Se oponen a un decreto que deja el manejo y control de la aplicación de 14 mil 781 millones de pesos destinados a obras de reconstrucción en la Ciudad de México en manos de sólo tres integrantes de la Asamblea Legislativa (ALDF) de la capital: Mauricio Toledo, Leonel Luna, diputados del PRD y Jorge Romero, diputado del PAN.

El primero es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la ALDF, Luna es presidente de la Comisión de Gobierno y Romero es vicepresidente de la misma comisión.

Fueron 22 legisladores de la bancada de Morena en la ALDF los que pidieron a la SCJN que se declaren ilegales los artículos 13 y 14 del Decreto de Egresos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, publicado el 31 de diciembre pasado.

Lo que cuestionan los asambleístas del Morena es en particular que sólo tres legisladores sean los que definan y realicen el seguimiento de la aplicación de los fondos. Se teme el uso electoral de estos fondos.

¿Quiénes son los diputados que quieren monopolizar los fondos?

Mauricio Toledo, exjefe delegacional de Coyoacán y actualmente legislador por el distrito 32, es una figura del PRD que ha protagonizado varios escándalos de corrupción, entre ellos, otorgar autorizaciones de obras irregulares a constructoras a cambio de generosas dádivas de los empresarios, como explicamos aquí.

Leonel Luna, ex jefe delegacional de Álvaro Obregón y jefe de bancada del PRD en la ALDF, no se queda atrás. Fue acusado de crear una red de corrupción a través de la cual hace negocios millonarios con cada permiso de construcción que expedido por la delegación.

Jorge Romero, considerado el cacique del PAN en la Ciudad de México y coordinador del grupo parlamentario de ese partido, también ha protagonizado escándalos de corrupción. Fungió como delegado de la Benito Juárez y bajo su mandato se multiplicaron los escándalos de corrupción en casos de construcciones irregulares. Varias de esas construcciones colapsaron en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Foto: Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo

Dejar millones de pesos de la reconstrucción en manos de estos tres funcionarios que gobiernan en beneficio personal y de las constructoras, la intención del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, es evidencia de que esos fondos no irán a las familias que lo necesitan.

Sin embargo, si la Corte avala el recurso interpuesto por el Morena, lo que se detendría es el manejo a discreción de los fondos de reconstrucción, no la ley en sí, la cual quedaría en pie. Por otra parte, distinto a lo que plantea Morena, para derrotar la Ley y resolver las demandas de los damnificados, es fundamental no confiar en las instituciones (como la justicia, al servicio de los empresarios) e impulsar la movilización en las calles.

Por qué la Ley de Reconstrucción es un gran negocio

Sin embargo, familias damnificadas y vecinos han protestado en reiteradas ocasiones contra la sanción de la Ley de Reconstrucción.

En primer lugar porque prevé la redensificación de 35% en los edificios que resultaron dañados tras el terremoto, lo cual implica la construcción de más viviendas en un mismo espacio. Y las constructoras serán las grandes beneficiarias.

En segundo lugar, porque impone el otorgamiento de créditos a los damnificados para la compra de nuevos inmuebles. Es decir, implica endeudar de por vida (y la de sus hijos también) a quienes ya perdieron su propiedad y sus bienes en el sismo.

Consultamos al respecto a Sulem Estrada, maestra de secundaria que aspira al registro a una candiatura independiente por la Plataforma Anticapitalistas al Congreso de la CDMX:

“El problema de fondo sigue siendo la reconstrucción de la ciudad. La ley impuesta por el PRD está creada para que las constructoras y las inmobiliarias se enriquezcan."

Los anticapitalistas del Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS) propusimos desde los primeros días tras los sismos, que el plan de reconstrucción, tanto en la Ciudad de México, como en los estados, atendiera las necesidades de las mayorías.

Los fondos otorgados por las autoridades son completamente insuficientes, y además están articulados con créditos que llevarán a que las familias damnificadas se endeuden.

Nosotros proponemos que los fondos se financien con impuestos progresivos a las grandes fortunas (como la de Carlos Slim) y el no pago de la deuda externa. También con la reasignación de presupuestos estatales y el federal –quitando fondos a la Secretaría de Defensa Nacional y la de Marina, protagonistas de la militarización, y a las corporaciones policiales, así como el recorte de salarios, prestaciones y gastos operativos de los altos funcionarios.

Claro que esto no se resuelve con leyes en sí mismo. Sólo se puede imponer este plan de reconstrucción a los empresarios y los partidos que gobiernan a su servicio con la movilización amplia, convocada en primer lugar por los sindicatos que se reivindican opositores, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), junto con las organizaciones de damnificados."