantes Políticos y Sociales Comunidad Organizada
Centro de Estudiantes ISDF N° 113
Biblioteca Popular La Carcova
Centro Cultural y Deportivo Los Amigos de Barrio Sarmiento
Coordinadora Barrial Argentina Resiste
Feconpor de CNCT
Red Peronista por la Justicia Social
Frente de Organizaciones Populares
No Callarás, colectivo de comunicación
Diputados Nacionales Leonardo Grosso, Myriam Bregman, Victoria Donda, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra y Silvia Horne
Diputado provinciales Patricia Cubría y Lauro Grande
Concejales Ulises Lobo, Hernán Letcher, Leticia Ullúa, y Juan Eslaiman. |
