Una vez más el gobierno busca deslindarse de responsabilidades en un caso en donde la violación de los derechos humanos por parte de su policía es flagrante. En esta ocasión, por medio de la difusión de una serie de videos que demuestran, según ellos, que Marco sólo estuvo detenido 11 minutos, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pretende instalar en la opinión pública que lo que le ocurrió a Marco Antonio no fue mientras estaba bajo la jurisdicción de la policía.

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Algunos de estos videos fueron vistos por los padres de Marco, quienes negaron que el joven que aparecía en dichas grabaciones fuera su hijo. Expresamente pidieron a las autoridades no difundirlos, pero la urgencia por dar carpetazo al asunto hizo que, violando la disposición de un juez federal que instruía a las autoridades a no difundir información que atentara contra la integridad de Marco o que fuera confidencial, el Procurador Edmundo Garrido saliera dos días después a mostrarlos como supuestos "avances" de la investigación. Ni la familia ni los abogados tuvieron acceso antes a la totalidad de grabaciones que presentó después la Procuraduría.

Así, la revisión de 23 horas de grabaciones de 53 cámaras únicamente sirvió para establecer que un joven salió de las instalaciones policíacas y que deambuló en los alrededores hasta después de las 17 horas. De lo que ocurrió con Marco del 23 al 27 de enero no se sabe nada. Convenientemente, las cámaras que pudieron haberlo registrado "no servían".

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Valiéndose de presuntas declaraciones del amigo que acompañaba a Marco el día de su detención, mismas que no constan en ningún expediente ni habían sido escuchadas por los abogados o los padres del joven hasta la fecha, Garrido busca presionar para convencer a la opinión pública de que Marco "fue liberado" sin marcas de golpes, anticipando una defensa del accionar de la policía.

Edmundo Garrido (Der.)

Estamos de frente ante una nueva verdad histórica que, como en el caso Ayotzinapa, busca garantizar la impunidad de las fuerzas policíacas y deslindar de responsabilidades al gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Mientras tanto, los cuatro policías implicados en el secuestro y desaparición forzada de Marco permanecen, según informó Garrido, en calidad de "imputados", sin explicar bajo qué cargos.

Hasta la fecha, Marco continúa en valoración en el Instituto Nacional de Pediatría. A pesar de que la semana se filtró un avance del diagnóstico, el informe no ha sido entregado a sus familiares.

Este jueves se espera que miles acudan a la movilización que partirá de la ENP 8 con destino a la Rectoría de la UNAM, al sur de la Ciudad de México. Exigirán justicia para Marco y manifestarán su rechazo a la Ley de Seguridad Interior.

¿Y si Marco Antonio no aparecía? seamos miles en las calles contra la Ley de Seguridad Interior